Desde Lima

Al ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) le cayó la noche. Se ha convertido en un prófugo de la Justicia y su cabeza tiene precio. El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó su detención preventiva por 18 meses en el marco del proceso que se le sigue por tráfico de influencias y lavado de dinero por la acusación de recibir un soborno de 20 millones de dólares de Odebrecht. El magistrado dispuso la captura a nivel nacional e internacional del ex presidente, quien reside en Estados Unidos, pero cuyo último paradero conocido, hace una semana, es París. Ayer circuló la versión que Toledo, quien es investigador de la Universidad de Stanford, en California, se encontraba en San Francisco. También se hablaba de un posible viaje a Israel. La Interpol ya circula por el mundo la foto de Toledo ordenando su captura. El gobierno peruano ofrece una recompensa de 100 mil soles (unos 30 mil dólares) por información que permita la detención del ex presidente. 

El juez justificó su decisión de disponer la detención de Toledo señalando que las pruebas presentadas en su contra por la fiscalía revelan “un alto grado de probabilidad sobre la veracidad de los cargos imputados” y por considerar que esta medida era necesaria para asegurar la presencia del ex mandatario en el proceso judicial que se le sigue.   

Por su parte, el abogado de Toledo, el ex congresista Heriberto Benítez, personaje cuestionado que ha sido involucrado en más de un caso de corrupción, dijo que la detención preventiva dictada contra su cliente “viola la presunción de inocencia” y anunció que apelará. 

El caso penal contra Toledo se armó a partir de los testimonios y documentos dados a la fiscalía por Jorge Barata, quien fue jefe de la constructora brasileña en el Perú entre 2001 y 2016. Al sustentar su pedido de detención preventiva contra Toledo, el fiscal Hamilton Castro señaló que existen pruebas sólidas de que al ex presidente se le pagó una coima de 20 millones de dólares para que favorezca a Odebrecht para que esta empresa gane la licitación para construir los tramos dos y tres de la carretera interoceánica, que enlaza Brasil con la costa peruana, lo que efectivamente ocurrió el año 2005. La fiscalía indicó que el pago de esta coima se hizo en varias partes a través del empresario peruano-israelí Josef Miman, y reveló que hasta ahora se han detectado dieciocho pagos por 9,6 millones de dólares hechos por la constructora brasileña a cuentas y empresas offshore de Maiman. El fiscal aseguró que la ruta de ese dinero lleva a Toledo.    

Por primera vez en su historia el Perú tendrá –si Toledo es efectivamente detenido– dos ex presidentes presos. El otro es el ex dictador Alberto Fujimori (1990-2000), quien cumple una pena de 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción. El destino de estos dos viejos enemigos políticos –Toledo apareció en el escenario nacional al ponerse al frente de la exitosa lucha contra la dictadura fujimorista– parece acercarse irremediablemente. 

Con su carrera política hundida luego de un gobierno decepcionante y que quedó sepultada después del insignificante uno por ciento que obtuvo en las elecciones de 2016, sin respaldo y sin aliados, Toledo era el lado más débil en la primera fila de la corrupción. Y ha sido el primer pez gordo en caer. En la mira también están los ex mandatarios Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). Y el actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, también ha sido salpicado por este escándalo de corrupción.  

La situación de un Humala aislado y desacreditado, que ha sido acusado de recibir 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña electoral, también es frágil. Esta semana la fiscalía abrió una investigación a su gobierno por la licitación otorgada a la empresa brasileña para la construcción de un gasoducto.  

Un viceministro y otros dos funcionarios del gobierno de Alan García han sido detenidos por el pago de 8,1 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht para que a la empresa se le otorgue la construcción de la línea uno del Metro de Lima, obra impulsada personalmente por García, quien como presidente se reunió dieciséis veces con Barata, el hombre que negociaba los sobornos que pagaba Odebrecht en el Perú. Pero con una larga experiencia para eludir las acusaciones en su contra luego de dos presidencias marcadas por escándalos de corrupción, buenos contactos en el aparato de Justicia y congresistas de su partido muy activos para defenderlo, García, quien ha viajado a Madrid para radicarse en la capital española, tiene más armas que Toledo y Humala para tratar de eludir a los tribunales. 

El presidente Kuczynski fue ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Toledo y tuvo un rol central en el cuestionado proceso de licitación de la carretera interoceánica, detrás del cual ahora se sabe se movieron millones de dólares en sobornos. Sobre su papel en este caso todavía hay mucho por explicar.  

“Si tienen que caer tres ex presidentes, si tiene que caer el actual presidente para que zanjemos con la corrupción, que así sea”, ha dicho Verónika Mendoza, candidata presidencial del izquierdista Frente Amplio que quedó en tercer lugar en las elecciones de 2016.       

En medio del escándalo de los sobornos pagados por Odebrecht y otras empresas brasileñas, la clase política peruana se hunde en la crisis y el descrédito. Para este jueves 16 se ha convocada a una macha contra la corrupción, que anuncia convertirse en una movilización contra la clase política.