Con dos probation y tres criterios de oportunidad por un importante arreglo económico con las víctimas, se cierra la acción penal contra los responsables de la explosión de la caldera del laboratorio Apolo S.A.. El fiscal Walter Jurado aceptó levantar la acusación contra cinco imputados por el delito de estrago culposo agravado y lesiones graves culposas, tras el hecho del 27 de junio de 2016, en la planta de Alem al 2900. El encargado de mantenimiento y un gerente deberán prestar tareas de mantenimiento en una fundación de la ciudad de San Nicolás, por un año, a modo de probation. Mientras que los titulares y la presidenta del directorio de la firma serán sobreseídos al presentar un acuerdo económico, cuya suma no se conoció oficialmente en el convenio que fue avalado por el juez Hernán Postma, en audiencia oral y pública. La cifra final del acuerdo no se reveló porque así lo pactaron la querella y la defensa legal de la compañía.
Ariel García, Damián García y Marcela Vozza, quienes ocupaban altos cargos en la empresa y el directorio; Marcelo Ferré, con responsabilidad gerencial; y el encargado Jorge Gómez fueron imputados el año pasado por el estallido que no sólo provocó daños en las instalaciones del laboratorio sino también en viviendas aledañas y a sus habitantes. En total, fueron ocho las personas damnificadas por el estrago.
En aquel entonces, se les atribuyó que había que hacer ensayos periódicos en las calderas, conforme a la normativa provincial, y que "no se hicieron". Esa tarea -dijo Jurado, en su momento- "está a cargo de los propietarios, como también poner gente capacitada e idónea para el manejo de calderas y tampoco se hizo. Son obligaciones que manda la ley". En tanto, la querella llegó a decir que la planta no tenía habilitación para funcionar cuando sucedió el hecho.
A más de tres años del episodio, cuando el fiscal estaba por presentar acusación contra los cinco imputados para llevarlos a juicio, la defensa le advirtió que se llegó a un acuerdo económico con las víctimas, que son querellantes en la causa. Así, la audiencia de ayer fue requerida para presentar un "acuerdo manifestado por la defensa con la querella, y admitido por la Fiscalía". Se solicitó la suspensión de juicio a prueba (probation) de los imputados Jorge Gómez y Marcelo Ferré; y el pedido de criterio de oportunidad y sobreseimiento de los imputados Damián García, Ariel García y Marcela Vozza.
El juez Postma dictó las probation por el plazo de un año para Gómez y Ferré, con el compromiso de la realización de tareas comunitarias en la Fundación Museo Justicialistas en la localidad de San Nicolás; y el pago de 30.000 pesos (cada uno) en efectivo, a saldar en tres cuotas.
En tanto, sobre los García y Vozza se admitió el criterio de oportunidad por el arreglo económico que no trascendió. En tanto, el pedido de sobreseimiento quedó pendiente, ya que no se hizo presente el querellante y se requiere de su aprobación por escrito o en audiencia oral, más allá de que las partes hayan manifestado que está de acuerdo. Sin embargo, esa cuestión quedará firmada en los próximos días.
El hecho ocurrió el 27 de junio de 2016 a las 04.50, dentro del Laboratorio Apolo. Para el fiscal Jurado, la caldera explotó "por negligencia e inobservancia de los reglamentos y deberes" de los responsables. El suceso causó daños materiales en el laboratorio y en un domicilio aledaño, más lesiones graves en distintas víctimas que se encontraban en el lugar.
