El Gobierno de la Ciudad imputó a tres jóvenes de la Escuela Normal Superior Nº 5 por una toma realizada el 11 de octubre de 2018 en repudio al proyecto de creación de la Unicaba que ese día se votaba en la Legislatura y amenazaba la continuidad de los 29 Institutos de Formación Docente de la Ciudad. “Lejos de considerar el reclamo legítimo como un delito, creemos que es un deber y una obligación que tenemos quienes somos o seremos educadores el no aceptar aquello que consideramos injusto”, expresó el Centro de Estudiantes del Normal 5, que organizó para hoy a las 9 una jornada con clases públicas frente a la  Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°31 (Paseo Colón 1333), donde declararán los tres imputados. 

La toma, según contó a ­PáginaI12 Federico Romero, uno de los imputados, se había discutido y aprobado en asambleas. “Después de que ratificamos la medida –también mediante una asamblea en la que la vicerrectora Alicia Zabala tomó el micrófono para chicanearnos y hablar en contra de lo votado–, la rectora Rosana Carlés labró un acta diciendo que iba a acceder a un protocolo de toma y se retiró a las 19 del miércoles 10. A las 22 cerramos las puertas y las volvimos a abrir el jueves, a las 8 de la mañana. Todo transcurrió con normalidad: comimos, limpiamos la escuela, ordenamos las aulas”, recordó Romero. 

Ese jueves a la mañana, cuando llegaron los docentes, los estudiantes se enteraron de que el rectorado había pedido por mail a los profesores que “cumplan su horario en el edificio de enfrente, donde está la escuela media”. “Algunos docentes fueron a firmar el presente pero después vinieron con nosotros, se quedaron tomando mate y hablando sobre el conflicto”, dijo Romero, quien aclaró que la propuesta de la asamblea era que los docentes realicen clases públicas pero que no se desarrollaron por la directiva del rectorado. 

Horas más tarde, cuando se disponían a salir de la escuela rumbo a la Legislatura para marchar, llegaron los rectores, hicieron una recorrida y tomaron fotos para registrar el estado en el que se encontraba el establecimiento. “Ahí labraron un acta diciendo que encontraron el edificio en perfecto estado. Ese acta la firmamos José Díaz, Natalia Sánchez, y yo, que somos los que ahora estamos imputados”, recordó Romero.

El 9 de mayo de este año, 7 meses después de la toma, los tres alumnos que habían firmado el acta amanecieron con una sorpresa: “recibí una notificación de la policía para que me presente al Juzgado 31. La verdad es que no tenía idea de qué se trataba, porque la citación no lo explicaba. Finalmente, cuando me presenté y me leyeron la imputación, me enteré que era por la toma y no podía creerlo”, recordó.

La demanda, según indicó Romero, la hizo la Procuración General de la Ciudad a partir del acta que el rectorado elevó el día de la toma. “El Ministerio de Educación  pidió más información a las autoridades sobre lo ocurrido y después intervino la fiscalía, que en noviembre tomó declaración a los rectores y después caratuló la causa basándose en el artículo 58 del Código Contravencional de la Ciudad (‘Ingresar o permanecer contra la voluntad del titular del derecho de admisión’)”, detalló Romero.

“Nos imputaron porque dicen que no dejamos ingresar al cuerpo docente a su lugar de trabajo, pero no fue así. Incluso tenemos fotos cenando y desayunando con algunos de ellos. Este martes, cuando declaremos, nos van a acompañar 4 docentes que estuvieron en la toma en diferentes momentos”, denunció Romero sobre la “falsa acusación”. 

La denuncia fue leída por los estudiantes como una “persecución a la organización estudiantil. Fue una toma consensuada en tres asambleas, y no hubo ningún inconveniente. El edificio no sufrió ningún malestar. Es más, lo limpiamos y lo dejamos mejor de lo que estaba, porque es nuestra casa, donde estudiamos todo los días. Por eso mismo estábamos poniendo el cuerpo: porque queríamos defenderlo contra la Unicaba”, denunció Romero. “Nos quieren escarmentar, y nuestro miedo es que esto marque un precedente para futuros reclamos estudiantiles”, advirtió. 

Este martes a las 9, la puerta de la Fiscalía 31, donde declararán los 3 imputados y los testigos, se transformará en un nuevo escenario de lucha: “Lejos de considerar el reclamo legítimo como un delito, creemos que es un deber y una obligación que tenemos quienes somos o seremos educadores el no aceptar aquello que consideramos injusto, problematizando sobre ello y realizando acciones transformadoras de la realidad”, expresó en un comunicado el centro de Estudiantes del Normal 5, que convocó a una jornada con clases públicas contra la “criminalización de la protesta”, que contará con la participación de los centros de estudiantes de los 29 profesorados, sindicatos docentes, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos.