El abogado de Lázaro Báez desmintió los supuestos audios que buscan involucrar a la familia Kirchner en maniobras de lavado de dinero. “Hacen una operación en base a dichos falsos sobre una escucha ilegal”, dijo a PáginaI12 el abogado de Báez, Víctor Hortel. El empresario afirma que son falsos los dichos que le adjudicaron Luis Majul y la señal de noticias TN sobre el supuesto origen de su dinero. Sin mostrar las transcripciones originales ni tampoco los audios, en los dos espacios televisivos aseguraron que, en supuestas conversaciones entre Báez y su abogada, dijo: “Yo todo lo que tuve es de una sola persona, que está arriba, y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar, quizás, en la forma adecuada que él quiso que lo administrara”, afirmaron que le dijo Báez a su abogada Elisabeth Gasaro.
En caso de que esa conversación haya sido real, su utilización como prueba es ilegal, ya que se trata de un diálogo entre un imputado y su abogada defensora, entre quienes rige el secreto profesional. Pero además, ambos desmienten la existencia y el contenido de esa charla. “Niego absolutamente ese hecho. Hablo con el señor Báez varias veces en el día pero jamás he hablado con él en esos términos y jamás me relató una situación así”, manifestó ayer Elisabeth Gasaro.
El abogado de Báez en la causa Vialidad, Víctor Hortel, afirmó a este diario que “esos dichos son absolutamente falsos. Lázaro y Gasaro aseguran que no existió nunca esa conversación”.
Hortel recordó que las pinchaduras en el penal de Ezeiza deberían haberse destruido por orden del juzgado de San Martín, que investigaba manejos con el narcotráfico desde la cárcel por parte de Mario Segovia, conocido como “El Rey de la Efedrina” y por eso habían pedido las escuchas. “Son absolutamente ilegales. No hay marco jurídico que autorice esas escuchas. El juez Villena ya explicó que deberían haberse destruido. Y eso es responsabilidad de la AFI”.
Cuando el contenido de una escucha ordenada por la Justicia no aporta a la causa que se investiga, debe ser destruida. En este caso, alguien las filtró en lugar de borrarlas como lo establece la ley. Según Hortel, “hacen una operación en base a dichos falsos sobre una escucha ilegal. Hacen siempre lo mismo, son sobres cerrados que llegan debajo de una puerta a las diputadas involucradas en la causa por espionaje ilegal. Es todo una barbaridad”.
–¿Y qué debería hacer la Justicia? –preguntó PáginaI12
–Armar una operación mediática ya no nos sorprende. Pero que sobre eso hagan una causa penal y llamen a indagatorias es tremendo. Y la inactividad de la Cámara Federal es patética. Tendría que ejercer sus facultades de superintendencia para que estas operaciones no avancen. El daño mediático está hecho en pleno año electoral. Pero deberían parar todo esto en la Justicia.
La operación apunta, una vez más, a relacionar a Cristina Kirchner en la causa que investiga las maniobras de lavado de dinero que habría realizado Lázaro Báez. Ese expediente está actualmente cursando el juicio oral, con una veintena de imputados y con el papel estelar del guionado Leonardo Fariña. El juez federal Sebastián Casanello dictó la falta de mérito de la ex presidenta, ya que no había evidencias para sostener que el dinero blanqueado por Báez fuera de ella. Por eso, entre las tantas maniobras para salpicar a la familia Kirchner, Fariña fue preparado por agentes de la AFI para mentir en su declaración como arrepentido y relacionar el lavado con la obra pública. Incluso, en 2016 también aparecieron audios falsos, también supuestamente entre la abogada Gasaro y Báez, en la que el empresario decía que el juez Casanello le había pedido plata para beneficiarlo en el expediente. El objetivo era correr al magistrado de la pesquisa. La Cámara Federal investigó el hecho y determinó que había sido una operación. Incluso fueron condenados por falso testimonio dos presuntos testigos que dijeron haber visto a Casanello en Olivos haciendo gestiones con CFK.
Hasta el momento toda la prueba indicaría que las sociedades que Báez constituyó le pertenecen. Ni Casanello ni la Cámara lograron encontrar pruebas del nexo entre la fortuna del empresario y la ex presidenta, por lo que no está siendo enjuiciada en esa causa.
Tal es el nivel del escándalo por la supuesta conversación revelada que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal emitió un comunicado en el que repudió en duros términos la violación del secreto profesional. “La inviolabilidad del secreto profesional es, amén de una obligación indeclinable, un derecho”, señaló la entidad. Y agregó que “revelar el contenido de una conversación entre un justiciable y su defensa, pone en serio peligro la confiabilidad del sistema de justicia”
