“El FMI está de nuevo en Argentina. Le acaban de dar 9600 millones de dólares al gobierno de Macri para permitir que inversores y oligarcas conviertan a dólares sus activos en pesos y los saquen del país. Recursos públicos internacionales utilizados para apoyar a un derechoso extremo y facilitar la fuga de capitales”, escribió el ex ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, en su cuenta de Twitter. El economista de la Universidad de Atenas cuestionó el accionar del organismo que habilitó al gobierno a vender dólares del préstamo para intentar frenar el dólar.

El Directorio del Fondo todavía debe validar la inédita decisión que generó resistencias entre los miembros del staff que siguen el caso argentino. Esa definición y la autorización para el nuevo desembolso por unos 5500 millones de dólares tendrán lugar cuando finalice la evaluación del staff del FMI. Después de visitar Buenos Aires la semana pasada, la misión volvió a Washington para continuar desde allí con su supervisión.

Uno de los economistas que tuvo que lidiar con el FMI y sabe de los costos de acordar con el organismo es el ex ministro griego. Varoufakis asegura que la crisis en su país todavía no terminó, aunque logró sacarse de encima el programa con el Fondo. De todos modos, Grecia le debe alrededor de 10.500 millones de dólares y figura como el tercer deudor más importante detrás de la Argentina y Ucrania. A través de su cuenta en redes sociales, el economista le apuntó al FMI y al gobierno argentino por la profundización del ajuste y el endeudamiento para financiar la fuga de capitales. Refirió que es el mismo proceso que hundió a su país. El desempleo, por caso, se mantiene en Grecia en niveles elevados. El último registro oficial alcanzó a 18,5 por ciento.

En Argentina, la recesión, el salto en la cotización del dólar, el programa de austeridad y el ahogo financiero permitieron “contener” la fuga de capitales frente a los valores inéditos alcanzados durante la corrida de 2018. La posibilidad de intervenir en el mercado cambiario sin las restricciones previstas en el acuerdo con el FMI –y sus sucesivas revisiones– ampliaron el margen de maniobra pero ignoran el problema de fondo: la liberalización y desregulación de los movimientos de capitales. Aunque representó un nuevo espaldarazo financiero-político a Macri, la decisión también expone la incertidumbre al interior del organismo ante los riesgos crecientes que exhibe Argentina, su principal deudor.

Durante el primer trimestre del año la formación neta de activos externos registró un rojo de 4695 millones de dólares. Aunque se mantiene elevada la cifra representó un retroceso frente a los 6931 fugados en el mismo período de 2018 cuando, corrida mediante, la pulsión dolarizadora alcanzó niveles inéditos. El programa de austeridad fiscal y ajuste monetario junto con el incremento en el tipo de cambio limitan la magnitud de la fuga pero la intensidad del fenómeno no cede. Los dólares adquiridos por individuos y empresas entre enero y marzo alcanzaron un valor bruto superior a los 18.300 millones de dólares, 41 por ciento superior al contabilizado en el mismo período del año pasado. 

Las estadísticas del Banco Central permiten estimar que, desde la llegada de Macri a la Casa Rosada se fugaron 64.023 millones de dólares.