Ante la falta de respuestas a sus reclamos, profesionales, familiares y personas con discapacidad montaron una protesta en la Quinta de Olivos para denunciar el ajuste que está implementando el gobierno de Mauricio Macri en el sector. El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las personas con discapacidad denunciaron recortes presupuestarios en el programa estatal Incluir Salud, dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad, que atiende unas 30.000 personas. “A causa de esto, varios servicios han tenido que cerrar en el país y otros están en situación crítica”, advirtieron.
Las 10 organizaciones que integran el Frente, entre las que se encuentran la Comisión Arquidiocesana Para las Personas Con Discapacidad, la Obra Don Orione, la Asociación de Ayuda al Ciego (ASAC) y la Asociación de Instituciones Educativas Privados Especiales Argentinos (AIEPESA), denunciaron que el bajo presupuesto destinado por el gobierno, de un 13 por ciento a partir del mes de mayo, tiene un mayor impacto en las prestaciones en el actual contexto de crisis económica. “Los funcionarios no tienen en cuenta los reales costos y la inflación reinante en nuestro país, poniendo a estas instituciones en una grave crisis”, indicaron.
El Frente aclaró que algunas de las instituciones que dan servicios a las personas tienen “pagos atrasados de los años 2017 y 2018”, que no cumplieron con los pagos de octubre y noviembre y que “aún le falta gran parte del mes de diciembre” por lo que también “se ven afectados los profesionales porque peligran sus puestos de trabajo”. Ese programa está dirigido a titulares de Pensiones Nacionales No Contributivas (PNC) que no cuenten con asistencia de servicios de salud, como obras sociales, y se encarga de los programas de educación, rehabilitación, centros de día, inclusión educativa, centros educativos terapéuticos, transporte y hogares.
Por otro lado, cuestionaron la decisión de transferir a las provincias la administración de las prestaciones de transporte que permiten asistir a las personas a los diversos servicios, "sin tiempo de preparación", lo que "provocó que muchas personas con discapacidad quedaran sin atención en educación, rehabilitación y asistencia".
El ajuste del programa Incluir Salud se inscribe además en una compleja situación para las personas con discapacidad, desde que la Andis sumó nuevos y más restrictivos controles para fundamentar la entrega de las pensiones. La Agencia ordenó que todos los beneficiarios presentaran nuevamente los Certificados Médicos Obligatorios que garantizan la presentación a través de cartas documentos, que establecían que se suspendería la pensión si no lo hicieran dentro de los 60 días.
“Funcionarios de la ANDIS expresan que ellos van a evaluar la existencia de ese documento para sostener la pensión y que toda otra situación no les compete a ellos. Esto puede llegar a provocar el abandono de personas en situación de vulnerabilidad que contaban con la pensión para su sostenimiento diario y su atención médica”, alertaron las organizaciones.
Un reciente informe de la Fundación Soberanía Sanitaria cuestionó la medida gubernamental, que “crean barreras para el acceso a un ingreso y a la cobertura de salud de las personas con discapacidad”. “La baja de las PNC implicarán además de la pérdida del ingreso monetario para el titular y su grupo familiar, la pérdida de cobertura de Incluir Salud para el paciente", advirtieron desde la Fundación. De acuerdo a los datos del INDEC DE 2018, la revalencia de población con dificultad mayor a 6 años de edad en poblaciones de 5.000 o más habitantes asciende a un 10,2% del total (o sea 3.571.983 personas). De ellas, el 28,3% cobra una PNC por invalidez/discapacidad.
