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El Estado siempre interviene en la economía, aun con los gobiernos más liberales. El italiano Antonio Gramsci decía que “el laissez faire es una forma de ‘regulación estatal’, introducida y mantenida por medios legislativos y coercitivos. Es una política deliberada, consciente de sus propios fines, y no una expresión espontánea y automática de los hechos económicos”.
Más allá de eso, el reto es mayor para los gobiernos de signo nacional-popular. La mitigación de las desigualdades de mercado requiere un Estado activo y capaz. Mejorar la calidad de intervención pública es una tarea lenta y mayúscula.
Eso implica el fortalecimiento de dimensiones internas (capacidades administrativas y financieras) y externas (autonomía de la burocracia en relación a los grupos de poder).
Por caso, la consecución de un elevado grado de autonomía estatal es uno de los rasgos centrales del elogiado modelo coreano. Esa fue una de las condiciones necesarias para disciplinar a los actores económicos.
La desmedida influencia privada en el proceso de decisiones públicas es objeto de estudio académico desde hace tiempo.
Las sociólogas Ana Castellani y Paula Canello explican en Conflicto de intereses y riesgos de captura de decisión estatal que “las investigaciones señalan que aquellos funcionarios que registran experiencia previa en el sector privado dentro del área que les toca regular, se verán más inclinados a favorecer a este sector y sus empresas que aquellos que no poseen ningún tipo de vinculación pasada; y que, además, la visión de los individuos depende tanto del cargo que ocupan en la actualidad como los que ocuparon previamente y ocuparán en el futuro”, publicado en Revista FIDE.
El desembarco de ejecutivos en la función pública, o viceversa, es un foco potencial de conflictos de intereses. Por eso, organismos internacionales (Ocde, Transparencia Internacional) vienen emitiendo una serie de recomendaciones para minimizar los riesgos de esa “puerta giratoria”. Una de ellas es la implementación de períodos de “enfriamiento” previos y posteriores a ocupar determinados cargos.
En esa línea, la mayoría de los países centrales establecieron regulaciones. “En Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Países Bajos, por ejemplo, se estableció una espera de dos años posteriores a dejar el cargo público para volver a trabajar en un área vinculada al sector privado. En 31 estados de Estados Unidos se regulan períodos de ‘enfriamiento’ antes y después del ejercicio de la función pública. En Canadá el período posterior es más prolongado, de 5 años, y existe un código estricto con veinte recomendaciones para evitar conflictos de intereses. En Francia existe una Comisión de Etica Pública que analiza los pasos posteriores de los funcionarios y hay normas que establecen un período de enfriamiento de hasta dos años posteriores a dejar el cargo público”, explican Castellani y Canello.
En Argentina, la Ley de Etica Pública preveía un período de “enfriamiento” de un año. Sin embargo, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, impulsó la remoción de esa traba en 2001.
El 24 por ciento de los funcionarios nacionales más importantes del macrismo ocupaba un cargo en el sector privado al ser convocados para integrarse al gobierno, según revela el último trabajo del Observatorio de las Elites Argentinas (Idaes- Unsam). Esa incorporación hubiera sido imposible de haberse mantenido las previsiones originales de la Ley de Etica Pública sancionada en 1999.
@diegorubinzal
