Ante una sociedad que todavía no acierta a confrontar ni a digerir, aceptar o rechazar activamente este fenómeno, la administración de Mauricio Macri terminó de desnudarse, de mostrarse crudamente como una gran corporación que se gobierna en función de los negocios propios. Entiende el bien común –del que se deberían ocupar los gobiernos democráticos– a partir del negocio propio, como lo haría una empresa. Hace mucho que los empresarios dejaron de discutir como en otras épocas la “función social” que les correspondería, porque entienden que esa función es una extensión mecánica del resultado de sus negocios. 

El intelectual búlgaro, formado en Francia, Tzvetan Tódorov, que murió el martes pasado, había señalado este riesgo: “El neoliberalismo es un peligro muy próximo porque, de momento, es la ideología de nuestros gobernantes, hay otras ideologías que se perciben que son peligrosas, pero el neoliberalismo sustituye a la democracia, con lo cual nos encontramos en un régimen que ya no corresponde a la definición de democracia”, dijo hace pocos meses en una entrevista. La cita a Tódorov tiene que ver con su muerte reciente, pero también porque es un pensador polémico, con el que se puede estar o no de acuerdo y que tiene un enfoque con fuerte acento europeo, donde el neoliberalismo impregnó incluso a los partidos socialdemócratas: “la doctrina neoliberal triunfante protege el poder de los individuos sin preocuparse del bien común” subrayó.

Sólo en su primer año, muchas decisiones del gobierno de Cambiemos  favorecieron a la megafortuna de la familia Macri. Apenas asumió, en febrero de 2016, anunció que por decreto el Estado entregará 45 mil millones de pesos a las empresas del grupo Macri, encabezadas por su primo Calcaterra. Habían ganado la licitación para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento con la obligación de conseguir el financiamiento de la obra. Como nunca lo consiguieron, la obra no empezaba. Macri cortó por lo menos sano, puso plata del Estado y mantuvo el resultado de la licitación a favor del grupo Macri. Y después el gobierno de Macri autorizó al primo de Macri, Calcaterra a comprar un banco con dos sedes, una en Buenos Aires y otra en un paraíso fiscal donde irá a parar el dinero que provenga del soterramiento del Sarmiento y otras obras públicas. Otra vez sorprendió con el descaro cuando eliminó por decreto la cláusula que impedía entrar al blanqueo a familiares de los funcionarios, o sea a sus familiares, dueños de sus empresas. Se podría agregar la política de  desregulamiento de cielos que favorecerá sin dudas a la empresa Avianca que absorbió a MacAir, la empresa de vuelos de cabotaje de Macri, en detrimento de Aerolíneas Argentinas. Y el escándalo de coronación: condonó la deuda multimillonaria de su padre por el Correo. 

Macri no es la excepción. Las medidas del gobierno han favorecido a las empresas de muchos de los funcionarios y dirigentes del PRO. Por lo menos, tienen denuncias Federico Pinedo por haber intentado favorecer a través de un proyecto de ley de telecomunicaciones a la empresa satelital TESAM S.A. que fundó en 1996 junto a José Antonio Sánchez Elía, el referente del PRO en temas de comunicación. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, está investigado por la compra de gas a Chile, de la empresa Shell, de la cual fue CEO principal en Argentina. Varios de los funcionarios del gobierno especularon con el dólar y se favorecieron con la decisión de devaluar el peso por parte del gobierno que ellos integran. En la lista figuran el jefe de asesores del  Presidente y apoderado nacional del PRO, José María Torello; y entre otros, los súpersecretarios Gustavo Lopetegui y Mario Quintana.

En todos los casos, la reacción oficial es casi infantil. Como si no tuvieran la obligación de hacer un descargo documentado. El problema es que ya no son una empresa y todos sus actos son esencialmente públicos. Si el Grupo Macri tiene casi cincuenta empresas y cuentas offshore, de las que se usan para lavar dinero, ya no es un tema privado, es de interés público. Por una cuestión publicitaria, convierten a sus vidas privadas en públicas –como hace Macri cuando expone permanentemente a su esposa y su hija pequeña– y pretenden que lo público sea una cuestión privada.

La sociedad, donde se verifican reacciones cada vez más virulentas contra las tarifas y los despidos, asiste a este fenómeno con perplejidad. El sector que votó a Macri, que parecía tan sensibilizado por las denuncias de corrupción, pone en evidencia que en realidad la corrupción no era lo que importaba, sino que la usaba de excusa para tapar la inquietud por otros fenómenos, entre ellos la fuerte movilidad social que se había generado durante los gobiernos kirchneristas. Ese mismo público que reaccionó con tanta furia contra el gobierno anterior, permanece inmutable ante los hechos de corrupción de esta gestión de Cambiemos.

El kirchnerismo vive esa perplejidad al comparar el acoso judicial abusivo que sufren sus dirigentes en causas desopilantes como las del Plan Kunita, Fútbol para Todos o el invento verdaderamente malicioso que relacionó al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández con el triple crimen de la efedrina. Fue un ametrallamiento judicial al que se le suma el ensañamiento con Cristina Kirchner con numerosas causas también absurdas como la del dólar futuro o la de las escuchas telefónicas. Los valores son incomparables. En la causa Hotesur, que es donde el oficialismo puso el esfuerzo principal para condenar a la ex presidenta, está en discusión el alquiler de un hotel cuatro estrellas de la familia Kirchner en Calafate, por 15 o 20 mil dólares mensuales (cien pesos por día y por habitación a precio mayorista). En todas las causas que involucran al actual gobierno de conservadores y radicales se barajan negociados con cifras de miles de millones de pesos y dólares.

El bombardeo sistemático de denuncias que descargaba la corporación mediática durante los gobiernos anteriores creó un estado de paranoia en gran parte de la sociedad que impedía diferenciar lo real de lo inventado, con lo cual, la mayoría de esas denuncias ahora tienen problemas para ser probadas en terreno judicial, aún cuando los jueces y fiscales que intervienen son abiertamente oficialistas y se esfuerzan por hacerlo. El formato es parecido en casi todas: toman una decisión del gobierno anterior y aseguran que además de lo público hubo trasiegos clandestinos, en la oscuridad, que es necesario investigar. Un sector de la sociedad identifica a la corrupción exclusivamente con esas denuncias de hechos que supuestamente se produjeron en la oscuridad, lejos de la vista, como una conspiración oculta.

Los hechos de corrupción en el gobierno de Cambiemos son totalmente diferentes: no han sido denunciados por la oposición ni por los servicios de inteligencia ni por los pocos medios que no son oficialistas. En algunos casos, como el de los Panama Papers, o el que involucra al jefe de los espías, Gustavo Arribas, surgieron de investigaciones internacionales que ni siquiera estaban interesadas por las repercusiones en Argentina. En otros casos se trata de medidas de gobierno donde hay negociaciones “incompatibles con el ejercicio de la función pública”. Son actos de corrupción a la vista, no en la clandestinidad. Ni siquiera hay que investigar algo oscuro. Se trata de funcionarios que toman decisiones que favorecen a sus negocios, empezando por el presidente.

En las redes sociales se invirtieron los roles. Los macristas, que hasta hace un año llenaban sus páginas con denuncias indignadas, insultos y proclamas flamígeras, ahora ponen globitos de colores, perros y gatitos o hacen comentarios sobre fútbol. Hay un cambio allí. Son muy pocos los que apoyan a Macri, y ahora intentan defenderlo de las denuncias de corrupción. Directamente hacen mutis por el foro. La corrupción fue para este sector un tema para diferenciarse desde la nube que administra el rayo. No se trata de un tema que le preocupe realmente. De hecho, sirvió también para disfrazar la inquietud temerosa que producía en ellos la movilidad social, como sucedió siempre con los gobiernos peronistas.

Son las páginas de los kirchneristas las que ahora están llenas de desprecio e indignación por la corrupción del gobierno de Macri. Sin embargo esa indignación no se ha volcado a las calles. Los que actúan en las redes son dos minorías intensas. En el medio hay una masa muy grande que se acerca más a uno u otro lado. Si bien los hechos de corrupción no provocaron movilizaciones, han producido un fuerte deterioro en el gobierno. Por primera vez el impacto sobrepasó el muro de protección de los medios corporativos. Y ya hubo reuniones en el más alto nivel de Cambiemos y entre funcionarios judiciales para volver a poner a Cristina Kirchner en el centro de la escena con alguna de las causas en su contra. Pero el gobierno ha perdido mucha de la legitimidad que devino de su triunfo electoral. Y en su caída arrastra la legitimidad de la justicia, irresponsablemente abroquelada a la del oficialismo.