La intención de la oligarquía terrateniente nacional en la conmemoración del primer Centenario (1910) patrio fue revalidar su proyecto de país, y sobre todo, refrendar la consolidación y “esplendor” del modelo agroexportador reinante desde 1880. Dicho evento pretendía ligar los valores culturales de Mayo con el modelo económico imperante. Según la oligarquía, esta unidad inseparable entre economía y cultura venía a sembrar la prosperidad en todo el territorio. Con todo, la clase dominante se sentía custodio de la moral, dueña de la riqueza natural y garante político de los destinos del país.

La fastuosidad de los festejos cristalizada tanto en los desfiles, ferias y exposiciones como en la invitación de personajes ilustres, tenía por objeto demostrar al mundo la “modernización” y el “progreso” irrefrenable de la París del Plata. Sin más, la elite conservadora-liberal (manteniendo el poder político y económico en sus manos) expondría al mundo los logros derivados de la división internacional del trabajo. En este contexto, el “destino” providencial era ser el “granero” del mundo dejando a Inglaterra el lugar de “taller” universal.  

En línea con los ideales de los festejos, Leopoldo Lugones publica A los ganados y las mieses. Aquí rinde tributo al país opulento, al de las grandes estancias, al que rebalsa de cereales y carnes los buques con destino de exportación. A un país pensado desde la óptica de las elites dominantes que echaron las bases de la llamada “organización nacional”. En su prosa, pinta la cotidianeidad agropecuaria desde una perspectiva idealizada y poética siempre atada a su destino pastoril. Asimismo, en ningún momento se plantea el conflicto social (aunque la cuestión social bullía fuertemente) y mucho menos pretende poner en cuestión la clase social donde recae el excedente económico. 

Planteado esto, podemos extraer algunas conclusiones o enseñanzas:

Primero, las condiciones de “prosperidad eterna” reflejadas en los precios de los productos primarios pueden convertirse en una guía engañosa si se las toma como objetivo central de un proyecto de país. Un ejemplo reciente son los vaivenes del precio internacional de la soja. En esta lógica, acopiadores y grandes pooles de siembra pueden ingresar en un circuito donde la especulación sobre el futuro de los precios se transforme en regla. Si agregamos que a partir de 2015 por decisión política los plazos para liquidar divisas por parte de los exportadores no cuentan con un límite temporal estipulado, el destino del resto de los sectores se halla supeditado a la suerte de los primeros. Por ello, si se acepta que los modelos de acumulación pueden perecer rápidamente, como ocurrió a partir de 1929 con el modelo de acumulación apalancado sobre la renta agraria inaugurado en 1880, la diversificación de la economía sería la mejor opción si se considera al bienestar general como eje de la dinámica social. 

Segundo, el excedente económico concentrado en pocas manos, tarde o temprano, debe dar cuenta de las demandas populares tanto políticas como materiales. Es decir, la distribución del ingreso debe estar en la agenda política en todo momento. Vale recordar que la “opulencia” de 1910 escondía graves conflictos sociales. Incluso el Centenario se festejó bajo estado de sitio y huelga general decretada por la Federación Obrera Regional Argentina (FORA). 

Tercero, si bien el sector agropecuario es importante, los proyectos industrialistas deben ser impulsados sin pausa. La rueda maestra de la economía no puede girar exclusivamente sobre el sector primario pues los términos de intercambio pueden revertirse rápidamente. En este marco, las autoridades económicas actuales no deben caer en la tentación de “reprimarizar” la economía una vez encarado un proceso de desarrollo. 

Cuarto, el gobierno como tal, es decir como representante de todos los argentinos, no debe dudar un ápice en aplicar instrumentos de política económica por miedo a ser caratulados como “intervencionistas”. Por ejemplo, las retenciones al agro (como la controvertida Resolución 125) deben cumplir la función de desincentivar ciertas producciones para diversificar otras. El objetivo es desactivar posibles presiones sobre los precios internos de los alimentos y asegurar el abastecimiento para el consumo interno. 

Quinto, hace muchas décadas que la Sociedad Rural Argentina se planteó un objetivo político: dejar de ser un elemento de “presión” para transformarse en un factor de “poder” condicionante del gobierno de turno. Tanto es así que casi todos los presidentes concurren a su inauguración anual. Sin ir más lejos, ¿qué político de derecha no asistió a sus gradas para congraciarse con este sector? Otro aspecto del poder que ejercen se lo puede relacionar con el lockout y demás medidas de fuerza. Pero en verdad su objetivo de máxima es lograr vía devaluación, subsidio o política sectorial que les retorne más pesos por dólar. 

Sexto, históricamente el sector rural concentrado, principalmente la SRA, fue cimentando una identidad cultural construida en base a un discurso de superioridad positivista que los posicionó como los herederos y garantes del progreso nacional. Desde esta óptica se comprende por qué se sienten los “dueños” de las divisas. 

Séptimo, la tensión o contradicción agro-industria está latente, cruza toda la historia económica argentina posterior a 1930. En las dos primeras presidencias de Perón, en la de Frondizi y el desarrollismo e incluso con Illia y su heterodoxia económica. En la dictadura militar de 1976 estuvo planteada la contradicción en términos inequívocos. No hay que engañarse, en las grandes devaluaciones existen ganadores (exportadores de materias primas) y perdedores (sector industrial y asalariados).    

Octavo, el carácter mesiánico de los discursos de las grandes patronales rurales sostiene que si la actividad agropecuaria no crece a ritmos elevados todo el cuerpo social se desmadra (la política, la paz social, la economía) Estas ideas tienen una larga y fuerte tradición donde abrevar.

* Licenciado en Comercio Internacional, Universidad Nacional de Quilmes (UNQ); magister en Historia Económica y de las Políticas Económicas, Universidad de Buenos Aires (UBA); doctorando en Desarrollo Económico, Universidad Nacional de Quilmes. Miembro del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).