Se encuentra internada en el Hospital Zonal de Bariloche Román Castillo con custodia policial desde el martes pasado, acusada de homicidio calificado. Llegó al nosocomio con una hemorragia, completamente desangrada, su vida estaba en peligro por lo que tuvieron que realizarle una transfusión. Lxs profesionales de la salud que la atendieron determinaron que había dado a luz recientemente, pero ella lo negó. Violando su derecho a la intimidad y a la privacidad, lxs medicxs, ante su negación, dieron aviso a la policía. 

Luego de la transfusión, llegó el personal policial, comenzaron a hostigarla y presionarla para que cuente donde estaba el supuesto bebé. Ese mismo día se abrió una investigación a cargo de la fiscal Betiana Cendón, quien sin orden judicial allanó la vivienda de M. donde fue encontrado sin vida un recién nacido. En diálogo con Las12 la hermana de M., a quién para preservar su identidad llamaremos B., relató: “El martes entraron a mi casa sin ningún permiso unos hombres vestidos de civil, ni siquiera sabía que eran policías, recién después de las primeras preguntas cuando estaban por grabarme me lo dijeron y a los diez minutos llegó la fiscal y me hizo más preguntas”.

M. tiene 18 años y un hijo de dos, vive con sus padres y su hermana en un asentamiento de bajos recursos ubicado al este de la Ciudad de Bariloche, alejado de la flamante villa turística. La relación con su actual novio y padre del nene comenzó cuando M. tenía 15 años y él 16. El padrastro de M. denunció al joven ante la justicia porque vio cómo ejercía violencia contra su hija, eso fue unos días después del nacimiento de su nieto. “Ellos no vivían juntos porque él nunca se puso las pilas para formalizar. Ella lo dejó una vez y después él le pidió que vuelvan, y mi hermana ya no lo pudo dejar, estaba cegada, yo le dije muchas veces que tenía que dejarlo” cuenta B. Al igual que muchas jóvenes, M. quedó sumida en un entramado de manipulación de parte de su pareja, naturalizó los maltratos, perdonó, soportó, no pudo ver esa violencia que su familia alertó y continuó la relación. Cuando B. habla del noviazgo que tenía su hermana insiste en una sola idea: “La violencia y la humillación que sufría mi hermana de parte de su novio era constante, cuando mi hermana empezó a estudiar porque quería terminar el secundario él la tiró abajo, le dijo que ella quería ir a la escuela porque era una puta.”

Luego del allanamiento la fiscal solicitó la detención de M. y su pareja. A pesar de encontrarse en estado puerperal y a pocas horas de haber pasado por una transfusión, la joven fue trasladada a un calabozo de una dependencia policial. M. no se encontraba en condiciones para ser externada y debía haber permanecido en observación. La violencia institucional y policial continuaba, esta vez violando su derecho a la salud sin respetar el período de recuperación. A las pocas horas M. tuvo que ser nuevamente hospitalizada debido a que sufrió una descompensación y permanece internada por un cuadro febril. 

A M. se la acusa de homicidio calificado, pero aún no se encuentra imputada debido a que no pudo prestar declaración por su delicado estado de salud. Desde la fiscalía están ejerciendo presión para acortar los tiempos y poder incriminarla, pero nada se dice sobre su pareja con quien convivía. Tras haber declarado que no sabía que su novia estaba embarazada quedó en libertad. “Mi hermana salió el día viernes a la casa de su novio y volvió el domingo a la tarde, pero no sabemos ni cuándo ni dónde sucedió pasó lo que dice la justicia”. 

En diálogo con Las12, una activista feminista contó las repercusiones que está teniendo el caso en Bariloche: “Cárcel o muerte, ese fue el dilema que enfrentó M. al concurrir al hospital. La prensa local para ensuciar la causa habla de que el embarazo no sería de su pareja. Se asume sin pruebas que el neonato nació con vida y que su muerte fue traumática producto de violencia y que esta fue ejercida por la mujer colocada como única y principal responsable.” ¿Por qué los medios hablan de infanticidio? ¿Por qué la justicia la acusa sin pruebas asumiendo que la criatura encontrada nació con vida?

M. sufría violencia de parte de su pareja, quien en reiteradas oportunidades le había dicho de forma intimidante y violenta que no quería tener un hijo. Bajo una situación de amenaza sistemática y un temor extremo a la reacción que podría tener su novio en caso de enterarse que tendrían otro hijx, M. entró en un cuadro traumático de negación de su embarazo como mecanismo psicológico de defensa. Su hermana cuenta: “Una vez escuché una pelea entre mi hermana y el novio donde él le decía ´no quiero otro guacho´ él siempre le repetía a mi hermana que no quería tener otro bebe porque ella y el hijo ya eran un estorbo en su vida. Él es un pibe que vive de joda, nunca se hizo cargo de su hijo, ni siquiera se sabía sus gustos, lo único que aportaba eran los pañales. Era muy violento con mi hermana, yo presencié una pelea donde la amenazaba con sacarle a su hijo, de hecho, un día se lo llevó y la suegra de mi hermana lo trajo de vuelta.”

La adolescencia en trauma

¿Cómo entender lo que pasa en la cabeza de una joven que ha transitado su adolescencia bajo el miedo, el maltrato, la manipulación y con sus derechos violentados? ¿Cómo comprender, alejándonos de la sensación de horror, a las mujeres que niegan un embarazo mientras crece en su vientre y luego matan al resultado de ese embarazo? ¿Qué vivencias las llevaron a tal situación? ¿Cómo oprime a las mujeres el mandato cultural de la maternidad cuando no es deseada? 

En 2003 Romina Tejerina sufrió una violación y producto de ese abuso quedó embarazada, cuando el bebé nació en el baño de su casa tuvo un brote psicótico, vió la cara de su violador en la criatura y lo mató, pasó años presa, el violador ni un día.

Es necesario un análisis con perspectiva de género que pueda dar cuenta cómo se vinculan causalmente las múltiples situaciones de violencias sufridas por estas mujeres y un acto infanticida. Beatriz Kalinsky, antropóloga e investigadora independiente del Conicet y perito en casos de infanticidio explica: “Estas situaciones no transcurren en soledad: siempre hay otro que sabe. El embarazo es conocido y negado por todos al mismo tiempo, pero además el patrón es que existe una amenaza real del tipo ´si vos tenés a ese hijo, los mato a vos y a él´; ´si te embarazás olvidate de mí y de los chicos. Incendio la casa y después me mato yo´ o una amenaza que surge de la figura autoritaria de un adulto como ´si llegás a venir embarazada, te mato´”

Kalinsky explica que las mujeres que cometen infanticidios se encuentran en una situación emocional muy comprometida, de modo tal que en el momento que se produce el nacimiento, aparece una conmoción de sorpresa y desagrado a la vez. “No sienten al niño gestándose, no engordan, no les crece la panza, no necesitan de ropa especial, no preparan nada que se necesite para un futuro bebé, simplemente porque no hay bebé que vaya a nacer. Este fenómeno no ha sido explicado siquiera por la psicología o el psicoanálisis. El no deseo de ser madre quizá pueda ser tan poderoso como para anular las características de un embarazo normal” detalla.

La antropóloga cuenta que en uno de los casos de infanticidio que investigó cuando le preguntaron a la mujer dónde estaba el bebé, ella respondió: “¿Qué bebé si yo no estaba embarazada?”. Y lo que sigue se repite de la misma forma en la mayoría de los casos: “Cuando se inicia la búsqueda policial es fácil encontrar el cadáver porque lo han dejado casi para ser visto, para que se lo halle al momento. Maniobras torpes, con nada de sofisticación y, diríamos, sin ánimo de esconder o haber meditado cuáles iban a ser los planes, paso a paso, para cuando el bebé nazca. No había bebé, entonces no iba a haber ningún parto” explica. 

Justicia machista

La historia que atraviesa las vidas no nace de un repollo ni de la escritura de grandes y solemnes plumas. Se construye en las calles y se organiza de forma colectiva. Al menos esa es la expresión de la historia que se vive en el presente que nos ocupa. Eso es lo que están reflejando los feminismos populares organizados desde los barrios, están cambiando vidas, están liberando pibas presas injustamente, mujeres, lesbianas, trans y travestis criminalizadas por un sistema judicial que es patriarcal, conquistando derechos y garantías, movilizadas permanentemente, porque no hay descanso, porque todavía quedan muchas vidas por cambiar. Hasta que encontrar un juez, una jueza, o un fiscal con perspectiva de género no sea una excepción, sino la regla. Hasta lograr un tan ansiado cambio de paradigma, donde la justicia será feminista o no será.  

Para desarmar la dominación machista patriarcal es necesario reconocerla, visibilizarla, denunciarla y luego detectar la extensa cadena de cómplices que contribuyen a facilitar la permanencia de este régimen de opresión. Hoy un eslabón de esa cadena es el sistema judicial sin perspectiva de género que reproduce la lógica del sistema patriarcal, fallando a favor de los violentos, poniendo en duda el testimonio de las mujeres, desoyéndolas u otorgando la patria potestad a femicidas. Recién en 2017 el Senado aprobó una ley que les quita la responsabilidad parental (patria potestad) a los hombres que hayan asesinado a sus parejas. Esta prohibición no es aplicable a las mujeres que sean procesadas por la Justicia cuando, en legítima defensa, hayan asesinado a su pareja en una situación de violencia previa. La normativa se basó en el femicidio de Rosana Galliano, que se convirtió en un caso emblemático. Galiano fue asesinada en 2008 por su marido José Arce a través de un sicario, en la casa que compartían en Exaltación de la Cruz; sus dos hijos, Gerónimo y Nehuén, vivieron con el padre, que cumplía la pena máxima en la misma casa donde ocurrió el asesinato, hasta noviembre del año pasado, cuando Arce murió. Uno de los chicos ahora está con un tío materno; el otro, en cambio, está con su abuela, la otra condenada del caso. Le ley no se aplicó.

Otro ejemplo representativo de figuras sin perspectiva de género en la justicia son los casos donde se condena a las mujeres por “malas madres”. En 2013 la fiscal Carolina Carballido Calatayud, ordenó la detención arbitraria de Yanina González, acusándola de abandono de persona seguido de muerte después que su ex pareja asesinara a su hija e incluso dejó libre al asesino. Después de un año y medio de detención Yanina fue liberada y absuelta gracias al acompañamiento y la lucha que dio una vez más el feminismo organizado, dando a conocer la violencia que sufría Yanina de parte de su pareja. El femicida fue condenado recién cinco años después. 

El martes pasado pudimos celebrar otra victoria, la libertad de Yanina Faríaz, acusada de no haber “velado por la integridad” de su hija Xiomara de dos años, quien fue asesinada por Alfredo Leguizamón, un hombre que las mantuvo secuestradas, abusaba sexualmente de Yanina y la golpeaba. Faríaz estuvo acompañada por una comisión de feministas que la visitaron en la cárcel, difundieron su caso en los medios y permanecieron en las puertas de los tribunales de Mercedes en cada audiencia, exigiendo su libertad hasta lograrlo.  

Otro caso resonante que ejemplifica los mecanismos del sistema judicial patriarcal y racista es el de Reina Maraz Bejarano, sin pruebas en su contra y con un juicio lleno de irregularidades fue acusada de matar a su marido en 2010 y condenada a cadena perpetua. Su pareja la golpeaba y la obligaba a vender su cuerpo para sacar ganancias. Reina no hablaba español, solo quechua, ni siquiera comprendía por qué estaba presa. Durante seis años la justicia no le dio la posibilidad de contar su verdad y defenderse con un traductor hasta que La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) conoció su caso en una visita de monitoreo a la cárcel y le garantizó un servicio de traducción y una defensa legal, paralelamente distintos colectivos feministas y organizaciones sociales ya habían levantado la voz para exigir su liberación, articulando acciones colectivas para dar a conocer el caso y realizar acompañamientos tanto desde el plano legal como en el cuidado de la salud de Maraz que se encontraba muy deteriorada hasta que recuperó su libertad.  

Los casos de pibas liberadas por el feminismo organizado siguen como Higui, atacada por lesbiana y presa por defenderse, ahora luchando por su absolución primera (la primera audiencia será el 23 de abril de 2019 a las 9, en el Tribunal Oral Nro. 7 de San Martín), como Belén en 2017 quien tuvo que pasar dos años privada de su libertad acusada injustamente de “aborto seguido de presunto homicidio”. A pocos días de la octava presentación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso Nacional que realizará la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, todavía hay provincias que no respetan los casos de abortos no punibles ni implementan la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas. Seguimos contando niñas obligadas a parir. Acceder a una IVE continúa siendo una carrera con miles de obstáculos, no hay información, si cualquier persona con posibilidad de gestar no correría el riesgo de ser criminalizada por acceder a un aborto hoy tal vez no estaríamos hablando de M. 

El martes la Justicia de Río Negro, la provincia de donde es M., mostró otra excepción al condenar al ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, culpable de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por haberse negado a realizar un aborto a una joven embarazada producto de una violación en 2017. Hay esperanza, algo se está cayendo, estructuras que parecían estáticas están tambaleando. Los feminismos resisten articulando acciones políticas para una anhelada transformación, urgente y necesaria, esa que nos permita poder decidir sobre nuestros cuerpos, ser libres, sin miedos.