De sospechas de corrupción hablamos y no queremos recaer en el doble standard tan clásico en estos casos. Las denuncias o indicios de corrupción deben ser investigados y rige en materia penal la presunción de inocencia. La valoración política va por otro carril, más veloz y menos garantista.

  El Gobierno encarcela a sus adversarios políticos sin condena (Milagro Sala) o asedia a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, buscando mandarla a prisión para proscribirla. Moviliza a los jueces y fiscales aliados, lo justifica en declaraciones públicas. La diputada Margarita Stolbizer (opositora intermitente) clama para que se impida a Cristina ser candidata. Se indigna contra la dupla Macri- Aguad pero no les aplica la misma vara. Ni hablar de la cohorte de los medios dominantes que se conduelen un cachito por el affaire postal pero sin exigir traje a rayas para nadie. En esta contingencia la conducta, las palabras, las amenazas son bien distintas.

 Llegado a este punto, este cronista se ve obligado a repetir lo que ha escrito en tantas ocasiones. La corrupción no es, casi por definición, lo más importante o grave que cometen los Gobiernos: son sus políticas públicas. Nada de eso obsta a pesquisar, juzgar y condenar si hay elementos, encarcelar si hay condenas firmes y de porte.

Lo peor de las privatizaciones menemistas, incluyendo su nave insignia YPF, no fueron las dádivas que posiblemente adornaron varias. Fue la entrega del patrimonio nacional, la devastación de las ciudades y pueblos petroleros, la ruptura del tejido social, los millones de despidos.

La mega deuda externa contraída por la Alianza seguramente fue premiada con retornos (algunos con cobertura legal, pagadas por los bancos prestamistas), tanto como la Reforma Laboral. Las decisiones damnificaron más a la Argentina y a su pueblo que las dádivas. Ambas constituyen la herencia, en magnitudes muy diferentes

   En paralelo, es incorrecto, como recurso polémico, excusar los actos corruptos o sospechosos de una facción política porque sus rivales incurrieron en otros. Es, entonces, equivocado, comparar cuánta plata revoleó en el monasterio el ex Secretario de Obras Públicas José López con hipotética cifra mayor del acuerdo del Correo. Primero porque nada comprueba que ese dinero sea todo lo que se apropió o manejó delictivamente López. Y segundo, porque no hay un empate soportable en esas acciones. Todas son cuestionables, todas deben ser analizadas y llevadas a los Tribunales. La inconducta ajena no amnistía a nadie.

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El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, debe ser investigado, abriéndose los correspondientes expedientes judiciales. Debe pesquisarse si la eventual responsabilidad trepa en la escala jerárquica. Para Aguad u otros funcionarios, de mayor o menor rango, rige la presunción de inocencia. No es sensato que se los encarcele sin condena firme. 

La mala praxis de gestión no equivale al dolo penal, de interpretación más estricta. 

El macrismo y sus aliados mediáticos ignoran ese principio democrático básico lo que no habilita a extendérselo… siempre es repudiable comerse al caníbal.

  Si se probase que medió mala fe y delito, sería punible previo proceso legal. Pero no constituiría el peor legado del macrismo. Lo son sus medidas devastadoras, que ponen en riesgo el patrimonio nacional, conquistas sociales de décadas. También el desbaratamiento de parte del aparato productivo y la redistribución regresiva del ingreso, el poder y los bienes simbólicos. No se adecuaría a derecho judicializar penalmente esas políticas.

Con su proverbial agudeza, Eugenio Raúl Zaffaroni lo escribió en un artículo titulado “Gobernabilidad y judicialización de la política” publicado en el portal “La Tecl@ Eñe”: “No sé si (el presidente Mauricio)  Macri tiene algo que interese penalmente en los papeles –o papelones– de Panamá, en la condonación de deudas a parientes o en otras conductas, pero cuando esto pase, lo que no debemos hacer es intentar procesar a Macri por haber suprimido las retenciones o por abrir la importación, usando el mismo delito de administración infiel; tampoco considerar que todo su gobierno fue una asociación ilícita usando el mismo artículo inconstitucional; y no deseo en lo más mínimo que alguien esgrima el desopilante disparate de la traición a la Patria por sus actitudes respecto de Malvinas o por la astronómica deuda externa”. (…) Hoy Macri gobierna –pésimamente pero gobierna–, y su conducción tiene valor como tal. Si abusando (o aprovechándose) del poder cometiese delitos, sería algo por entero diferente, pero sus actos políticos como tales no pueden ser criminalizados, porque serrucharíamos la rama sobre la que estamos todos sentados, que es precisamente lo que hace el gobierno al penalizar arbitrariamente la política (cambiaria, internacional, de vivienda, etcétera).Una visión criteriosa que rema contracorriente, sin perder un ápice de validez.