En un fallo que no sorprendió a los involucrados ni a seguidores del tema, pero que reabre interrogantes sobre quién se beneficia del mismo, el tribunal de controversias del Banco Mundial, Ciadi, ratificó la condena contra Argentina ordenando pagar una indemnización de 320 millones de dólares por la renacionalización de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008. Según el sitio especializado Aviación en Argentina, los directos beneficiarios del fallo –con derecho al cobro de la indemnización– son el fondo buitre Burford, que le compró parte de los derechos en este juicio a los antiguos accionistas, y el estudio Fargosi y Asociados, cuyo fallecido ex titular, Horacio Fargosi, presidió Aerolíneas en representación de Interinvest, empresa hoy inexistente. Este estudio es considerado un integrante “de peso” de la llamada “corporación judicial” en particular dentro del fuero comercial, y reconoce estrechos lazos con el actual gobierno.
En sus fundamentos, el fallo del Ciadi sostiene en contra de Argentina “no haber entregado a los demandantes un trato justo y equitativo de sus inversiones”. La demanda fue presentada en 2010 por el grupo Air Comet-Marsans, a quienes el Ciadi considera víctimas de una “expropiación ilegal”. En su análisis, Aviación en Argentina, el sitio web conducido por el especialista Diego Dominelli, señala que “es falso que Marsans fuera víctima de trato injusto, dado que nunca hizo inversiones propias sino que manejaba aportes del Estado español”. Además, recuerda que su gestión estuvo caracterizada por un proceso de vaciamiento de la empresa de la cual la reestatización, en 2008, fue en realidad un salvataje para evitar su extinción.
“Resulta llamativo que el mismo estudio contable que hizo la auditoría encargada por los accionistas para valuar la empresa antes de la reestatización, Price Waterhouse, reapareciera bajo el gobierno de Macri para hacer la auditoría de los balances de los ejercicios de la etapa kirchnerista: tras la gestión de Marsans, siendo Horacio Fargosi presidente, Aerolíneas tenía la mitad de la flota canibalizada, 25 aviones que no volaban,no pagaba salarios y combustible, y estaba concursada; sin embargo, Price le dio un valor patrimonial de 800 millones de dólares”, cifra que fue la base de la demanda de los ex accionistas. “Price auditó a una gestión vaciadora y no denunció nada, pero cuando la convocó este gobierno para auditar la gestión de Mariano Recalde (presidente de Aerolíneas durante el kirchnerismo), que recuperó la flota y hangares, le bajó el precio para mostrarla deficiente”, precisó Dominelli.
Vaciamiento
La historia del vaciamiento se remonta primero a Iberia y siguió con Gerardo Díaz Ferrán y Antonio Mata, del Grupo Marsans, que provocaron un deterioro impactante. Ambos fueron condenados a prisión en España por “apropiación indebida de 453 millones de dólares” por operaciones con Air Comet. Ambos, junto a su entonces socio Gonzalo Pascual (ya fallecido), habían comprado Aerolíneas Argentinas al Estado español en un valor simbólico de un dólar.
En 1990, previo a la privatización que realizó el gobierno de Carlos Menem, la empresa contaba con 28 aviones propios y uno alquilado. En 2008, sólo quedaban dos aviones propios de alcance internacional y 30 alquilados. Las oficinas de Aerolíneas en Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas pasaron a manos españolas. Marsans también vendió los tres simuladores de vuelo, únicos entonces en América latina, usados para capacitación del personal.
Más allá de la valuación del Tribunal de Tasación, Aerolíneas registraba un patrimonio negativo de 2500 millones de pesos y un pasivo de 890 millones de dólares. Según recuerda Mariano Recalde, la empresa había comenzado con la práctica de “canibalismos”, que consistía en utilizar repuestos de aeronaves en tierra para poner en condiciones otros aviones.
Luego de un proceso de idas y vueltas que duró tres meses, en diciembre de 2008 el Senado convirtió en ley la declaración de utilidad pública de Aerolíneas Argentinas, Austral y sus empresas controladas.
Buitre al ataque
Posibilitum Business, la pata de Burford especializada en adquisición de sociedades en dificultades, adquirió Marsans y Teinver, y presentó ante el Ciadi un reclamo al Estado argentino por unos 1100 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas. El tribunal arbitral rechazó este miércoles la solicitud de Argentina de anular su sentencia y obliga al pago de los más de 320 millones de dólares al holding. “Tras recuperarla de su casi desaparición, Aerolíneas logró su puesta en valor y expansión, entre flota, Hangar 5, centro de simuladores de vuelo y demás inversiones como el taller de motores a nuevo; todo este patrimonio y mucho más, es lo que debe cuidarse”, recordó Dominelli. “No vaya a ser cosa –advirtió– que por decidir pagar y con la excusa de que Argentina está floja de fondos se tome más deuda, o se emita un bono aeronáutico al 2030, que derive en una venta de activos”.
