El procedimiento para detectar la producción y la distribución de pornografía infantil requiere del trabajo conjunto de instituciones y organismos de distintos países, pero suele comenzar con la alerta del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Víctimas de Explotación Sexual (Ncmec, por sus siglas en inglés). Se trata de una ONG estadounidense que tiene convenio con las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y con las principales empresas de Internet para monitorear el contenido que circula por la web y detectar potenciales situaciones de pedofilia.
Según afirmó Carlos Rojas, director general de Prevención e Investigación de Delitos Tecnológicos de la Policía de la Ciudad, la detención del pediatra Ricardo Russo se dio en el marco de una investigación comenzada en Estados Unidos a partir de los datos aportados por esta ONG y luego continuó en Brasil y Argentina.
En 2013, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires firmó un acuerdo con el Ncmec para recibir reportes de distribución de contenidos con pornografía infantil y posibles casos de grooming en Internet procedentes de IPs ubicadas en el país. Los reportes de Ncmec son recibidos por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía de la Ciudad (CIJ), que da curso al fiscal que corresponda.
Los reportes que recibe el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de este convenio, tienen cuatro categorías.
La primera categoría, identificada formalmente con el número 1, refiere a que hay un menor en situación de peligro, es decir, cuando se detecta que el niño está siendo abusado en un video en vivo. La segunda (2) advierte que hay un menor al alcance del denunciado, cuando, por ejemplo, toda la pornografía que se detecta proviene de un mismo menor o cuando existe información de que el menor es parte del entorno familiar. La tercera (3) implica que las características de las imágenes son de factura amateur y no profesional, pero que en principio no hay datos ciertos de que ese menor tiene un contacto con el pedófilo. Finalmente, la cuarta categoría (identificada con la letra E) significa que hay denuncias de las prestadoras de contenidos de internet, Ncmec no las analiza pero sí las envía al país correspondiente.
En Buenos Aires, cada uno de los reportes especifica la IP a través de la cual fueron enviadas las imágenes. El CIJ verifica a qué proveedor de Internet pertenece esa IP y se comunica con el proveedor para que le aporte datos del usuario. Cuando el fiscal considera que tiene las pruebas suficientes, solicita el allanamiento de todos los domicilios involucrados y, eventualmente, la detención de los imputados. También se solicita al juez la protección de los menores en riesgo. Finalmente, se realizan los peritajes sobre los dispositivos secuestrados en el allanamiento, lo que puede generar nuevas investigaciones en caso de detectarse una red de pornografía o nuevas víctimas, y se sigue el resto del procedimiento que la justicia indica para estos casos.
“Argentina está dentro de los 10 países más consumidores de pornografía infantil del mundo”, alertó Carlos Rojas en una entrevista con Radio Mitre. “Actualmente el CIJ está procesando algo así como 50.000 denuncias al año. Las denuncias vienen a través de un canal que se origina en una ONG en los EE.UU. (Ncmec) que tiene convenio con las fuerzas federales de EE.UU. y por otro lado tiene convenios con todas las empresas 2.0 propietarias de todas las plataformas y redes sociales del mundo”, explicó.
Para detectar la distribución de material que contiene pornografía infantil, se recurre a “programas inteligentes que utilizan inteligencia artificial” para analizar grandes cantidades de información. Con esos softwares, grandes empresas como Facebook, Google y Dropbox puedan rastrear diariamente los millones de archivos que intercambian sus usuarios. Esta aplicación funciona convirtiendo cada archivo (texto, fotografía o vídeo) en un “hash” o código alfanumérico de veinte caracteres. De esta manera, cuando alguien copia o difunde alguno de los archivos considerados peligrosos –hay una base de datos específica de pornografía– surge una alerta instantánea.
Las compañías informáticas trasladan estas informaciones al Ncmec y es la ONG quien eleva una denuncia al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En el caso de que la IP sea extranjera, el organismo de Seguridad Nacional estadounidense deriva el caso al país en el que se registró la IP. En este caso, Homeland Security se comunicó con Brasil y “de ahí se detectaron que 40 conexiones que eran de Argentina”, dijo Rojas. A partir de los reportes que la ONG envió a Argentina una vez iniciada la investigación en Brasil, la Gendarmería realizó “40 allanamientos en distintos lugares del país”, entre ellos el domicilio del pediatra del Garrahan.
