A seis meses de la masacre de la Comisaría 3 de Esteban Echeverría, en la que murieron 10 personas privadas de su libertad, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) recusó al fiscal Fernando Semisa por "falta de imparcialidad, objetividad y equilibrio" en la investigación del incendio. La CPM advirtió que Semisa, a pesar de encabezar una fiscalía especializada en violencia institucional, "no solo no encuadró el hecho en esta hipótesis sino que ni siquiera lo consideró como posibilidad".

La CPM, que representa a las familias de nueve de las diez víctimas, denunció que Semisa "nunca avanzó en las responsabilidades políticas que hicieron posible la masacre de Esteban Echeverría", a pesar de que la Comisaría 3 de Transradio contaba con seis órdenes judiciales de clausura, acumuladas entre 2011 y 2018, y una orden ministerial firmada en 2012.

El pedido de recusación contra el titular de la fiscalía 4 de Lomas de Zamora, descentralizada de Monte Grande, ocurre dos días después de que se cumplieran los seis meses de la masacre, que la CPM documentó a través de un detallado informe en el que pone en contexto las denuncias internacionales por la situación crítica de las comisarías bonaerense y profundiza con documentación y testimonios de los sobrevivientes el caso particular de la Comisaría de Transradio, donde se produjo la mayor masacre de la historia en una dependencia policial.

"Desde el primer momento, el fiscal buscó cargar la culpa de los hechos sobre las víctimas, desestimó el testimonio de los sobrevivientes e, incluso, pidió que se investigue a uno de ellos por falso testimonio", denunció la CPM, que advirtió que "partió de una única hipótesis que intentó corroborar con las medidas que llevó a cabo: los responsables fueron tres detenidos que iniciaron el siniestro".

Sin embargo, el informe de la CPM, seis meses después del incendio, da cuenta de las responsabilidad del Estado en la masacre. Veinticuatro días después de la tragedia, el organismo de derechos humanos se había presentado ante el Comité de seguimiento permanente departamental de Lomas de Zamora para insistir en los incumplimientos sistemáticos de las órdenes judiciales y ministeriales, y detallar las deficiencias registradas en la Comisaría 3 —que evidenciaban la ausencia de un sistema contra incendios—, de acuerdo con la información brindada por el propio Ministerio de Seguridad bonaerense.

A pesar de que la instrucción de la causa está orientada a culpabilizar a los detenidos, el propio Ministerio de Seguridad, a cargo de Cristian Ritondo, —que el informe de la CPM responsabiliza por desarrollar "una política criminal y un gobierno de las poblaciones encarceladas que provoca violencia, tortura, hacinamiento"— separó a los cinco policías que prestaban funciones en la comisaría el día del incendio y les abrió un sumario en Asuntos Internos.

Uno de los testimonio de los sobrevivientes recogido en el informe de la CPM deja claro el rol de los policías de la Comisaría 3 en la madrugada del 15 de noviembre: "Te quemaba todo lo que tocabas, las paredes, todo. El aire te quemaba. Todos gritando, todos pidiendo auxilio, todos pidiéndole a los encargados que abran las rejas. Nadie tiró agua después de 20 minutos que estuvimos ahí quemándonos".

Más adelante la misma CPM afirma que el fiscal del caso "se ocupó de tomar rápidamente declaración a las victimas sobrevivientes sin ninguna acción de contención o acompañamiento, e incluso sin cumplir con el manual de investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes". "El fiscal no aplicó ninguno de los protocolos ni reglas internacionales que deben atenderse en este tipo de casos", subrayó el organismo provincial.

El informe de la CPM no solo anticipa la recusación al fiscal Semisa sino que denuncia la inacción estatal. Por un lado, denuncia la "indiferencia" de la gestión de María Eugenia Vidal, que sostiene una política de criminalización con niveles históricos de sobrepoblación en comisarías y alcaldías departamentales y, por otro, advierte que a pesar de que la violación de derechos humanos en comisarías exigía una intervención urgente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, "no solo no intervino de manera decisiva" sino que "obturó la única iniciativa judicial que pretendía llevar a cabo un abordaje integral y serio de los problemas de sobrepoblación y hacinamiento del sistema penal bonaerense".