Al Gobierno no le están saliendo las cosas como preveía. Los armadores de campaña imaginaban un 2019 con Cristina Fernández de Kirchner enfrentando un juicio oral por presunta corrupción, que la limara semana a semana. La acordada de la Corte está frustrando ese plan, en un momento en que la economía no los ayuda, la CGT lanza un paro general y las encuestas no les traen buenas noticias. Desde el presidente Mauricio Macri hasta la última línea del Gobierno salieron a cuestionar a la Corte y a reclamar al Tribunal Oral Federal 2 que siga adelante con el juicio a la ex presidenta, sin prestar atención a las “chicanas” “alocadas” y “escandalosas” de los supremos, como le llamó a la decisión Laura Alonso, que hizo una presentación en la causa para que siga con fotocopias o escaneos. 

Para el Gobierno, Carlos Rosenkrantz es el único que se salva de la Corte actual, el único que –a juicio de las espadas judiciales de Macri– no queda manchado por ese fallo, al que el oficialismo reaccionó con toda la virulencia posible. “Es una locura, una aberración. Hacen esta falsa señal de respaldo, pero en realidad Lorenzetti se queda con el expediente y la puede extorsionar desde ahí”, analizaba uno de los consiglieri de Macri en temas judiciales, quien estimó que continuarán los fallos en contra. 

Todos contra la Corte

Atrás quedó la época en la que el Gobierno se ufanaba de respetar sus decisiones. Ayer salieron todos en manada a cuestionar a la Corte y a exigirle a los jueces, sin mucho disimulo, que juzgue a su principal adversaria política durante la campaña. Macri fue el último de una cadena de críticas a los supremos: “Lo que todos queremos es que no haya impunidad”, les soltó al final de una visita al Parque Ecoturístico Iberá junto al gobernador radical Gustavo Valdés. 

Lo precedió el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien sostuvo que la decisión de la mayoría de la Corte (cuatro jueces contra Rosenkrantz) “genera la percepción en mucha gente de que la impunidad se puede consagrar, sobre todo teniendo en cuenta que el kirchnerismo manifiesta, como planteó Alberto Fernández, que ellos creen que la Justicia debe ser militante” (ver recuadro). 

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, fue enigmática: sostuvo que su espacio “no forma ni formará parte de ningún pacto de impunidad”. Su adláter, la diputada Paula Oliveto, sostuvo que “el peronismo, con mayoría en la Corte, busca impunidad. Quieren dominar todos los poderes del Estado. Por eso lo que se juega en las elecciones no es un gobierno sino la libertad”. Tanto Carrió como Oliveto quedaron involucradas en los últimos meses como usuarias de una red de espionaje que hacía operaciones judiciales y políticas. 

Con formas menos estridentes, el ministro de Justicia, Germán Garavano, también salió a cuestionar a los supremos, con quienes hace tiempo que tiene una mala relación: “La verdad que es un fallo muy inusual con un condimento político muy grande, preocupa. Esto lo que hace es impedir la realización de un juicio oral, que es el momento donde los fiscales acusan y las partes acusadas se defiendan”, los cuestionó.

Pero quien acumuló más adjetivos degradantes sobre los jueces fue la secretaría de Lucha contra la Corrupción (ajena), Laura Alonso, que hizo una presentación en la causa contra CFK y pidió que siga sin el expediente principal. Alonso, que enfrenta una investigación judicial luego de que admitió que sólo impulsa las causas en las que figuran ex funcionarios y no las que involucran a la actual gestión, dijo que se trató de “una escandalosa resolución con olor a Alberto Fernández en busca de impunidad para la ex presidenta. Es una vergüenza republicana”. 

“El expediente del juicio de obra pública está completamente escaneado. Estamos en el siglo XXI. El juicio debe comenzar. La chicana de la Corte no lo obstaculiza”, sostuvo Alonso, quien no ocultó ni su desprecio por otro poder del Estado ni su voluntad de presionar a los jueces que deben llevar adelante el juicio oral: “Esperamos que los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso den inicio al juicio de obra pública el 21 de mayo porque saben perfectamente que pueden hacerlo y que ni siquiera esta alocada decisión de la Corte lo suspende”, insistió la funcionaria del Poder Ejecutivo. 

Al coro de oficialistas que se colgaron del paravalanchas ayer se sumó el diputado Pablo Tonelli, integrante del Consejo de la Magistratura. Indicó que la acordada “parece una especulación en un año electoral”. Por ahora, desde el Gobierno descartaron de que vayan a avanzar con otras medidas, como pedir el juicio político a quienes firmaron la acordada, como hicieron con el juez Alejo Ramos Padilla que investiga la causa de Marcelo D’Alessio y con los camaristas laborales que fallaron contra la voluntad oficial. Por ahora, no avanzarán por ese camino con los supremos.