Los casos de trabajadores de Mercedes Benz que fueron secuestrados, torturados y desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar son los primeros que empezaron a analizarse en el cuarto juicio que se lleva a cabo por la megacausa Campo de Mayo, con una troupe de veinte acusados, todos ellos integrantes de las fuerzas de seguridad en años de terrorismo de Estado. “En estos casos no son los únicos responsables”, destacaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, que participa del debate como querella institucional, en busca no solo de las responsabilidades castrenses, sino también de las civiles. “El relato de los testigos sumará pruebas para demostrar que los trabajadores de Mercedes Benz fueron víctimas por su militancia gremial dentro de la empresa y que los delitos cometidos en su contra no pudieron haberse llevado a cabo sin la complicidad de los empresarios”, destacó el abogado del organismo, Federico Efron.

Son seis los empleados de la planta automotriz que fueron secuestrados, torturados y desaparecidos durante la última dictadura: Alberto Arenas, Juan José Mosquera, Jorge Leichner Quilodran, Alberto Gigena, Diego Núñez y Fernando Del Contte. Uno más, Héctor Ratto, fue torturado y mantenido cautivo de manera ilegal entre agosto y noviembre de 1977, cuando fue “blanqueado” en la comisaría de Ramos Mejía, donde permaneció detenido hasta 1979. Es el único sobreviviente. Todos esos casos integran una de las 169 causas que serán ventiladas a lo largo del megajuicio que comenzó hace poco más de un mes en los tribunales federales de San Martín.

“Esta causa tiene una parte, por la que están imputados militares, que fue elevada a juicio, la que estamos transitando ahora. Y otra, que contiene mucha prueba y que ya está en condiciones de continuar con indagatorias y posterior elevación a debate, que está paralizada”, apuntó Efron, en diálogo con este diario. Esa otra parte, al igual que la primera, en manos de la jueza federal de instrucción de San Martín Alicia Vence, es la que involucra a quienes durante los años de represión ilegal ocuparon altos cargos en la planta automotriz. Se trata de Rubén Pablo Cueva, gerente de Asuntos Jurídicos, y de Juan Ronaldo Tasselkraut, quien fue hasta hace no muchos años gerente de Producción. Por eso, la importancia de los testimonios que se presenten durante esta etapa tiene una importancia doble: “Primero porque va a permitir probar la responsabilidad de los militares, pero también permitirá reforzar las pruebas que ya existen en la instrucción y darle un nuevo impulso a esa otra investigación”, remarcó el abogado del CELS.

Son una treintena los testigos que desfilarán ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, que juzga a 22 represores vinculados a Campo de Mayo. Por el tramo referido a los crímenes que sufrieron los trabajadores de Mercedes Benz están acusados Santiago Riveros, Eugenio Guañabens Perelló, Miguel Castagno Monge, Carlos José Somoza –todos ellos fueron condenados en otras causas–, Carlos Francisco Villanova y Benito Angel Rubén Omaecheverría. Es la primera vez que éste enfrenta un juicio oral por su participación en la represión ilegal de la última dictadura. Además de Ratto, que por el momento experimenta algunos achaques de salud pero se prevé que testifique, y la investigadora especialista en complicidad civil empresarial con el terrorismo de Estado Victoria Basualdo, hablarán durante las audiencias familiares de las víctimas y ex trabajadores de la planta que “se salvaron de casualidad” de secuestros y torturas. La semana pasada declararon Julio D’Alessandro y Eduardo Estivill Navarro, dos ex trabajadores; Silvia Graciela Núñez y Mirta Arenas, hija y hermana de dos obreros secuestrados. “Nos parece que es un caso muy importante ya que nos permite reponer en el centro de la escena la responsabilidad empresarial en estos delitos, algo con lo que se buscó avanzar en el marco del proceso de memoria, verdad y justicia, pero que rápidamente perdió fuerza”, puntualizó Efron.

El caso de Mercedes Benz es similar al de la automotriz Ford, donde los integrantes de la comisión gremial interna fueron secuestrados en la misma empresa durante la última dictadura y torturados, dos de ellos permanecen desaparecidos y varios otros pasaron años en la cárcel. En ambas plantas, los trabajadores insistieron desde fines de la década del 60 en conformar comisiones internas independientes de los gremios cabecera –Smata– para poder profundizar los reclamos salariales y por mejoras en las condiciones laborales. Los crímenes de lesa humanidad sucedidos contra trabajadores de Ford recibieron una reparación judicial en diciembre del año pasado, cuando resultaron condenados dos ex gerentes de la planta que la automotriz mantenía en funcionamiento en General Pacheco, al norte de la provincia de Buenos Aires.

En este sentido, “la prueba que surgió durante la instrucción y que buscamos confirmar en este debate es manifiesta en relación a la participación de la gerencia de Mercedes Benz en la persecución a trabajadores comprometidos con la lucha gremial”, sostuvo el abogado del CELS. En el expediente figura que Ratto fue testigo del momento en que uno de los gerentes de la fábrica les da a los militares el domicilio de uno de los integrantes de la comisión interna, existen pruebas de la creación, de parte de la empresa y sus dirigencia, de “listas negras” en las que los trabajadores eran identificados según su rol en las luchas gremiales, había presencia de las Fuerzas Armadas dentro de la planta e incluso infiltrados entre el cuerpo de trabajadores. “La empresa se veía directamente beneficiada con los secuestros de los trabajadores comprometidos. Necesitaba que su producción, centrada en camiones para el Ejército, no fuera interrumpida”, apuntó Efron.

Este miércoles, si el TOF 1 logra garantizar la llegada de las partes a la sala de debate a pesar del paro general anunciado desde hace varias semanas, declararán familiares y compañeros de trabajo vinculados con Gigena, uno de los seis trabajadores desaparecidos de la automotriz.