La seguridad pública está priorizada en la agenda de campaña en Santa Fe, pero no de la manera que los electores esperarían. Por eso los que hasta ayer estuvieron juntos en el tema, hoy parecen esos borrachos que empiezan a desconocerse con el correr de la noche. Es lo que pasó esta semana entre Patricia Bullrich, el gobernador Miguel Lifschitz y el ministro Maxiliano Pullaro. La ministra de Seguridad de la Nación no dudó en cargar sobre el gobierno santafesino la responsabilidad por el vergonzoso resultado del megaoperativo federal que ella misma vino a anunciar en una conferencia en el Parque Urquiza rodeada de fuerzas federales y candidatos de Cambiemos. No quedó ni un solo detenido de la docena que se anunció ese día y se comprobó que ninguna de las armas secuestradas había sido utilizada en las balaceras contra edificios públicos y domicilios de funcionarios judiciales.

"No hay que hacer show con la seguridad", recomendó el gobernador Lifschitz. Pero Pullaro le dio un giro inesperado a su respuesta: "Bullrich con sus declaraciones beneficia al kirchnerismo que en Santa Fe es (Omar) Perotti, porque no pueden levantar a su candidato. (José) Corral está hundido en las encuestas". Es claro que además de ser ministro, Pullaro es también candidato a diputado provincial en la lista que encabeza el propio Lifschitz.

La relación del socialismo con el macrismo siempre ha sido sinuosa. Hasta hace poco Bullrich y Pullaro se entendían en todo. Incluso el funcionario provincial aprobó la decisión de Nación de adquirir las polémicas pistolas Taser para dotar a la policía. En medio del proceso electoral entraron en conflicto. Parece un espejo de lo que pasa en la ciudad: los concejales de Cambiemos le votaron todos los aumentos de transporte y TGI al Ejecutivo; y ahora que vino la campaña el PRO se opone a otorgar un mínimo aumento en la tarifa de taxis que, según los costos oficiales, ya vale el doble de lo que se cobra hoy. No son las únicas fuerzas políticas que se comportan de esta manera y hasta parece natural, pero en seguridad estos vaivenes son más delicados.

La difusión del chat entre el falso abogado y espía inorgánico Marcelo D'Alessio y el celular de Bullrich compromete de hecho a la ministra que había negado la relación con el incómodo personaje. Pero también da pistas de que por lo menos hay algunas investigaciones que no se hicieron en Santa Fe. Una de las conversaciones que se hizo pública reveló que D'Alessio le informa a la ministra de Seguridad que existe una casa en el country Puerto Roldán que pertenecería a un narco y que estaba siendo custodiada por policías: "Están reemplazando a los soldaditos con policías", le escribe D' Alessio a Bullrich. ¿Es una información o una mera operación política? ¿qué otros datos de ese tenor contiene el teléfono del falso abogado? Lo que se sabe también es que el espía estuvo en el juicio a Los Monos en Rosario y se interpretó rápidamente que preparaba junto a integrantes de la banda presa alguna maniobra contra el gobierno socialista. Pero no avanzó más ese tema que parece destinado a engrosar la lista de interrogantes que nunca tuvieron respuesta en torno al desarrollo del narcotráfico en la zona.

El peronismo se dispone a exponer los desaciertos en la seguridad pública del gobierno santafesino y tiene para entretenerse. Pero tampoco accede a las supuestas sospechas de todo tipo que hay alrededor del tema y no muestra verdaderos cuadros técnicos en la materia. Sólo tiene el beneficio de la duda de cómo sería su actuación en un asunto tan delicado para la provincia que tiene características propias aquí no sólo por las ventajas geográficas que ofrece el territorio, sino también -muchos creen- por su estructura financiera que ha permitido supuestamente el blanqueo de enormes cantidades de dinero malhabido. Sobre este último punto, el silencio es abrumador.

Y finalmente está la policía. Corrompida, sin conducción y tironeada en medio de los vaivenes de la política. Un día el discurso del estado dice que está bien tirarle a un delincuente desarmado o por la espalda y otro día esos policías van al banquillo. Pasó recientemente en Rosario. El ministro Pullaro avaló el accionar de los policías en el caso de la pareja muerta a tiros en 27 de Febrero y Buenos Aires. Pero el ministro al menos se apresuró: el video de las cámaras de la zona muestra que uno de los policías se acercó a la pareja ya herida y le disparó a corta distancia, cuando ambos ya estaban controlados. La chica y el joven murieron horas después en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez. El joven estaba armado, sí, pero con un viejo revólver que sólo le permitió hacer un disparo antes de caer acribillado. Pero es la clara escena del remate la que condenará a uno de los uniformados.

En toda esta historia, los fiscales permanentemente hostigados por las urgencias de la política, son los que realmente hacen el trabajo a favor de la sociedad aunque sólo se lleven reproches generalizados. Fueron los fiscales los que tuvieron que liberar por falta de pruebas a todos los detenidos que capturó Bullrich por las balaceras en Rosario y fueron también los que tienen presos a los verdaderos tiradores. Y los que establecieron que ninguna de las armas secuestradas en el megaoperativo federal había sido utilizada para cometer los atentados.

También fue un fiscal el que puso en caja a un abogado defensor de uno de los policías de la ejecución en 27 de Febrero y Buenos Aires. El letrado quiso hacer ver que las propias cámaras del Ministerio de Seguridad estaban disponibles para la tarea policial y el fiscal lo interrumpió para decir que esas mismas cámaras están para la seguridad de toda la sociedad.

Cada vez que el poder político no resuelve un caso delicado carga contra la justicia. Es también una estrategia de campaña pero de muy baja calidad y alta peligrosidad.