En estos días de fervor patriótico, y con el optimismo generalizado en el ánimo popular, es cierto que pueden no ser gratas algunas alertas. Pero tampoco cabe desdeñarlas si sobrevuelan la elección que se avecina. Por eso, no se trata de rebajar el entusiasmo que desató CFK al anunciar la fórmula electoral, pero sí corresponde llamar la atención –una vez más– de quienes acaso no comprenden la extrema gravedad del fraude electrónico que parece preparar el macrismo para los comicios del 27 de octubre.

Como sus antepasados de la primera década infame, cuando impusieron el cínicamente llamado “fraude patriótico”, la dirigencia de Cambiemos alista el pollo para hacérselo tragar a millones de argentin@s. Ya se verá si lo consiguen, pero sus tejemanejes son elocuentes.

El Decreto 45/2019 publicado el 11 de enero en el Boletín Oficial habilitó el voto por correo a los argentinos que viven en el exterior, con el propósito de brindar “una solución” a quienes viven en el extranjero y se encuentren imposibilitados de presentarse en el lugar de votación”. Este beneficio alcanzaría a más de 360 mil residentes en el exterior.

Sin sutilezas, a comienzos de mayo la jueza federal Servini de Cubría declaró inconstitucional ese decreto, accediendo a la demanda de Jorge Landau, apoderado del PJ, quien razonó que “si cualquiera que va a votar debe hacer cola, y mostrar el documento a los fiscales y autoridades de mesa”, es “un disparate” que 360 mil ciudadan@s sean autorizados a votar por correo, en sobres no fiscalizados y sin controles de identidad.

No fue la única maniobra macrista. Otro decreto adelantó en varios días el voto de 4 mil presos que siempre sufragaron en simultáneo con el resto de la población. Y otro decreto anticipó hasta en 12 días el voto de efectivos de seguridad abocados a la elección. También fueron frenados, pero no se quedaron ahí. Mucho más grave fue la noticia, la semana pasada, del no empadronamiento (o sea, imposibilidad de votar) de más de un millón de jóvenes argentin@s de entre 16 y 18 años. Los cuales según todas las encuestas son el sector etario que más repudia a Macri.

A lo anterior hay que sumar las reiteradas alarmas de reconocidos especialistas que son censuradas por los medios oficialistas. Según ellas, el 27 de octubre el fraude será tecnológico y no necesariamente se hará en el centro de cómputos del Correo Central, sino adulterando los patrones de imágenes de las actas de escrutinio de cada urna escaneada, en cada escuela donde se vote. Los datos fraguados se transmitirán no por telegrama como siempre se hizo, sino a un servidor capacitado para cambiar cifras y desde ahí retransmitirlas al Correo. 

Sospechada y repudiada en varios países, la empresa dizque venezolana Smartmatic –contratada por el Gobierno– escaneará y transmitirá los votos de las escuelas al centro de cómputos desde unas 15 mil netbooks. Esta empresa, sostiene Ariel Garbarz, ya “fue imputada en Estados Unidos, Venezuela, Bélgica, Uganda y Filipinas por hackear y cometer fraude electoral. Su software es inaccesible a los veedores informáticos”. 

Y en efecto, el fraude electrónico ya fue probado y rechazado en países como Alemania, donde la Corte Constitucional Federal falló –en marzo de 2009– que: “El principio básico de elección pública requiere que todos los pasos materiales de la elección estén sujetos al escrutinio público”, y por ello “cuando se utilizan máquinas de votación electrónica, los pasos esenciales de la votación y el análisis de resultados deben poder verificarse de manera confiable y sin ningún conocimiento especial por parte de los votantes”.

La Corte alemana fue aún más lejos en la cancelación absoluta del voto electrónico: “La necesidad de control resulta no menos importante, en vista de la manipulabilidad y la tasa de error de las máquinas de votación”. Y es que el resultado del voto electrónico se basa en procesos computacionales que no son verificables desde el exterior y menos por personas no especializadas. Los errores de software de las máquinas de votación son por eso muy difíciles de observar. Y pueden afectar no solo a una computadora, sino a todos los dispositivos utilizados. 

Está probado que en las elecciones convencionales la manipulación de boletas y el fraude electoral apenas son posibles, o con riesgo de detección muy alto. En cambio, la manipulación de máquinas de votación puede ser determinante. Y es mayor el rango de errores que pueden causar los cambios en los dispositivos y/o el mal funcionamiento del software.

Por eso, la Corte germana estipuló que: “El votante debe ser capaz de comprender, revisar y seguir, incluso sin conocimientos informáticos y tecnológicos, si su voto servirá como base de un conteo general sin adulteración”. Y más: “No es suficiente para confiar si solamente un anuncio electrónico le informa que su voto ha sido registrado. Esto no permite un control suficiente por parte del elector”. 

Hoy la sociedad argentina conoce la posibilidad de fraude. Lo preparan desde hace rato, y van dejando huellas. Entonces lo que no se explica es cómo eso no está asumido como el mayor riesgo para la democracia. Porque es obvio que se va a detectar el fraude y será denunciado, pero cuando la Justicia actúe, mucho después del carnaval televisivo de las 9 de la noche, ya será tarde. Ninguna elección se anula tiempo después, por más denuncias y reclamos que se hagan.

Es extraño que a pesar de las alertas apenas se han presentado unos pocos recursos preventivos que han de dormir en juzgados sumisos a la justicia con minúsculas que cogobierna este país. Por eso mismo en El Manifiesto Argentino no arriamos las banderas que plantamos hace años: Nueva Constitución Nacional como contrato social refundador; democracia participativa y no sólo representativa; creación de un Servicio Nacional de Justicia con renovación total de la judicatura mediante concursos de antecedentes y oposición; y nueva Corte Suprema refrendada por voto popular, con 10 años de mandato y no reelección.