La empresa Monsanto-Bayer fue otra vez condenada por los efectos nocivos del glifosato, agrotóxico estrella de la compañía, el más utilizado por el agronegocio transgénico. Tribunales de Estados Unidos determinaron que la multinacional debe pagar 2000 millones de dólares a un matrimonio que utilizó el químico (bajo la marca comercial Roundup). La sentencia, la cuarta en menos de un año, también afirma que la empresa actuó con “negligencia”, al ocultar las consecuencias del veneno. A pesar de los fallos judiciales, de más de 830 trabajos científicos que confirman su nocividad y de las denuncias de decenas de pueblos fumigados, en Argentina aún es defendido su uso por funcionarios, empresarios del agro y medios de comunicación. Chubut es la primera provincia en prohibir la venta y el uso de glifosato.

“Agricultura sustentable”, era uno de los eslogan de Monsanto. “Si es Bayer, es bueno”, la publicidad más famosa de la multinacional alemana. Ambas afirmaciones son refutadas desde hace años por campesinos, académicos críticos y poblaciones afectadas por los agrotóxicos, y esta semana tuvieron otra estocada, cuando otro fallo judicial (tribunales de California) condenaron a Monsanto-Bayer a pagar una cifra histórica (2000 millones de dólares) a Alva y Alberta Pilliod, por el cáncer que sufren al haber manipulado el herbicida glifosato.

El jurado del estado de California determinó que el “diseño” del Roundup (marca comercial de Monsanto) fue la causa principal del daño, confirmó que el químico representa “un peligro importante” para las personas que lo utilizan, afirmó que Monsanto “no proporcionó una advertencia adecuada sobre los riesgos potenciales” y esto representó un factor importante para provocar el daño en la salud de los Pilliod. 

El jurado de Estados Unidos determinó que Monsanto diseño, fabricó y distribuyó Roundup de “forma negligente”, afirmó que la compañía sabía (o debía saber) que Roundup era peligroso o que podría provocar daños y no advirtió de forma apropiada. El otro punto clave, que elevó la condena de 2000 millones de dólares, el fallo confirma que Monsanto actuó con “vicio, dolo o mala fe” al poner su herbicida en el mercado y no advertir sobre los riesgos que implicaba.

La primera condena para Monsanto-Bayer sucedió en agosto de 2018, en California. Dewayne Johnson fue indemnizado con 78 millones de dólares por contraer cáncer en su trabajo como jardinero. El 27 de marzo pasado, un jurado de California condenó a Monsanto-Bayer a pagar 80 millones de dólares por “negligencia”, al haber ocultado los riesgos de su herbicida Roundup. La demanda fue presentada por Edwin Hardeman, un jubilado de la ciudad de Sonoma. Fue la segunda parte del juicio. En la primera, diez días antes, se había concluido que el agrotóxico fue un “factor determinante” en el Linfoma No Hodgkin (cáncer) que se le diagnosticó a Hardeman en 2015.

“El jurado responsabilizó a Monsanto por sus 40 años de conducta delictiva corporativa”, explicaron las abogados del demandante, Jennifer Moore y Aimee Wagstaff en un comunicado a la prensa. Monsanto acumula, sólo en Estados Unidos, más de 13.000 demandas.

La alemana Bayer, que compró Monsanto en 2018, defiende al glifosato (y otros agrotóxicos que vende) de la misma manera que la compañía estadounidense: niega los cientos de estudios independientes que confirman los efectos en la salud. 

El medio alemán Deutsche Welle (DW) tituló: “¿Hasta cuándo aguantará la empresa”. Alertó, con una simple cuenta matemática, que el progreso de los juicios llevará a la quiebra a Bayer, empresa de 150 años de historia.

En 2018, al momento de comprar a Monsanto, el directorio de Bayer recibió el apoyo del 97 por ciento de los accionistas. En abril pasado, en una nueva junta de accionistas, el 55 por ciento de los votos rechazó las propuestas de los ejecutivos de la compañía, liderados por el CEO Werner Baumann. Una muestra de la crisis de la compañía, que perdió casi el 40 por ciento de su valor bursátil desde que adquirió a Monsanto. 

En Argentina se aplica glifosato en 28 millones de hectáreas, más de 200 millones de litros cada año. Los campos de soja, maíz y algodón son rociados con el herbicida para que nada crezca, salvo los transgénicos. También se utiliza en cítricos, frutales de pepita (manzana, pera, membrillo), vid, yerba mate, girasol, pasturas, pinos y trigo. A partir del avance transgénico, aumentó geométricamente el uso del glifosato.

El miércoles 15 de mayo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, máximo tribunal provincial, declaró la inconstitucionalidad del decreto del Gobernador (Gustavo Bordet), que permitía fumigar a solo 100 metros de las escuelas rurales. De esta forma, continua vigente el amparo ambiental que aleja las fumigaciones terrestres a 1000 metros de las escuelas (3000 si son aéreas). El jueves 16 de mayo, la legislatura de Chubut sancionó una ley por la cual prohíbe la producción, venta y uso del glifosato. Es la primera provincia del país en prohibirlo. El diputado José Grazzini, autor del proyecto, destacó que la ley se basa en estudios médicos y científicos. 

Entre las empresas que comercializan glifosato en Argentina figuran Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow. Las compañías, y sus lobbistas mediáticos, observan con atención los juicios en Estados Unidos. Temen que pueda iniciarse una oleada similar en Argentina.