Un grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha pedido este miércoles la liberación inmediata de los líderes independentistas catalanes en prisión, en un informe que ha sido cuestionado por el gobierno español. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del organismo internacional considera contraria a los derechos humanos la prisión preventiva dictada contra los dirigentes catalanes Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Los tres elevaron su situación a principios del año pasado a ese órgano, que en sus conclusiones insta a España a poner en marcha una “investigación exhaustiva e independiente” de las circunstancias en torno a la “privación arbitraria de la libertad” de los imputados.
El abogado británico que representa a los políticos catalanes, Ben Emmerson, afirmó en una rueda de prensa en Londres que el Gobierno español no debe ignorar la comunicación del grupo de trabajo. Si lo hace, “estará cometiendo de manera continuada y flagrante una violación de la ley internacional”, sostuvo el letrado, que ha defendido en otros casos al fundador del portal de filtraciones WikiLeaks, Julian Assange.
El Ejecutivo español, por su parte, ha trasladado a la ONU su “malestar” por el informe y ha pedido una auditoría sobre el funcionamiento del grupo de trabajo que lo ha publicado, según indicó el embajador de España en la capital británica, Carlos Bastarreche. El diplomático consideró, en un encuentro con medios de diversos países europeos en su residencia en Londres, que la comunicación del grupo de trabajo supone “una clara interferencia” al proceso judicial que se sigue contra los líderes por la organización de un referéndum independentista en 2017 declarado ilegal. Expresó asimismo su “preocupación” por “el uso de un grupo de la ONU” en lo que considera “una campaña de desinformación”.
Fuentes del Ejecutivo español han puesto en duda por su parte la imparcialidad del documento, al considerar que sus redactores no conocen los delitos de los que están acusados los dirigentes independentistas, entre otros los de desobediencia, malversación y rebelión, que les pueden acarrear entre 17 y 25 años de cárcel. Esas fuentes sostienen que el grupo de trabajo cree que en España es legal la convocatoria de un referéndum de independencia y critican que los autores no tienen en cuenta “el principio de separación de poderes ni la independencia judicial”.
El documento divulgado ayer solicita al Gobierno que le proporcione información sobre las medidas de seguimiento que espera que ponga en marcha respecto a las “recomendaciones” que ha formulado. El grupo pide al Ejecutivo que le proporcione esos datos en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de este dictamen, aunque afirma que se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso.
Para Emmerson, el informe es la “última palabra” de un grupo amparado por la autoridad de la ONU a fin de interpretar las obligaciones que marca la legislación internacional. “Si los jueces en Madrid les condenan a penas de cárcel, aunque sean de una semana, España estará en curso hacia una colisión con las Naciones Unidas”, consideró el abogado.
El documento hecho público ayer “está acreditando una vulneración flagrante de derechos de los dirigentes catalanes”, expresó por su parte la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie.
El texto del grupo de trabajo se ha difundido después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazara una demanda del ex presidente catalán Puigdemont contra la decisión del Tribunal Constitucional, de anular el pleno del Parlament del 9 de octubre de 2017, en el que se declararía la independencia de Cataluña.
