“En Argentina la interrupción del embarazo es legal por causales. Tanto el misoprostol como la mifepristona forman parte del listado de medicamentos esenciales elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por ser barato y eficaces, seguros y aceptados. Por tanto resulta clave que estén a un precio asequible para la población”, resalta el informe “Salud de las mujeres: egresos hospitalarios y acceso al misoprostol”, del Proyecto Generar y la Fundación Soberanía Sanitaria. “En Argentina solo está autorizada la comercialización de misoprostol. Oxaprost es el nombre comercial que produce Laboratorios Beta. En 2018 la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) aprobó el uso hospitalario y la venta en farmacias bajo receta archivada de Misop 200 de Laboratorio Domínguez, cuya presentación es de doce comprimidos -cantidad necesaria para interrumpir un embarazo- y con indicaciones para uso ginecológico. Sin embargo, no todas las farmacias cuentan con este medicamento en la práctica”, advierte el informe.
La investigación a cargo de Belén Sandoval y Milena Paramo explica: “El gasto de bolsillo en medicamentos afecta más a quienes menos tienen. La proporción del costo de oxaprost en relación al salario mínimo se incrementó de un 12 por ciento en 2012 al 47 por ciento en 2019. Si bien en 2014 el misoprostol formó parte del acuerdo de precios en el marco del Programa Precios Cuidados y tenía un precio fijado en 452 pesos, el Laboratorio Beta encontró la manera de sortear ese control para que el costo fuera de 1.112 pesos. Esa empresa subió más de un 400 por ciento el precio de la caja de 16 pastillas de misoprostol entre 2014 y 2019 y modificó la presentación para obligar a las usuarias a comprar más pastillas de las que necesitan, a un mayor precio. Esta situación denota la discriminación que sufren las mujeres que deciden interrumpir un embarazo”.
