2500 trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires, la mayoría de ellos auxiliares docentes, lograron el pase a planta permanente. Venían de sostener paros y movilizaciones con la Asociación de Trabajadores del Estado, en reclamo de su estabilidad. El año electoral, como ya se vio con la paritaria de los maestros, les jugó a favor para que la gobernadora María Eugenia Vidal buscase a apagar nuevos focos de conflicto.

El grueso de estos auxiliares se desempeña en escuelas, cumpliendo tareas para el servicio de alimentación de los alumnos y la limpieza de las aulas. Estaban contratados bajo la figura de temporarios mensualizados, por lo que su continuidad laboral dependía cada año de una nueva renovación. Del total que la provincia se comprometió a reconocer en 2019, todavía faltan 1.780 pases más, que se deberían concretar en los próximos meses.

Los blanqueos buscan revertir las consecuencias de las políticas de ajuste impulsadas provincia por Vidal, que en 2015 inició de su gestión en la provincia con el despido 4000 estatales, el congelamiento las paritarias municipales y la suspensión el proceso de titularización que el sindicato había acordado la gobernación anterior.

“La garantía de los pases a planta tiene que ver con un proceso de lucha que incluyeron los paros del 5 y 6 de marzo, movilizaciones a la Casa de Gobierno, la protesta histórica del 5 de abril que hicimos en unidad con varios gremios estatales. El cerco electoral que hoy tiene la gobernadora le deja poco margen. La imagen de Mauricio Macri empieza a dañarla. Lo que hemos logrado es mantener el reclamo en la agenda pública a lo largo del tiempo, para avanzar en momentos como este”, consideró Oscar de Isasi, el titular de Ate Bonaerense, al confirmar la noticia.

Al mismo tiempo que los pases a planta, la provincia extendió por un año la vigencia de la Ley de Emergencia Administrativa, por lo que de 4 mil contratados como autónomos tendrán continuidad laboral por un año más, aunque no serán pasado a planta permanente. Se trata de trabajadores que fueron tomados por el Estado a partir de 2016, con modalidades de precarización habilitadas por esa ley, que habilitó la figura del “becario”. En el caso de la educación, bajo esta modalidad hay maestros mayores de obra, técnicos, arquitectos; y personal que antes dependía de la Unidad Ejecutora provincial encargada del mantenimiento de los edificios escolares, disuelta por la provincia a principios de 2018.

Si el número de los nuevos precarizados sugiere, por su magnitud, que hay más trabajadores del Estado, en ATE lo desmienten. “La provincia de Buenos Aires es la que menos cantidad de estatales tiene en relación a su número de habitantes. Es una provincia que tiene en su interior una de las deudas sociales más grandes, que se comenzó a generar en los 90 y todavía no fue saldada. Tiene niveles de pobreza muy altos y por lo tanto necesita de la intervención del Estado, especialmente en las áreas sociales. Sin embargo, a pesar de eso, la relación entre jubilaciones y nombramiento de personal es asimétrica. No nombran un nuevo trabajador por cada uno que se jubila, con lo que el personal de la provincia de Buenos Aires se reduce permanentemente. Tenemos una grave crisis de falta de personal en todos los niveles del Estado”, aseguran.

El gremio, que adhirió al paro general del miércoles, cumplirá en la provincia una huelga de 48 horas desde un día antes. Su reclamo central es por la reapertura de la paritaria, que el sindicato con personería gremial UPCN acordó en un 28 por ciento de aumento salarial, en cinco cuotas.