Financiamiento

El control económico de los medios, ya sea porque se detente directamente su propiedad, o porque se pueda o no pagar el acceso a los mismos; es por tanto central para la competitividad electoral de un candidato, casi con total independencia de que sea el que luego vaya a hacer la peor política para la mayoría de los que lo votaron.

La propaganda electoral además tiene una potencia estrechamente vinculada a los recursos económicos con que se cuente para solventarla, aunque en ocasiones, con creatividad, se puedan ensanchar en algún grado los límites que impongan aquellos. Por todo ello es que tiene gran importancia la reforma votada esta semana por el Congreso a la ley de Financiamiento de los Partidos Políticos a instancias del macrismo.

La excusa como siempre es muy bella. En este caso transparentar los aportes a las campañas exigiendo su bancarización. Punto en el que coincidimos, aunque estamos seguros de que se cumplirá a medias. Pero en realidad, lo que más interesó al oficialismo fue el permitir a las empresas aportar a las campañas.

El macrismo es la representación, y aún más que representación, el acceso directo de un grupo de grandes empresarios al poder del Estado. Casi siempre antes habían influido decisivamente, pero lo hacían por intermediarios. Como la ley anterior prohibía el aporte de las empresas, Cambiemos, en las elecciones de 2015 y 2017 cometió masivas acciones delictivas:  el caso de los aportantes truchos. En él se robó la identidad de miles de personas, en su mayoría beneficiarios de planes sociales estatales, haciéndolos pasar por aportantes a las campañas del macrismo, con dinero que en realidad habían puesto en negro las empresas, que lo tenían prohibido. Estas claras violaciones que el código penal sanciona con penas de cárcel que deberían recaer sobre varios altos funcionarios  de Cambiemos, pasaron a una vía de impunidad gracias al fallo de un juez amigo - Irurzun - que determinó que no debían ser tratadas por la justicia penal, sino la electoral.Ahora el gobierno, con la complicidad de otros bloques parlamentarios, consiguió que lo que era delito, deje de serlo.

Alberto Cortés