A tres años del incendio de Iron Mountain y sin avances significativos en la Justicia, el bloque de Diputados del Frente para la Victoria presentó un proyecto de ley para la conformación de una Comisión Investigadora para avanzar en la recolección de testimonios y pruebas sobre los delitos vinculados al siniestro. Los legisladores recordaron que "entre los documentos destruidos se encontraban cajas pertenecientes al Grupo Macri y a una veintena de empresas investigadas por la Procelac por lavado de dinero, fraudes y delitos tributarios".
La iniciativa precisa que los objetivos de la comisión serán “investigar las modalidades de un esquema implementado para destruir información y documentación probatoria de diversos delitos fiscales en trámite ante el Poder Judicial” y “establecer las con-causales en que hubieren incurrido las instituciones facilitadoras de la modalidad de evasión fiscal, en cuanto al ocultamiento o destrucción intencional de la documentación”. El incendio del 5 de febrero de 2014 en el depósito de Barracas extinguió documentación de entidades financieras como el HSBC o empresas vinculadas con los Panamá Papers.
El trabajo de la comisión llevaría 180 días para elaborar un informe completo a partir de los testimonios de los representantes de Iron Mountain en Argentina; a funcionarios y ex funcionarios relacionados con la habilitación y control de la empresa en la Ciudad de Buenos Aires; y a bomberos relacionados con la habilitación, la actuación el día del incendio y los peritajes posteriores.
Por el incendio fallecieron diez bomberos y rescatistas. Tres peritajes confirmaron que se trató de un incendio intencional, y la sospecha es que se hizo para destruir documentación de grandes empresas con el fin de facilitar la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas del país.
Sin embargo, recién la semana pasada, la fiscal nacional en lo Criminal de Instrucción Número 37, Romina Monteleone, solicitó al juez en lo Criminal de Instrucción, Pablo Ormaechea, la indagatoria de 32 personas involucradas, entre ellas funcionarios del gobierno porteño y de la Superintendencia Federal de Bomberos.
El pedido de Monteleone no incluyó al extitular de la Agencia Gubernamental de Control y actual titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, quien no pudo explicar ante la Legislatura cómo se extravió el expediente de habilitación de la firma. "El responsable es Juan José Gómez Centurión y nunca lo citaron porque está apañado por el presidente Mauricio Macri”, denunciaron los familiares de las víctimas durante el acto conmemorativo realizado el domingo pasado.
