La fiscalía se opuso ayer a excluir al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy del macro juicio de corrupción Gürtel, tras considerar que la investigación dejó en claro que la formación conservadora se benefició de los fondos provenientes de la trama. Además, la Justicia anunció penas de hasta 13 años de prisión para el cabecilla Francisco Correa y otros diez empresarios y ex altos funcionarios.
“El PP fue quien se vio beneficiado en más de 245 mil euros de fondos procedentes de cohecho y malversación y no los grupos municipales”, aseguró la fiscal Concepción Sabadell, defendiendo la imputación de la fuerza gubernamental como participe de la corrupción a título lucrativo. El viernes, los abogados del PP pidieron la nulidad del caso en su contra, afirmando que fueron las agrupaciones locales, de los distritos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, en Madrid, donde ocurrieron los hechos de corrupción que se están juzgando.
Asimismo, la representante del Ministerio Público se opuso al pedido de dos acusaciones de que el presidente del gobierno en funciones y líder del PP, Mariano Rajoy, declare como testigo, aunque sólo por el momento y sin perjuicio de lo que pase en las sesiones. Las acusaciones solicitaban que Rajoy testifique porque consideran que debía conocer las actividades del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, quien llevó la contabilidad B de la fuerza conservadora durante dos décadas y acumuló cerca de 48 millones de euros en Suiza, presuntamente provienes de la red Gürtel.
Por otro lado, la Fiscal acusó a algunos abogados de los ex dirigentes del PP implicados en la red de corrupción de “intoxicar” la causa en un intento por lograr que el juicio quede anulado a pesar de la “abrumadora prueba” en su contra. En la jornada de apertura del juicio, las defensas argumentaron que la investigación del caso se inició de forma irregular a partir de unas escuchas telefónicas al cabecilla de la trama, Francisco Correa, y su abogado. Sin embargo, la procuradora recordó que la causa de corrupción se inicio con la denuncia de José Luis Peñas, ex edil de Majadahonda y no las grabaciones.
Las primeras condenas por el escándalo se conocieron el mismo día en que comienza el Congreso Nacional del partido conservador. En una primera reacción, la formación destacó las condenas: “La Justicia funciona y eso es importante y es una garantía para todos los españoles”, comentó el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, al ingresar al congreso del partido. Por su parte el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vivo, recordó que ninguna de las personas implicadas está ya en el PP. “Ante decisiones judiciales, el gobierno mantiene siempre lo mismo: que las respeta y que las acata”, añadió.
Las condenas anunciadas ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia se refieren a una de las diez piezas que componen la causa: la que trata contrataciones irregulares para montar y desmontar el pabellón valenciano en la feria de turismo Fitur entre 2005 y 2009. Entre los condenados figuran el empresario Correa (líder de la trama bautizada por su apellido: “Gürtel” es “correa” en alemán), Pablo Crespo (“número dos” de la red) y Álvaro Pérez (delegado de la trama en Valencia), que recibieron penas de 13 años de prisión cada uno. Milagrosa Martínez, ex consejera de Turismo de Valencia del PP, fue condenada a nueve años de cárcel, mientras que Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de Turismo, recibió una pena de seis años de prisión.
El alto tribunal consideró que los acusados realizaron diversas actuaciones para obtener el encargo de los trabajos en Fitur “tras manipular, alterar e influir a su favor en los diversos procedimientos administrativos de adjudicación”. Entre los favores constatados por los investigadores se encuentra un reloj de marca valorado en 2.400 euros que Correa compró y regaló a Milagrosa Martínez después de que su empresa, Orange Market, ganara la adjudicación de los trabajos para Fitur 2005. Las condenas son por asociación ilícita, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho. La defensa consideró “desproporcionada” la sentencia y anunció su apelación.
La trama de corrupción Gürtel fue destapada en 2009 por el ex juez español Baltasar Garzón, quien fue inhabilitado posteriormente por haber autorizado las mencionadas escuchas. En la causa están imputadas un total de 37 personas, que suman pedidos de prisión de 730 años por delitos de prevaricato, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, entre otros. Se juzga la “pieza matriz” de la trama, entre los años 1999 y 2005.
Correa orquestó la red de empresas y sociedades que pagaban favores y hacían regalos al PP a cambio de contratos públicos, la gestión de eventos y campañas electorales. De esta forma, la red logró conseguir 11,25 millones de euros de gobiernos municipales y regionales en manos del PP. El ex tesorero Luis Bárcenas era el canalizador del dinero en el seno del PP y se cree que las comisiones son el origen del dinero que guardaba en Suiza descubierto por el juez Pablo Ruz en 2013. A partir de esa revelación salieron a la luz los “papeles de Bárcenas”, como se conoce la contabilidad B del PP atribuida al ex tesorero, que presuntamente nutrió al partido de dinero en negro proveniente de empresas contratistas del Estado entre 1990 y 2008.
En pleno juicio y en un momento muy delicado para Rajoy, quien hace sus últimos esfuerzos por formar gobierno con el apoyo del Partido Socialista (PSOE), el diario El Mundo publicó ayer que durante los años de la red Gürtel la dirección nacional del PP enseñó a los dirigentes municipales cómo financiar de forma irregular sus campañas electorales. Según reveló el periódico, la dirección nacional tenía un archivo de powerpoin (presentación de diapositivas) explicativo para trasladar a los ediles las directrices básicas para “superar el límite legal de gasto sin ser descubiertos por el Tribunal de Cuentas”. Algunos de ellos, como ocurrió en la Comunidad de Madrid, plasmaron las instrucciones en diapositivas para transmitir el mensaje en cadena a sus primeros ediles, indica el diario.