A más de dos años de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, desestimada en varias instancias judiciales y reabierta recientemente por la Cámara Federal de Casación Penal, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió investigar al ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, al ex titular de inteligencia Oscar Parrilli, al ex ministro de Planificación Julio De Vido y a la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, en la causa por el presunto "encubrimiento" de los iraníes acusados por el atentado contra la AMIA.
En su escrito, en el apartado donde pide la remisión de los cables diplomáticos, el fiscal incurrió en un grave error en el que habla de Israel como el “país de las víctimas del atentado”. La gaffe es acorde al lobby de la conducción de la colectividad judía, alineada con el Estado de Israel, para abanderarse en la "causa Nisman".
Llamativamente, Pollicita incluyó en su pedido de investigación a funcionarios que el propio Nisman había dejado afuera de su acusación. “Conforme surge de las constancias arrimadas al expediente, corresponderá investigar el rol que pudo haberles cabido en las maniobras denunciadas a otros funcionarios del anterior gobierno nacional”, explicó el fiscal, en un dictamen en el que propuso una treintena de medidas de prueba.
Pollicita hizo su pedido en medio del escándalo la quita que el Gobierno acordó realizar a la deuda que el Grupo Macri tiene con el Estado por la concesión del Correo Argentino que involucra al propio Presidente y no aportó mayores fundamentos. Su dictamen no especifica por qué pide investigar a De Vido, Parrilli, Zannini y Abonna. Aún así requiere informes a todas las compañías telefónicas y organismos públicos para saber desde qué líneas hablaban y con quiénes. Pollicita deja abierta la posibilidad de ampliar las acusaciones a “otros funcionarios y/o terceras personas que pudieran haber tomado participación en los hechos denunciados” por Nisman.
Desde que la Cámara Federal de Casación Penal resolvió la reapertura de la denuncia de Nisman no se había producido prueba nueva, pero Pollicita asegura tener elementos para avanzar sobre personas que no habían sido contempladas en la presentación original.
Entre las medidas de prueba solicitadas, Pollicita le pidió al titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, “detalle de las líneas telefónicas instaladas en todas las sedes del organismo que estuvieran asignadas a los despachos que ocupara oportunamente Parrilli, entre los meses de agosto y diciembre de 2015, en la sede de la ex Secretaría de Inteligencia”.
El acuerdo con Irán se firmó a principios de 2013, es decir dos años antes de que Parrilli desembarcara en la central de inteligencia.
Pollicita también reclamó “los registros taquigráficos y fílmicos que obren en el Congreso de la Nación en torno al debate parlamentario brindado en las respectivas comisiones como también en ambas Cámaras, con miras a la ratificación del Memorando de Entendimiento firmado entre Argentina e Irán”.
El dictamen hace hincapié en la averiguación de “la tramitación de las notificaciones rojas de Interpol” contra los imputados por el atentado, “debiendo comunicarse si en alguna ocasión las mismas fueron dadas de baja por el organismo –Interpol- sin mediar previamente la orden del juez a cargo de la causa”.
Pollicita también reclamó “los cables diplomáticos –tanto públicos como secretos- y toda otra información que hubiesen enviado, por cualquier vía y desde enero de 2011 hasta diciembre de 2015, el personal de las representaciones Argentinas en los países” que intervinieron en la firma del acuerdo.
Finalmente, el fiscal preguntó sobre todos los viajes que realizó el ex canciller Héctor Timerman, desde enero de 2011 hasta diciembre de 2015, y una vez identificado reclamó que se cite “a prestar declaración testimonial a los integrantes de las comitivas que lo hayan acompañado por temas vinculados con la firma del Memorando de Entendimiento firmado entre Argentina e Irán”.