A pesar de que la Argentina cuenta con una Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes desde el mes pasado, 14 años después de la sanción de la ley 26.061, la designación definitiva de la abogada Marisa Graham todavía no se concretó porque resta la ratificación de las cámaras de Senadores y Diputados. El problema es que hay un plazo de caducidad en su nombramiento de 180 días y el reloj ya empezó a correr desde el 5 de mayo, cuando el pliego fue elevado por la Comisión Bicameral. La situación llevó a los once postulantes finalistas del concurso público, quienes compitieron con Graham en el proceso que inició en 2017 y terminó este 25 de abril, a reclamar que se trate su nombramiento “con urgencia” en ambas cámaras del Congreso, ante “la gravedad de las problemáticas que atraviesan la infancia y la adolescencia de nuestro país”.
Los nombramientos de Graham y de los defensores adjuntos Juan Facundo Hernández y Fabián Repetto todavía no fueron refrendados por el Congreso para que la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, que ya tiene presupuesto asignado, entre en funciones. En caso de que eso no se suceda, su nominación quedaría caduca y debería abrirse otro concurso público el año que viene, con una nueva conformación legislativa.
“Si no se cumple la designación, la Ley indica que hay que volver a hacer todo de nuevo, algo que a nosotros nos costó 14 años hasta este momento y la realidad es que este es un tema urgente”, explicó a Página/12 Rodrigo Robles, abogado de la Asociación Civil de la Igualdad y la Justicia e integrante del colectivo Infancia en Deuda, que integran 14 organizaciones en defensa de los derechos del niño.
Para evitar que eso suceda, los once contrincantes de Graham en el concurso enviaron una carta dirigida a la diputada Samanta Acerenza, presidenta de la Comisión, para que agilice los trámites “a fin de que se proceda su designación definitiva”.
“La gravedad de las problemáticas que atraviesan la infancia y la adolescencia de nuestro país y que se agravan día a día exigen la inmediata puesta en marcha del máximo organismo de control previsto en la ley”, escribieron en la carta.
En ese mismo sentido, el colectivo Infancia en Deuda envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, a la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Michetti, y a las autoridades de todos los bloques para aliviar “la acuciante situación de la niñez en Argentina”. Al tiempo que los cinco defensores y defensoras provinciales de Córdoba, La Pampa, Misiones, Santa Fe y Santiago del Estero también solicitaron a ambas cámaras que “se convoque prontamente a la Asamblea Legislativa para que el nombramiento de estas autoridades pueda ser efectivo”.
La figura del Defensor/a de Niñas, Niños y Adolescentes fue creada en 2005 por la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de proteger y visibilizar sus problemáticas y priorizar sus derechos en la agenda de políticas públicas. El concurso público que le sucedió fue inédito, a través de “un riguroso proceso de selección, que incluyó la realización de un examen que solo aprobó un acotado número de postulantes al cargo”, según aclaró Infancia en Deuda.
La abogada Alicia Susana Guerrero Zarza, que se presentó para el puesto, contó que para poder estar dentro de los quince designados tuvo que superar distintas instancias para evaluar su capacidad y preparación en el tema. El órgano legislativo admitió en una primera instancia a 68 postulantes, de los cuales quedaron quince, quienes tuvieron que presentar un Plan de Trabajo Nacional personal y someterse a las preguntas de los senadores durante una audiencia.
"Puedo asegurar que quedamos los que estábamos mejor preparados, con mayor formación y experiencia en la gestión. Lo que es muy lamentable es que ahora estemos de nuevo bajo el peligro de que el proceso no termine por esta formalidad", manifestó a este diario al resaltar el "esfuerzo" de todos los postulantes. "Lo importante es el funcionamiento de esta institución nueva, inigualable, es una necesidad de primer orden por todo lo que vemos que padecen niños y adolescentes", agregó.
La Defensoría tiene una doble función y un rol importante en el contexto actual, en el que según UNICEF, el 42 por ciento de los niños, niñas y adolescentes en Argentina viven bajo la línea de pobreza. Robles puntualizó que la Defensoría “funciona como un órgano de control de la protección integral de la niñez y de las políticas públicas que se ejecutan por parte de los organismos del estado”. Además de controlar el cumplimiento de todas las leyes, tiene como función la producción de informes sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes en el país. “La situación de pobreza que afecta especialmente a niños, niñas y adolescentes genera una privación de derechos particular y por eso la designación tiene que ser urgente”, insistió el abogado.
Las organizaciones creen que para que la designación se efectivice hace falta voluntad política de todos los partidos, que se genere el mismo consenso que permitió que se aprobara la nominación de Graham por unanimidad a mediados del mes pasado. “Para nosotros, lo fundamental es que esto trascienda la cuestión partidaria, el contexto de las elecciones, porque la Defensoría es parte de la institucionalidad del país. Tiene que trascender esta gestión y la que viene porque tiene que ser una política de Estado”, subrayó Robles, quien hizo un llamado a los jefes de todos los bloques a “un trabajo de concientización” para que respondan a su mandato constitucional.
"No es lo mismo que ocurra el año que viene porque no van a ser los mismos legisladores y por los datos alarmantes de la situación de pobreza estructural que estamos viendo. La verdad es que al defensor habría que haberlo designado hace doce o trece años. Faltando tan poco, es imperdonable que quede en la nada", completó Guerrero Zarza.
