Titina

La trama de la corrupción jujeña se teje en el hogar de la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Clara de Langhe de Falcone, cuyo juicio político fue solicitado a la Legislatura Provincial por incumplimiento de sus deberes al coordinar con el gobernador Gerardo Morales el engaño a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que consienta la prisión preventiva de Milagro Sala. La jueza, a quien en su ciudad, San Pedro de Jujuy, todos llaman Titina, tiene cuatro hijos con el odontólogo Hugo Rodolfo Falcone: Cecilia Inés, María Paula, María Alicia y Esteban Fernando Falcone, que hoy tienen entre 50 y 42 años e historias interesantes, ligadas con el contador Morales, su familia y sus negocios:

Cecilia Inés Falcone se casó con el socio en el estudio jurídico de su madre en San Pedro, Gastón Mercau, con quien tuvo tres varones. Cuando Titina se volcó a la actividad política en el radicalismo jujeño, Mercau fue designado defensor y en 2013 juez de control. Cecilia Inés tiene su propia actividad política, como coordinadora de Jujuy Solidario, un instrumento creado por Gerardo Morales como parte de su campaña para llegar a la gobernación. Una de las fotos la muestran con Morales durante un acto proselitista. Sus estudios muestran un perfil ideológico bien definido: hizo la secundaria en el Liceo Naval Militar Francisco de Gurruchaga y cursó derecho en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, inspirada por el sacerdote integrista Anibal Fosberry, y en la Universidad Católica de Salta. Según su autodefinición, Jujuy Solidario propone pasar:

•  del clientelismo a la solidaridad;
•  de la intolerancia al respeto;
•  del sometimiento a la dignidad;
•  de la desigualdad a la equidad;
•  de la impunidad a la justicia;
•  de la violencia a la paz;
•  de la dependencia a la libertad;
•  del miedo paralizante a la acción transformadora”.

Su matrimonio se disolvió, Mercau formó pareja con una empleada de los tribunales de San Pedro y se mudó a San Salvador pero su relación con su suegra no se deterioró. En enero de 2016 Titina lo designó juez ad hoc para cumplir la decisión del gobernador Gerardo Morales de detener a Milagro Sala, en forma arbitraria según la calificación del órgano especializado de las Naciones Unidas, que reclamó su liberación inmediata. Es lo que Morales llama pasar de la violencia a la paz.

Maria Paula Falcone tuvo tres hijas con el contador Luis Miguel Jiménez, el comisionista que compró a la provincia de Jujuy en 700.000 pesos un terreno en Alto Comedero de 150 hectáreas, en representación de una docena de legisladores encabezados por el Hermano Freddy Morales, que pocos meses después lo revendieron a la misma provincia por 30 millones de pesos, con un beneficio del 4.000 por ciento. 

María Alicia Falcone, divorciada y con tres hijas, trabajó como procuradora en la Fiscalía de Estado de Salta, donde vive. Concursó para ser jueza y desde 2015 es Secretaria del Tribunal Oral Federal 1 de Salta. Lo preside Santiago Díaz, uno de los jueces que condenaron a Milagro Sala sobre la única base de un testigo pagado por el gobernador Morales y también lo integra Mario Marcelo Juárez Almaraz, hermano mellizo de quien presidió aquel tribunal jujeño que firmó la sentencia pasando por alto que ni Milagro ni nadie de la organización barrial Túpac Amaru estuvieron en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas cuando otras personas rompieron siete vidrios y bañaron de huevos en octubre de 2009 al entonces senador Gerardo Morales.

Esteban Fernando Falcone, el único varón de la familia, fue arrebatado a su madre adolescente, a quien le dijeron que murió en el parto, y anotado como propio por Clara De Langhe y su esposo, el odontólogo Hugo Rodolfo Falcone. Cuando la madre lo supo y reclamó, la jueza compró su silencio con cuatro cargos en los tribunales provinciales de San Pedro.

El juicio político

Milagro Sala y el diputado del Frente Unidos y Organizados Juan Manuel Esquivel pidieron a la Legislatura el juicio político de Titina Falcone por faltar a los deberes de su cargo, causal de remoción según el artículo 203 de la Constitución Provincial. La denuncia se basa en los mails enviados desde el estudio del ex juez, ex ministro y ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra el lunes 9 de enero de 2017 a la jueza y al fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda (ambos dirigentes de la UCR local). Utilizando la casilla [email protected] el apoderado del gobernador Morales planteó a Falcone y Miranda coordinar la presentación de testigos contra Milagro Sala durante la visita que la CIDH realizará al país en mayo, “tal como hablamos en diciembre”. El abogado patrocinante de Milagro, Luis Paz, sostiene que la participación de la Presidenta del Superior Tribunal en conversaciones dirigidas a justificar la detención “supone su desentendimiento del deber de imparcialidad que debe regir toda actuación de un magistrado”. Esa operación también “muestra un grave desconocimiento de la división de poderes” ya que un apoderado del titular del Poder Ejecutivo instruye por mail a la Presidente del Superior Tribunal de Justicia sobre “la vía a seguir en una tarea que por naturaleza le corresponde al Poder Judicial”. Falcone “mantiene diálogos con el gobernador Morales para planificar decisiones en las que no debería inmiscuirse persona alguna ajena a la estructura del Poder Judicial”. El juicio político está regulado en el último capítulo de la Constitución Provincial de 1986. La Legislatura se divide en dos salas: Acusadora y Juzgadora. La sala Acusadora debe designar una Comisión Investigadora de cinco miembros, que dispondrá de 30 días, prorrogables por otros diez. Una vez emitido su dictamen, lo elevará a la sala Acusadora, que tendrá otros 20 días para decidir por dos tercios si corresponde o no el juzgamiento. Si la votación fuere negativa, ordenará el archivo de las actuaciones. En caso afirmativo, tres de sus miembros sustentarán la acusación ante la Juzgadora, que tendrá 30 días para pronunciarse, también por los dos tercios de sus miembros para concretar la destitución. Los procedimientos serán públicos. Según el reglamento de la Legislatura, el juicio político debería tratarse en la primera sesión ordinaria, el 1º de abril. Pero para impedir que la denuncia siga pendiente durante 45 días más el gobierno del contador Gerardo Morales analiza la posibilidad de una sesión extraordinaria para archivarla la semana próxima. El reglamento de la Legislatura incluyó en su artículo 257 una limitación que no figura en el texto constitucional. Dice que una vez que el acusado responda a los cargos, la Sala Acusadora decidirá “en sesión secreta si ha de abrirse la causa a prueba, no debiendo hacerlo sino cuando fuera necesario o lo solicitare el acusado”. Es decir que la denuncia puede desecharse en secreto, sin que el pueblo sepa de qué se trata. Pero aun hay una argucia previa a la que puede recurrir la mayoría oficialista, ya que las comisiones Acusadora, Investigadora y Juzgadora nunca fueron constituidas, por lo cual la mayoría radical podría alegar su propio incumplimiento de la Constitución para proteger a la correligionaria en comisión en el Poder Judicial, aduciendo que no tiene jueces designados antes de los hechos. Los primeros sondeos con la oposición no fueron alentadores. Cuando el operador radical de Morales en la Legislatura Alberto Bernis lo planteó, el diputado fellnerista Javier Hinojo respondió que en ese caso el Frente para la Victoria impulsaría otros pedidos de juicio político, contra el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, contra el fiscal de control Gustavo Araya y contra el juez Isidoro Cruz. 

El yerno contable

María Paula, odontóloga como su padre, de 48 años, sigue casada con el contador Luis Miguel Jiménez, a quien su suegra designó director de administración del área contable del bloque de diputados radicales de Jujuy, del que ella fue vicepresidente en los últimos años del siglo pasado. Jiménez firmaba los recibos de sueldos del personal. El 29 de mayo de 1997 también firmó un boleto de compraventa por el cual varios miembros de la familia Bustamante Pérez “venden, ceden y transfieren al comprador una fracción rural de trescientas cincuenta hectáreas (350 Hs) parte del lote rural Nº 48-I1 con padrón A-53849, ubicada en distrito Los Alisos del departamento Dr. Manuel Belgrano”. Esas tierras habían sido hipotecadas en garantía de un crédito que no pudieron pagar. Cuando se les decretó la quiebra, debían ir al banco de Jujuy residual, donde el luego vicegobernador y senador Guillermo Jenefes se encargaba de los clavos. En cambio, por aquel boleto de compraventa pasaron al yerno Jiménez, que es mencionado en la operación como “comisionista”. Es decir que no actuaba por su cuenta sino en nombre de uno o varios clientes hasta entonces no identificados. La operación recién se perfeccionó el 15 de febrero de 2011, mediante el pago de 727.540 pesos. Entonces se develó que los verdaderos compradores eran una docena de ex legisladores que reclamaban salarios adeudados a la provincia, ocho de ellos radicales, varios testigos en el juicio contra Milagro Sala, funcionarios del gobierno nacional de Maurizio Macrì, del provincial de Gerardo Morales o jueces: Freddy Morales, Miguel Ángel Giubergia, Facundo René Giubergia (a través de su esposa Teresa Sadir), Carlos Alberto Toconas, Hugo Daniel Zamar, Raul Alberto García Goyena, Mario Ramón Puig y René Jesús El Jadue. Pocos meses después revendieron al estado provincial esas 150 hectáreas, por 30 millones de pesos. Morales recompensó al contador Jiménez por el negocio ruinoso de vender en 700 mil lo que valía 30 millones. En cuanto asumió la gobernación lo designó secretario de egresos públicos, el funcionario que autoriza las erogaciones de la provincia. El encanto de Jiménez es la discreción y el perfil bajo. El 2 de mayo de 2016 fue reemplazado por el Licenciado en Administración de Empresas Pablo Andrés Giacchino. Pero Jiménez no quedó desamparado. La jueza Titina se lo llevó consigo como perito en la Contaduría del Poder Judicial de Jujuy. Desde la publicación del escándalo de las tierras en esta página, el gobierno provincial ya convocó a tres cumbres junto con sus asesores legales porteños para analizar la conducta a seguir. Se consideraron tres hipótesis: 

1. Pedir derecho de réplica; 

2. Ofrecer una pauta publicitaria al diario; 

3. Presentar una demanda civil contra el autor de la nota. 

La conclusión fue que ante la imposibilidad de explicar lo inexplicable convenía atarse al mástil para aguantar el chubasco en silencio. La discusión viró hacia las propias filas, con críticas al fiscal anticorrupción Joaquín Millón Quintana, cuyas contraproducentes actitudes agresivas se atribuyen a razones substanciales. Como toda la familia cerca del presupuesto público, María Paula fue nombrada directora del hospital Ingeniero Carlos Snopek, de Alto Comedero.

Desmiente, que algo quedará

Al asumir la gobernación, Morales envió a la Legislatura un proyecto de ley de ampliación de 5 a 9 de los jueces del Superior Tribunal. Si a Menem le llevó un año lograrlo, apenas una semana después Morales ya tenía su mayoría automática, incluyendo dos de los diputados radicales que un día crearon los cargos y al siguiente juraron desempeñarlos con lealtad y patriotismo. Titina Falcone, que integraba el tribunal desde 2010, fue elegida por sus correligionarios para presidirlo. Como tal, durante la feria judicial de enero designó a Gastón Mercau para encargarse de las nuevas causas contra Milagro Sala para impedir que quedara en libertad, una vez que cesó su prisión preventiva por el acampe realizado en la plaza Belgrano. Mercau fue quien ordenó la detención de la india protestona por fraude, extorsión y asociación ilícita, la figura comodín a la que se recurre cuando no es fácil probar delitos específicos. Cuando el parentesco del juez con la presidente del Superior Tribunal se publicó en esta página, Langhe de Falcone lo desmintió indignada. Dijo que Mercau no era su yerno. Efectivamente, Cecilia Inés se había separado de Mercau y emparejado con Marcos Tula Molina, quien también consiguió empleo en la gran familia judicial jujeña: fue designado por el Fiscal general de Acusación, Sergio Lello Sánchez, como Coordinador del Organismo de Investigación, aunque carece de la idoneidad profesional para ese cargo. La propia resolución 313/2016 admite que el tercer yerno es Ingeniero electricista. En realidad ya estaba trabajando allí desde antes de la designación. Así lo demuestra la orden firmada el 28 de septiembre en Tucumán por la jueza Silvia Lescano de Francesco, quien dispuso embargar el 35 por ciento de todos los ingresos de Molina en la oficina de Lello Sánchez, para hacer frente al pago de alimentos en su divorcio vincular de Hilda Teresita Zurro. Lello es el Fiscal General que respondió al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria que, de estar en libertad, Milagro Sala podría intimidar a los testigos y entorpecer la investigación, como si no hubieran secuestrado ya toda los documentos necesarios y Morales no tuviera el control absoluto de las fuerzas de seguridad para garantizar la seguridad de cualquier testigo. El miércoles pasado, Cecilia Inés Falcone renunció a su empleo en el ministerio de Desarrollo Social de Jujuy, donde era Coordinadora de Gestión, argumentando razones personales, y el jueves se despidió de su equipo de trabajo. En cambio, continúa como planta permanente del Senado de la Nación, con categoría A-3, Legajo 21412, asignada a la vicepresidencia 1ª, que ejerce el senador radical Juan Carlos Marino. Durante los años que lleva en ese empleo, que goza de estabilidad, cobró en el Senado pero siguió viviendo en Jujuy. Las categorías del personal del Congreso están reguladas en el estatuto y escalafón sancionado por la ley 24.600 de 1995. A-3 es la tercera categoría más alta sobre 14. La remuneración mensual que le corresponde es de 41.953,38 pesos al mes, más adicionales y bonificaciones por antigüedad, por título secundario, universitario o de estudios superiores, por certificados de cursos de tres meses en organismos gubernamentales o internacionales o de capacitación técnica. Las prohibiciones comprenden realizar otras tareas en horarios de trabajo y es incompatible el desempeño de un cargo en el Senado “con otro cargo público en el orden nacional, provincial o municipal”. Pero “la ley es como el cuchillo, no ofende a quien lo maneja”. 

El hijo del corazón

Esteban Fernando Falcone, DNI 24.217.035, nació en el sanatorio San Pedro, de San Pedro de Jujuy, el 25 de octubre de 1975, en un parto atendido por el médico Otto Carlos Stenberg. El sanatorio quebró hace dos décadas y el médico murió. La partida de nacimiento consigna que sus padres son Hugo Rodolfo Falcone y Clara Aurora De Langhe. Cuando ella se refiere a Esteban como “el hijo de mi corazón” buena parte de los 70.000 sampedreños saben a qué se refiere: el chico es hijo natural de G.G., quien entonces era una adolescente. Le dijeron que el bebé había muerto en el parto y lo inscribieron como hijo de Falcone y De Langhe. Desde que Gerardo Morales fue designado viceministro de Desarrollo Social, se instaló en Buenos Aires. Ahora trabaja en la Coordinación de ejecución y reajustes de ANSES, en el séptimo piso de la sede de Paseo Colón 327. En 2012, G. supo del engaño y asesorada por un abogado grabó un video narrando la historia. Con la filmación se presentó ante Titina, que ya integraba el Superior Tribunal. El desenlace fue el ingreso de la madre biológica a un cargo de maestranza en los tribunales de San Pedro. Un colaborador voluntario que a mi pedido preguntó por G. en los tribunales de San Pedro recibió una instantánea respuesta: “¿La madre del hijo de Titina?”. Y el relato de una discusión de pueblo chico. 

–Vos sos la amante del fiscal X.

–Y vos vendiste a tu hijo por cuatro cargos. 

Cuatro, porque además de G. también consiguieron empleo en los tribunales su actual pareja, H.F.; su segunda hija, M.F., y M.A.G., pareja de la otra hija de G., M.B.G. Las fotografías de esta página muestran la fisonomía tan distinta de las tres hijas de Falcone y Titina y del “hijo del corazón”, quien en cambio se parece a su media hermana M.F. La alteración o supresión de la identidad y la retención y ocultación de un menor de diez años (artículos 139 y 146 del Código Penal) tienen penas de reclusión o prisión de hasta 15 años. Nada indica que en el caso de Titina y su hijo del corazón estos delitos puedan considerarse de lesa humanidad. Pero eso tampoco significa que estén prescriptos. Durante años se extendió una discusión jurídica al respecto. La prescripción no podía contarse desde el momento en que se cometió el delito, ya que la víctima no estaba en condiciones de denunciarlo. Se estimaba que el plazo comenzaba a correr cuando el chico cumplía 18 años, pero luego la Corte Suprema de Justicia zanjó el debate aduciendo que recién pueden contarse los 15 años de la prescripción cuando la víctima, sea niño o adulto, conoce la verdadera identidad que le fue substituida. Las fuentes sampedreñas afirman que en el caso de Esteban Fernando Falcone recién ocurrió hace unos cuatro o cinco años. Eso debería establecerse en el juicio penal que puede aguardarles a De Langhe y su esposo, si algún funcionario se atreve a denunciar el delito en los tribunales regidos por Titina y el contador Morales. En cualquier caso el episodio no califica a la jueza para el desempeño del cargo que detenta desde hace siete años y desde el que conspira para mantener la privación ilegítima de la libertad de alguien que tiene muchos hijos del corazón, pero que no los inscribió como propios.

Agradezco a las colegas Alejandra Dandan y Cynthia García su generosa colaboración con datos y contactos para esta nota. También a las personas que contribuyeron con la condición del anonimato, para no exponerse a represalias en el pantano institucional jujeño, donde el Estado de Derecho ha sido suprimido, como primicia de una avanzada totalitaria a escala nacional.

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