El Ministerio Público Fiscal pidió condenas a prisión perpetua para ocho de los nueve acusados por delitos de lesa humanidad en el cuarto juicio que se desarrolla por los hechos sucedidos en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura. Se trata de la pena máxima posible para los delitos que se les endilgan a estos represores, en su mayoría de la Armada, de rangos medios y bajos cuya participación en el terrorismo de Estado no había sido evaluada por la Justicia hasta este juicio. Entre los argumentos que planteó el fiscal a cargo de la acusación durante el debate, Félix Crous, se trata de represores que a pesar de “conocer” el funcionamiento del centro clandestino en el que fue transformada la ESMA “decidieron seguir perteneciendo al grupo de tareas” que “secuestró, torturó, mató y robó”, que ninguno alegó “falta de libertad de acción” para decidir lo contrario y que, por sobre todas las cosas, “todos decidieron callar”. “No hay modo alguno de imaginar hechos de mayor gravedad”, dijo Crous. “Las víctimas no pudieron ni probablemente podrán recuperarse. Solicitamos a los jueces que esta gravedad quede plasmada en la sentencia a imponer”, remarcó al finalizar su alegato. 

A Crous le llevó tres audiencias de alrededor de seis horas cada una exponer ante el Tribunal Oral Federal 5 las conclusiones que la Fiscalía sacó en relación a los hechos evaluados en el cuarto juicio que se lleva a cabo sobre lo investigado en la megacausa ESMA. En primer lugar, describió el accionar de la Armada, fuerza que tuvo a su cargo la ESMA, así como el funcionamiento del lugar en tanto centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la dictadura. Lo hizo brevemente ya que tales cuestiones fueron descriptas y probadas en los otros tres juicios que, precedentemente, tuvieron lugar para evaluar lo allí sucedido durante el terrorismo de Estado. 

Luego especificó los poco más de 800 casos –entre secuestros, aplicación de torturas, homicidios, desapariciones y robo de bebés– que fueron evaluados en este debate, que comenzó en agosto pasado, y las responsabilidades que, en relación a éstos, le endilgó el Ministerio Público Fiscal a cada uno de los acusados nueve acusados. Finalizó ayer con el pedido de condenas.  

Para la Fiscalía, quedaron probados los cargos con los que los acusados llegaron a juicio en relación con su responsabilidad en casos de privaciones ilegítimas de la libertad, aplicación de tormentos, homicidios, sustracción de la identidad de menores de 10 años y delitos de violencia sexual. Así, solicitó las penas máximas para Horacio Ferrari, quien fue contraalmirante de la Armada e integró el Grupo de Tareas 3.3.2, el grupo de choque de la fuerza vinculado al chupadero, entre marzo de 1977 y enero de 1978; el oficial retirado Carlos Castellví, quien realizó tareas de inteligencia para la patota entre 1979 y 1980; los suboficiales retirados Carlos Carrillo y Jorge Ocaranza, integrantes del grupo entre 1976 y 1977, el primero, en 1979 el segundo, y para los cabos retirados Ramón Zanabria y José Iturri, que pasaron por el 3.3.2 entre 1976 y 1977. 

Crous también solicitó perpetuas para quien en calidad de integrante del Batallón 601 Miguel Conde aportó inteligencia para la patota de la Armada, y para Raúl Cabral, un policía. A Claudio Vallejos, el noveno acusado, quien fue integrante del Servicio de Inteligencia Naval, tan solo pudo el Ministerio solicitar una condena de seis años de prisión debido a que su participación en el terrorismo de Estado a evaluar en el debate se vio limitada por las condiciones en las que fue extraditado desde Brasil, donde permaneció prófugo hasta hace no mucho tiempo. A él solo se lo pudo enjuiciar por un solo caso de privación ilegal de la libertad, el de quien fue embajador argentino en Venezuela, Enrique Hidalgo Solá. Ninguno de los acusados presenció el alegato, que culminó en la sala B de los tribunales de Retiro. 

Para el Ministerio Público Fiscal, existen algunos elementos que permiten sustentar el pedido de penas máximas. En primer lugar, la característica de los hechos que se les imputan a los acusados. “No hay modo alguno de imaginar hechos de mayor gravedad que los que aquí tratamos, las víctimas no pudieron ni probablemente podrán recuperarse”, apuntó. En cuestiones de calificación penal, son hechos “de los más graves” y fueron cometidos, añadió, “con la previsión de la impunidad”. “Son delitos contra la humanidad, quienes los cometieron decidieron ponerse por fuera de la civilización, atentaron contra la humanidad”. 

En relación con los acusados, ninguno de los cuales ocupó, durante los años en los que participó de los crímenes de la ESMA, cargos de poder en la estructura de la fuerza, Crous insistió en que “sin la participación de ellos, los crímenes analizados bajo juicio “no se habrían producido. Ellos constituyeron el eje del funcionamiento del centro clandestino”.

Pese a que los acusados ocuparon escaños medios y bajos en la pirámide jerárquica de la  Armada, el fiscal destacó que “nadie acá intentó probar ausencia de libertad” a la hora de tomar decisiones relacionadas con participar o no de la patota asesina de la fuerza. En cambio, los acusados “conocieron las condiciones” de funcionamiento del centro clandestino, uno de los más grandes que la dictadura habilitó en el país, y aún así “decidieron seguir perteneciendo al sector operativo del grupo de tareas”, consideró Crous. “Probablemente no hayan decidido el cambio de funciones que implicó convertirse en una patota que secuestraba, torturaba, robaba y asesinaba, pero lo cierto es que lo hicieron. Sabiendo que no solo era manifiestamente delictivo, sino de una brutalidad que horroriza –completó–. Pudieron haber tomado otra decisión, irse a su casa, buscar otro trabajo, pero eligieron formar parte de la maquinaria de aniquilamiento que fue la ESMA. Ellos fueron el proletariado del crimen, los trabajadores calificados de la muerte.”  

Para alegar una falta de autonomía que permitiera imaginarlos obligados en su accionar, el fiscal determinó que “primero hace falta hacerse cargo de los actos” pero “nadie se ha hecho cargo de nada, todos eligieron callar”. Y en ese sentido, los calificó de “torturadores”: “Ninguno aportó ningún dato para localizar a los hombres y mujeres desaparecidos, o a los chicos robados. Decidieron seguir siendo torturadores. El pacto de silencio sobre el destino de sus víctimas es su último disfrute, su último poder, su último acto de tortura”. 

El debate continuará el próximo lunes, con los alegatos de las querellas.