El aumento del precio del misoprostol dificultad el acceso de las mujeres a la salud, de acuerdo con un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria (FSS) y el centro de estudios Proyecto Generar (PG) que indaga acerca de las principales causas de los egresos hospitalarios de mujeres en edad fértil y el acceso a la droga utilizada para practicar abortos medicamentosos.

El encarecimiento de la droga, que en su presentación comercial más común costaba 330 pesos en 2012 y se vende a 5875 ahora, es un obstáculo para las mujeres y personas gestantes a la hora de acceder a la interrupción del embarazo, señala el estudio.

Entre 2005 y 2015 –fecha del último dato disponible de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud dependiente de la hoy Secretaría de Gobierno de Salud– el 58 por ciento de los egresos hospitalarios de mujeres que se encuentran en edad fértil (de 15 a 49 años) “corresponden a motivos relacionados con procesos reproductivos”, aseveró el estudio. Estas salidas del hospital, aclaró el documento, pueden “darse por alta médica, traslado a otro establecimiento, defunción, retiro voluntario del/a paciente u otro”.

La FSS sostuvo que sólo el 6,8 por ciento de los egresos hospitalarios están vinculados con las prácticas de aborto y que entre 2005 y 2015 se registró un descenso de 40 puntos porcentuales de egresos por interrupciones de embarazos. Mientras que en 2005 el 8,7 por ciento de los egresos hospitalarios se vinculaban con abortos, en 2015 ese porcentaje disminuyó a 5,3 por ciento. Sin embargo, el informe señaló que, debido a que la práctica se realiza en la clandestinidad, es difícil acceder a datos que permitan saber con exactitud qué cantidad de abortos se practican en Argentina y cuántas mujeres mueren por abortos mal realizados.

“En Argentina la interrupción del embarazo es legal por causales, y el país tiene la obligación de eliminar las trabas a los abortos no punibles, avanzar en su legalización y de evitar y bajar los riesgos por abortos inseguros”, aseguraron desde la FSS y el PG. El informe explicó que el Código Penal sancionado en 1921 “establece causales de aborto legal”, cuando el embarazo es producto de una violación o está en riesgo la vida o la salud de la mujer.

“El fallo FAL de la Corte Suprema aclara el marco general del derecho al aborto, en tanto define que en las situaciones enumeradas es el Estado el que tiene la obligación ‘de poner a disposición de quien solicite la práctica, las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura’”, señaló en el informe.

Según FSS y PG, tanto el misoprostol como la mifepristona deben tener “un precio asequible para la población” y, de acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la forma de garantizar el acceso es “relacionando el costo de un ciclo de tratamiento completo (12 comprimidos) con el salario mínimo, vital y móvil”.

En septiembre de 2012, el costo del Oxaprost –nombre comercial de la droga– era de 330 pesos y representaba un 12,4 por ciento del salario mínimo vital y móvil. En mayo de 2019, el Oxaprost tiene un valor de 5875 pesos, lo que representa el 47 por ciento de un salario mínimo. Este aumento “afecta a los que menos tienen”.

El informe señaló que en 2014 este medicamento estuvo incluido en el acuerdo de Precios Cuidados, pero el laboratorio que lo fabrica “encontró la manera de sortear ese control introduciendo una nueva presentación al mercado” y así “obligar a las usuarias a comprar más pastillas de las que necesitan, a un mayor precio”.