El fiscal federal Gerardo Pollicita decidió ayer hacer un poco de ruido en el expediente en el que se investiga la denuncia realizada por Alberto Nisman antes de morir. Fue un viernes y cuando el fin de semana se presenta complicado para la Casa Rosada a raíz de las maniobras realizadas por el Grupo Macri en el litigio sobre el Correo Argentino. El movimiento de Pollicita consistió en que decidió investigar también, en relación con el Memorandum de Entendimiento con Irán, a Julio De Vido, Carlos Zannini, Angelina Abona y Oscar Parrilli, buena parte del equipo que rodeó a la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner durante su presidencia. O sea que pretende juzgar a todo el gobierno de CFK. Un dato llamativo es que Pollicita deslizó en el escrito un argumento típicamente antisemita. Dice el texto que se le deben “remitir todos los cables de la Cancillería argentina con las representaciones de Irán, contraparte del pacto cuestionado e Israel, país de las víctimas del atentado”. Como se sabe, uno de los argumentos antisemitas más tradicionales es que los judíos argentinos, como eran muchas de las víctimas en el atentado, no son argentinos, sino israelíes.
Medidas
El fiscal se despachó ayer pidiendo que le manden todos los números de teléfonos y celulares que usaron los imputados entre 2011 y 2015, empezando por CFK y el canciller Héctor Timerman. Pero también quiere ver a quién llamaron y de quién recibieron llamadas o mensajes Luis D’Elía, Fernando Esteche, el diputado Andrés Larroque, el ex juez Héctor Yrimia, el curioso supuesto espía Allan Bogado y el argentino más vinculado a Irán, Jorge Alejandro Khalil. La hipótesis de Nisman y ahora de Pollicita es que todos estos últimos dirigentes, que no tenían ningún lugar relevante en el Poder Ejecutivo, armaron el Memorándum como un plan para salvar a los sospechosos iraníes y, de alguna manera, hicieron que la Presidenta y el canciller lo adoptaran.
El agregado ahora es que también participaron en el plan Zannini –secretario de Legal y Técnica– y Abona –procuradora del Tesoro–, tal vez porque prepararon la ley que después fue aprobada por las dos cámaras del Congreso. La sospecha se extendió a Julio De Vido porque la acusación de Nisman indicaba que se iban a cambiar cereales argentinos por petróleo iraní, algo que nunca se hizo ni se podía hacer. Y finalmente a Oscar Parrilli, porque era el secretario General de la Presidencia cuando se firmó el Memorandum.
Respecto de Zannini, De Vido, Abona y Parrilli, el fiscal pide que se identifiquen todos sus teléfonos y celulares y que le manden el registro de visitas al Ministerio de Planificación, a la Procuración del Tesoro y a la Secretaría General. Quiere saber si alguno de los otros sospechados –en especial Khalil, Esteche, D’Elía, Yrimia o Bogado– estuvieron allí y con quién se entrevistaron. La medida muestra la precariedad de la prueba porque si alguno estuvo en las oficinas de ministros o secretarios, no será evidencia de nada. A menos que, una vez más, Comodoro Py convalide cualquier cosa como prueba.
Las 12 páginas del escrito de ayer de Pollicita parecen no conducir a nada. Se hará un inmenso entrecruzamiento de llamadas entre 12 personas a lo largo de cinco años –de 2011 a 2015– sin que constituya prueba alguna el hecho de que uno haya hablado con el otro. No se trata de escuchas, sino de un registro de comunicaciones o mensajes, de manera que no hay grabaciones ni constancias de qué hablaron. Es decir que pudieron haber tocado cualquier tema, sin relación con el Memorandum que se firmó en enero de 2013.
Congreso
Un elemento llamativo de las medidas de Pollicita es que pide el registro de llamadas de entrada y de salida del diputado Andrés Larroque en el Congreso y las grabaciones de las sesiones en que se debatió la ley que convalidó el Memorandum.
A primera vista, es una clara judicialización de la política y, sobre todo, de un debate parlamentario. Como ya se señaló en el expediente por el Memorandum, el texto del tratado fue votado por ambas cámaras, de manera que si resultó un instrumento clave en el encubrimiento de los sospechosos iraníes, correspondería que se acuse a todos los diputados y senadores que lo votaron. Pero también a los que votaron en contra, porque ninguno de los parlamentarios denunció que el tratado constituía un delito.
Tratado
Los más reconocidos juristas de la Argentina –Raúl Zaffaroni, León Arslanián, Julio Maier, Ricardo Gil Lavedra, Luis Moreno Ocampo– ya señalaron que el Memorandum fue un acuerdo firmado por el Poder Ejecutivo, él único poder facultado para firmar tratados con otros países. El texto fue convalidado luego por el Congreso. De manera que, como sostuvo la Cámara Federal, se puede considerar un mal tratado o un buen tratado, pero no un delito.
En reiteradas oportunidades, la ex presidenta y el ex canciller explicaron que en el caso del atentado contra la AMIA se encontraban ante una causa paralizada. La Argentina no podía avanzar porque los iranies no se prestaban a las declaraciones indagatorias; en la Argentina no hay juicio en ausencia y en Irán no existe la extradición de iraníes. Se buscó entonces, a través del Memorandum, que el juez Rodolfo Canicoba Corral le tome declaración indagatoria a los iraníes en Teherán, con la fiscalía y las partes presentes. Por su parte, Irán exigió una especie de garantía, una Comisión de la Verdad, que no tendría resoluciones vinculantes, pero que podría comunicar sus resoluciones a ambos gobiernos, al argentino y al iraní. Esto último fue considerado inconstitucional por la Cámara Federal. Pero esa misma Cámara no consideró que se tratara de un delito y menos aún de un encubrimiento de los sospechosos.
Nisman
Dos años después de la firma del Memorandum, Nisman presentó la denuncia acusando a CFK y a Timerman por encubrimiento. Fue en enero de 2015, cuando el fiscal recibió el rumor o alguien lo convenció de que lo iban a echar del cargo, como lo pedían familiares de las víctimas. La agrupación Memoria Activa, por ejemplo, venía diciendo que “Nisman viaja mucho y trabaja poco”. Rápidamente, y en plena feria judicial, volvió de un viaje de placer en Europa, y entregó el texto. Después de su muerte, Pollicita respaldó la denuncia y ahora agregó en la acusación a De Vido, Parrilli, Abona y Zannini.
De esa manera, la imputación va contra todo el gobierno kirchnerista. La ex presidenta y el conjunto de sus colaboradores. Se pide, por ejemplo, la totalidad de las llamadas, los mensajes, los viajes de cada funcionario, los ingresos y egresos a la Casa Rosada, a dos ministerios –Cancillería e Infraestructura–, la filmación de los debates en las comisiones del Congreso y en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Lo que se pretende es juzgar la actividad de un gobierno, no un tratado.
Geopolítica
La denuncia de Nisman, en estrecha alianza con el ex espía Horacio “Jaime” Stiuso, estuvo alineada desde el principio con la derecha republicana a israelí y en sintonía con el macrismo. Firmar un tratado con Irán era mala palabra en términos geopolíticos –pese a que lo mismo hicieron Estados Unidos, China, Rusia, Francia, el Reino Unido y Alemania– y eso aceitó todos los engranajes de la denuncia.
Hoy el panorama es todavía más agudo, con Donald Trump en la Casa Blanca y Benjamin Netanyahu a la ofensiva. Pasó a tener más importancia que antes acusar a Irán por el atentado, diseñar en el aire un comando iraní como supuesto autor de la muerte de Nisman e imputar a lo que ellos llaman los “gobiernos populistas” para que no vuelvan a llegar al poder quienes tienen políticas independientes de los poderes internacionales.
Eso es lo que explica el escrito de ayer de Pollicita, imputando a todo un gobierno. Como sostén de la movida estuvieron la AMIA y la DAIA, que impulsaron la apertura de la denuncia. Esos dirigentes comunitarios tendrán que dedicar un rato a convencer a Pollicita que son argentinos y no israelíes, tal como el fiscal puso en su escrito y como sostienen desde siempre los antisemitas.
