Más de cien organizaciones de derechos humanos, sindicales, campesinas, que trabajan en temas de justicia, medioambiente, igualdad de género, derechos LGBTI y libertad de expresión impugnaron la candidatura de Carlos Horacio de Casas para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y le pidieron al gobierno de Mauricio Macri que retire su postulación. "El perfil y el desarrollo profesional del candidato no se vinculan con la defensa y promoción de los derechos humanos sino con el derecho empresarial, penal económico y tributario", advirtieron el CELS, la Comisión Provincial por la Memoria, Abuelas de Plaza de Mayo, las CTA (Autónoma y de los Trabajadores) y Memoria Activa. Además de la nula trayectoria del abogado mendocino en la materia recordaron su rol como defensor de un imputado por crímenes de lesa humanidad y --luego de la postulación-- la difusión de datos falsos sobre la trayectoria y la situación procesal de ese represor para intentar defender su candidatura.
La impugnación de los organismos fue presentada ante la canciller Susana Malcorra, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el representante de derechos humanos de Cancillería, el radical Leandro Despouy. De Casas "no es idóneo ni reúne las cualidades necesarias para integrar un órgano de protección de los derechos humanos", afirman Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos (ANDHES), la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
Los impugnantes destacan que De Casas se pronunció en contra de estándares internacionales de libertad de expresión, de igualdad y no discriminación de personas LGBTI y de los derechos de las mujeres. También se posicionó contra de la derogación del delito de desacato, que era usado contra los trabajadores de prensa y fue objetado por la CIDH. "Su única actividad en el sistema interamericano ha sido la defensa de tres directivos de una compañía uruguaya acusados por delitos financieros; al mismo tiempo, dos abogados que integran su estudio jurídico defendieron en el Sistema Interamericano a una empresa minera que afectó gravemente a comunidades indígenas en Guatemala", explican también la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Poder Ciudadano, Católicas por el Derecho a Decidir y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).
A partir de la difusión de sus desméritos, que Horacio Verbitsky publicó el domingo en Página/12, De Casas mintió sobre los antecedentes del oficial retirado Enrique Blas Gómez Saa para defender su candidatura. Ante Alfredo Leuco dijo que a su cliente "lo echaron del Ejército en 1977" mientras según su legajo pasó a retiro en diciembre de 1979 luego de desempeñarse los dos primeros años de la dictadura en el aparato de inteligencia de Mendoza y en 1978 en Campo de Mayo, sede del mayor centro clandestino del país. De Casas sugirió que Gómez Saa "era inocente" y por ese motivo "le dictaron la falta de mérito". Los hechos lo refutan: la Cámara Federal de Mendoza revocó en 2012 la falta de mérito que tenía en primera instancia y dictó su procesamiento. La causa se elevó a juicio, que logró evitar por cuestiones de salud, pero "la justicia federal mendocina entendió que había prueba suficiente para que Gómez Saa enfrentara un juicio oral por privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de las víctimas", recuerda el escrito que firman Memoria Abierta, H.I.J.O.S. Red Nacional, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte y distintas regionales de la APDH.
"Queda claro que De Casas salió a defender la trayectoria de un acusado de delitos de lesa humanidad con datos tergiversados para defender su candidatura a la CIDH", señalan los impugnantes, y agregan que "no había necesidad" ya que "como él mismo dice, todo imputado tiene derecho a la defensa y no importa si es culpable o inocente de los peores crímenes". El punto central de la impugnación es "si el candidato tiene el perfil adecuado para ocupar un lugar como comisionado de la CIDH", recuerdan, y concluyen que "no lo tiene, y sus declaraciones posteriores al rechazo de su candidatura reafirman su falta de idoneidad".
