La masacre de San Miguel del Monte tiene vinculación directa con las políticas de seguridad impulsadas por el Estado, con “la instalación de una idea de orden muy autoritaria”, aseguró en diálogo con este diálogo la abogada Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Es importante pensar este caso en términos políticos, que significa entender que estos casos son consecuencias de políticas que toleran o incentivan ese modo de hacer policial, y que es un modo históricamente muy violento”, señaló. Ese planteo, añadió, también tiende a relevar de responsabilidades a políticas a las autoridades que, sin embargo, son quienes lo impulsan.

-Cuando se plantean mensajes de que la policía tiene que intervenir de cualquier modo, aun cuando el planteo de las autoridades políticas tenga que ver con que lo racional es que intervengan de forma muy dura respecto de la criminalidad, con la idea de generar una situación de mayor seguridad para todos, el planteo des-responsabiliza a la policía y las autoridades políticas ante esa forma de intervención muy violenta. El planteo tiene que ver con la instalación de una idea de orden muy autoritaria, según la cual el Estado viene a generar orden con las fuerzas de seguridad, a disponerlas masivamente por todos lados y a que tengan la posibilidad de intervenir.

-Ese planteo, además, en algún sentido postula que existen fuerzas de seguridad impolutas, con procedimientos incuestionables.

-Es que va de la mano una cosa con la otra: el planteo es de una idea de seguridad muy autoritaria, donde lo que se está dando son valores, mensajes en el sentido de que la intervención policial violenta, por más que cause afectación al derecho a la vida, está justificado por la idea de seguridad. Es una propuesta política que parte de ahí. La propuesta del Estado en relación con la construcción de autoridad y la política de seguridad no puede partir de ese presupuesto de orden autoritario. Si parte de ahí, lo que se generan son situaciones de mayor violencia. Es el Estado el que genera los hechos de violencia, que terminan en situaciones que las propias autoridades políticas se ponen a lamentar como si fueran hechos desconectados de la política. No se pueden des-responsabilizar las autoridades políticas por hechos que son consecuencia de sus propios planteos. Entendemos que es correcto que se haya separado de la fuerza a los policías que intervinieron, sin duda, pero eso hoy no es lo principal. La individualización de los policías responsables tiene que ir acompañado de la responsabilidad política por las muertes. Hay responsabilidad política por esas muertes, tiene que ver con el hecho de haber planteado la situación de seguridad asociada a un orden muy autoritario, que se des-responsabiliza de la violencia estatal. Eso quiere decir que hay vidas que importan y vidas que no importan.

Litvachky señala que, ante planteos sobre la discusión en torno a políticas de seguridad democráticas y límites a la actuación policial, la respuesta es una manipulación: “Se confronta diciendo que en realidad lo que queremos es que no haya construcción de autoridad, no haya política de seguridad alguna. Se busca armar una contraposición absoluta”. Así, el diálogo en vistas a modelos no autoritarios de seguridad queda obturado.

-El planteo nuestro, en la discusión a nivel nacional y provincial, es que la construcción de políticas de seguridad democráticas tiene que apostar al derecho a la vida. El Estado tiene que dar ese mensaje. No puede pasar que se propongan políticas que van en la orientación contraria, y que cuando causan muertes como las de San Miguel del Monte, que ahora no pueden explicar, lo tomen como hechos trágicos propios de un accidente de tránsito. Aparece una cuestión muy clara de querer buscar algún tipo de empatía con el dolor de los familiares, pero no de rendir cuentas realmente de lo que vinieron haciendo estos años y cómo fueron abonando la idea de que la protección de la vida, de los derechos humanos implicaba una desprotección para todas las personas. Este hecho demuestra lo contrario: que una propuesta de seguridad como esta lo que hace es que todos tengamos miedo de la policía. Es un orden muy asociado al miedo, a la sospecha.

-Anoche, en un programa de televisión, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que “todo lo que se construyó en el caso de Arruga se demostró que era mentira”.

-Me parece que ella está intentando generar una provocación. Que justamente haga esta contraposición entre “nosotros somos la autoridad y ustedes, los que plantean que hay que respetar los derechos humanos, en realidad lo único que quieren es culpar al policía en todos los casos” es político. Esa construcción argumentativa es política, sostiene que los derechos humanos no protegen a las personas y están en contraposición con cualquier política de seguridad posible.

-La ministra dio información errada sobre el caso.

-Creo que se toma de casos que pueden generar controversia, y con falta de respeto por el dolor de las familias. Por un lado, juega con el dolor de esas familias, y por el otro, quiere generar una estigmatización, un etiquetamiento de las organizaciones de derechos humanos, que según ella mienten, frente a ella, que tiene esta “verdad”. Se trata de una confrontación que no tiene sentido. Lo importante es el debate político: quién es responsable de estas muertes. Ella intenta poner en discusión casos donde la sociedad argentina se movilizó pidiendo justicia, y lo hace en vistas a un caso donde va a pasar lo mismo. La sociedad argentina se va a movilizar por la masacre.

-En San Miguel del Monte, ya lo hizo: por eso se logró desarmar la versión policial.

-Se movilizó, sí. Lo importante es que ahora el Estado responda en términos de representación de autoridad, que haya responsabilidades políticas y se explique cómo va a hacer el Estado para respetar los derechos, para que las personas no tengan miedo de lo que pueda hacer la policía. El punto también es qué tipo de reparación plantea el Estado para las familias de Luciano Arruga, de Santiago Maldonado, de estos chicos, en casos en los que el Estado es responsable de lo que les pasó. La ministra tiene que dar una respuesta reparadora a las familias, no echarles la culpa, decir que mienten y ponerlas en contraposición. Es irresponsable y doloroso, es injusto con esas familias.

-¿Cree que va a suceder?

Las muertes no se pueden reparar, pero creo que el desafío político es construir esa respuesta, incidir para que se construya. También para que la larga historia de activismo antirrepresivo, de militancia antirrepresiva en Argentina vaya construyendo una respuesta reparadora para las familias. Esto tiene que permitir una reflexión social y política sobre la relación del a policía con la sociedad: ¿qué le pedimos a la policía?, ¿qué toleramos que haga la policía?, ¿cómo pretendemos que funcione? El gobierno de la provincia de Buenos Aires tuvo algunas intervenciones interesantes, al menos en lo que refiere al trabajo de Asuntos Internos, en hacer sumarios e intervenir en algunos casos de corrupción de la Policía Bonaerense. Es importante intervenir en ese sentido. El planteo político en relación con la Bonaerense es que no se puede escindir la discusión sobre sus vínculos con la ilegalidad de la discusión sobre su actuación violenta.