“El gobierno de Cambiemos hace espionaje y persecución política para implantar un control social amedrentando o extorsionando a toda la dirigencia argentina que no le responde a ellos”, sostiene Oscar Parrilli, el ex jefe de la AFI y presidente del Instituto Patria, la fundación que armó Cristina Fernández de Kirchner. En esta entrevista con PáginaI12, se defiende de las causas penales que le imputan y acusa a “la triple e infame alianza, de sectores mediáticos monopólicos, sectores del Poder Judicial y los servicios de inteligencia”, monitoreados por el ministro de Justicia, Germán Garavano, y comandados por el presidente Mauricio Macri”. Tampoco escapa a las definiciones electorales y políticas (ver aparte), no descarta la candidatura de CFK aunque dice que “hay que esperar hasta marzo o abril”, acusa a Sergio Massa de “oficialista” y critica a la cúpula de la CGT por “entregar las conquistas de los trabajadores”.

–Después que denunció que la “democracia está es riesgo” por la tríada del Gobierno, jueces y medios concentrados para “encarcelar opositores” lo imputaron en otras dos causas.

–Hay una triple e infame alianza, de sectores mediáticos monopólicos –Clarín, La Nación, Infobae–, del Poder Judicial –con jueces como Bonadio y Lijo y fiscales como Ercolini– y los organismos madre de inteligencia, todo esto monitoreado por el Presidente y la mirada celosa del ministro Garavano haciendo un seguimiento de las causas y acciones. El objetivo es implantar un control social sobre toda la dirigencia argentina que no le responde a ellos, amedrentándolos y atemorizándolos con este tipo de acciones

–¿Con carpetazos?

–Si, los carpetazos han vuelto. Nosotros sacamos a Stiuso y su gente de la Side y ese mecanismo perverso que tenía de hacer espionaje político y además cambiamos la ley, comenzamos a transparentar los mecanismos de los fondos reservados, establecimos límites a las facultades de realizar inteligencia. Todo eso fue borrado por un decreto de Macri y volvimos a ese mecanismo anterior, donde los servicios de inteligencia solo han servido para el espionaje político.

–¿De que manera?

–Esos famosos grupos de tareas que en la década del ‘70 se armaban entre los organismos de inteligencia, medios de comunicación, sectores de las fuerzas armadas y la policía. En aquellos casos te secuestraban, te mataban, te hacían desaparecer. Hoy no hacen eso pero el mecanismo es el mismo: esta alianza tiene como objetivo de procesar a los dirigentes políticos, atemorizarlos para eventualmente encarcelarlos y desprestigiarlos y deslegitimarlos ante la sociedad. A la primera que se lo hicieron fue a la ex presidenta Cristina Kirchner, ahora conmigo y con muchos otros más. 

–¿Sólo opositores?

–Lo hicieron con Agelici que es un hombre de ellos, pero parece que hay negocios cruzados y en el fútbol Angelici no está de acuerdo con Clarín y el diario le saca esto. Es un mensaje mafioso sin duda. Pareciera que este delito se puede cometer y los jueces y fiscales miran para otro lado.        

–¿Quiénes son los responsables de las filtraciones?

–Las grabaciones son legales pero las considero ilegítimas. Son responsabilidad de Lorenzetti, Irurzun, Rodríguez Ponte, encargados del organismo de captación que dependen de la Corte Suprema; del juez Lijo o el fiscal Marijuan que las tenías en la causa; o de Arribas o Majdalani que las hicieron desde la AFI. Si Lijo y Lorenzeti no son autores, son encubridores o cómplices.    

–¿Confía en la Corte que dice que quiere investigar la filtración?

–No. Acá no están investigando, solo le pidieron a Lijo y a la AFI que cuenten qué hicieron. Quiero una investigación independiente y seria. Ese expediente venía hasta marzo siguiendo la pista que supuestamente Berni no había ordenado detener a Pérez Corradi. De golpe y porrazo, 86 días después aparece un pedido de la AFI para que intervengan mi teléfono y la justicia lo interviene con dos prórrogas. La ley dice 30/60 días, y lo intervinieron 90 días y sin ningún motivo, Pérez Corradi ya estaba preso. 

–¿Por qué lo pide la AFI?

–Hicieron ellos un sumario en el que dicen que había un informe que yo había ocultado. Absolutamente mentira. Con fecha 13 de noviembre, yo lo habré tenido en mis manos el 18, hay un informe sobre el Facebook de la supuesta mujer Pérez Corradi con una foto muy parecida a él y da un número telefónico. Yo pedí que se corrobore si el IP del teléfono corresponde con el domicilio en el que supuestamente estaba Pérez Corradi, que los fiscales ya tenían desde el mes de agosto a través de un testigo de identidad reservada. En febrero de 2016, con Arribas y Majdalani, la AFI informa a la justicia que todavía se continúa con la investigación y hasta la fecha no se podido identificar el paradero. Pero desde enero de 2016, los abogados de Pérez Corradi entablaron con al ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una negociación para su entrega y un subsecretario que las avala. Para mí, acuerdan la entrega y lo detienen el 19 de junio. Sin embargo la justicia autoriza a la AFI que pinche el teléfono el 14 de junio y no la oficina de captación judicial. Con escucha directa, que solo se hace en casos de secuestros extorsivos. ¿Qué esperaban, que yo hablara con Pérez Corradi en la cárcel? Era para que la AFI supiera lo que hablaba con la ex presidenta y Arribas transmitírselo a Macri. 

–Lo imputan en otras dos causas. 

–Intentan distraer a la sociedad y que no hablemos del escándalo que significa esta deuda que le quieren condonar Macri a su padre, de la falta de empleo, el problema de los docentes, los puestos de trabajo que se pierden, las tarifas, todo el daño que le están haciendo al país. 

–¿Cree que lo quieren encarcelar?

–No descarto de ninguna manera que me lleven a la cárcel. Esto es lo que estamos pagando aquellos que tenemos ideas distintas a este modelo. Lo grave es que es con nosotros pero después van por todos. Hay dirigentes de todo tipo que tienen miedo. Nosotros no nos vamos a callar.

–Lo acusan también por supuesto contrabando, en una denuncia que usted mismo había realizado.

–Hace casi dos años, hicimos ocho denuncias contra Stiuso. Una por contrabando. Ahora quieren dar vuelta esa denuncia nuestra y acusarnos a nosotros. Hay otras por espionaje político y por enriquecimiento ilícito. Ninguna de ellas avanzó, nadie hizo nada. Le tienen miedo a Stiuso.

–Los servicios de inteligencia tienen más poder que el poder político y Judicial o están asociados?

–Con algunos sectores políticos hoy están asociados. Macri ya hizo un servicio de espionaje político en la Ciudad de Buenos Aires, donde a él lo separan como responsable por una cuestión formal, pero este año está pronto el juicio oral donde el hecho está probado y varios de sus funcionarios están procesados en la causa. Este gobierno de Cambiemos está utilizando el espionaje político.    

–Ahora el fiscal Pollicita lo imputó también en la causa por el Memorando con Irán. 

–Se enmarca es esto, lo hacen para desprestigiar. Te asocian a la muerte de Nisman, encubrimientos de delincuentes, o las peores causas y los medios adictos salen a batir el parche.  

–Lo vinculan a partir de una conversación en la que Luis D’Elía dice que usted le pidió que baje el tono con el tema de Irán.

–Con D’Elía he hablado mas de una vez, hemos discutido muchas veces. Que tiene que ver una conversación en la que haya podido discutir o no con D’Elía. ¿No se puede hablar? ¿Es un delito haber hablado? Estamos entrando en una peligrosa situación de espionaje y persecución política.