Diez años después de que en Portugal se decidiera, a través de un referendo, despenalizar el aborto hasta las diez semanas de gestación, la medida, según datos oficiales, acabó con la mortalidad materna y está reduciendo progresivamente las interrupciones voluntarias del embarazo.
“La mayor de las mejoras fue prácticamente haber acabado con el aborto clandestino y las complicaciones que traía y eso es una ganancia en salud absolutamente extraordinaria”, dijo el presidente de la Sociedad Portuguesa de Obstetricia y Medicina Materno-Fetal, Luís Graça.
La Dirección General de la Sanidad (DGS) de Portugal informó que entre 2008 –año en la que entró en vigor la Ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVG)– y 2015, se realizaron 145.706 abortos voluntarios en el país, y solo murió una mujer, en 2010, por un shock tóxico (causado por una toxina producida por algunos tipos de bacterias estafilococos), algo que ocurre en uno de cada 100.000 casos.
El dato contrasta con las 14 mujeres fallecidas por abortos clandestinos entre 2001 y 2007, según estimaciones, debido a que no hay cifras sobre el aborto clandestino.
Graça destacó además que las estadísticas muestran cómo el número de abortos se reduce cada año desde 2011, cuando se registró el pico de casos, que fue de 19.921: “A partir de 2011 ese número de abortos totales disminuyó y esto se va a estabilizar hasta llegar a cerca de los 15.000 por año”.
En 2015 –último año con cifras oficiales– se alcanzó el menor número de interrupciones, que fue de 15.873, un 1,9 por ciento menos que un año antes, sobre todo en mujeres de entre 20 y 24 años, en su mayoría desempleadas, según la DGS. El organismo también expuso la escasa reincidencia, ya que el 70 por ciento de las mujeres que abortaron por decisión propia en 2015 lo hacían por primera vez, y que casi el 96 por ciento de las mujeres que se sometieron a una IVG recurrieron posteriormente a un método anticonceptivo.
