“Es francamente irrazonable”, sostuvo la defensora oficial ante los juzgados de instrucción y la Cámara Federal de Córdoba, Mercedes Crespi, a cargo de la defensa de la pareja chilena inicialmente acusada de terroristas. Se refería a la causa FCB 11887/2019 iniciada contra Felipe Zegers y Gabriela Medrano, que aún continúa abierta. “El problema estuvo en que a medida que la investigación avanzaba, esa hipótesis (de la bomba) debió haberse ido desinflando, pero sucedió lo contrario. Dicho de otro modo, una vez que se comprueba que el artefacto sospechoso era sólo una batería y que había un aparato en el equipaje de mis asistidos al cual le faltaba una batería para funcionar; continuar alimentando la hipótesis delictiva es francamente irrazonable”, sostuvo Crespi en su pedido de sobreseimiento.

Más allá de lo ilógico del proceso, la causa paga las consecuencias de su origen: la desbordada ansiedad de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por difundir los que llama “golpes” contra la inseguridad instaló en los medios la detención de la pareja, pero después de ridiculizada la intervención resulta difícil dar marcha atrás. Por lo pronto, Bullrich no habla del caso.

En el pedido, Crespi describe que el origen de la detención fue “el hallazgo de una batería y un tarro de pintura en aerosol en una caja en la habitación del hotel que ambos habían ocupado en la Ciudad de Córdoba”. Y describe que “al resultar sospechoso, se procedió a la detonación de la batería, comprobando que no había explosivos en ella; a pesar de ello se los ubicó y detuvo en Buenos Aires”. A ambos se los acusa por el artículo 189 bis apartado 1 del Código Penal. “Consiste en ‘adquirir, fabricar, suministrar, sustraer o tener en su poder alguno/s del/los objeto/s del delito, los cuales pueden ser: a) bombas, b) materiales o aparatos capaces de liberar energía nuclear, c) materiales radiactivos o sustancias nucleares, d) o sus desechos, e) isótopos radiactivos, f) materiales explosivos, inflamables, asfixiantes, tóxicos o biológicamente peligrosos, o, g) sustancias o materiales destinados a su preparación”, describe Crespi. 

Según detalló la fiscal federal Graciela López de Filoñuk, los elementos hallados en el hotel eran un “maletín de cobertura metálica de color gris –que se encontraba parcialmente abierto–, en cuyo interior tenía adosada con pegamento una batería de color roja sellada, junto a un aerosol de pintura y un cargador de celular adulterado (Crespi desmintió con pruebas que estuviera adulterado) en el extremo de sus cables conductores, presentando ausencia de su conector y colocación de dos pinzas tipo “cocodrilo”; este conjunto de cosas, según informe de la policía de la Provincia de Córdoba “podría constituir un artefacto explosivo improvisado, si a esa batería (fuente de energía) se le conecta un iniciador (detonador) y a éste una carga (explosivo y/o agente NRBQ o incendiario)”.

La causa a esa altura se asentaba en dos posiciones: la fiscal que sostenía “la hipótesis de que la batería formaba o iba a formar parte de un explosivo destinado a afectar la seguridad pública –sostiene Crespi–, y la afirmación de los imputados y la defensa: que esta batería se utilizó en una instalación artística realizada en la Ciudad de Córdoba y que se dejó en el hotel ya que no era posible llevarla en el avión”.

La defensora sostuvo que el 3 de abril, cuando fueron imputados, ambos explicaron los motivos de la convocatoria y detallaron el armado del artefacto y su función. Presentaron los mails en que Zegers pedía que le compraran la batería porque no podía transportarla en avión, y la pintura porque debían cubrir con pintura rayones o desperfectos que se produjeran en la colocación. Medrano proveyó además el ticket de la caja comprada en Córdoba. Declaró además inmediatamente el decano de Filosofía para dar testimonio, también los integrantes de Espacio Poética.

Crespi sostuvo que “todo su viaje fue hecho con sus verdaderas identidades y documentos, las reservas de hoteles se hicieron vía web, aportando datos de tarjetas de crédito personales, se manejaron en los aeropuertos internacionales de Córdoba y Aeroparque sin intentar ocultamiento alguno ni de su persona ni de su equipaje”. 

La defensa además propuso que la propia pareja ensamblara un clon del artefacto estallado por los de la Brigada de Explosivos, delante de un perito en diseño industrial que pudiera verificar el acto. Resultó que la justicia de Córdoba no cuenta con un perito de esas características. El juez Miguel Vaca Narvaja, en lugar de solicitar a la Universidad, consideró que no se realizara el peritaje y, en cambio, pidió una ampliación del informe a la policía. Dentro de esa ampliación, les pidió a los muchachos de la Brigada que confirmaran si el artefacto de la pareja era una intervención artística o no lo era. Temática que no les resulta en su área de conocimientos.

“Nuestro país ya ha pasado por épocas en las cuales eran las fuerzas de seguridad las que valoraban y llevaban adelante tareas de naturaleza penal, con trágicos resultados”, sostuvo Crespi en el pedido de sobreseimiento, cuando se refería a que el juez solicitaba a la policía definiciones que le competen a él.

Para colmo, en su declaración el jefe de la Brigada describió los objetos que contenía la caja, explicó que faltaba el detonante, el explosivo y conectar los cables, y sin embargo cuando le pidieron que lo definiera dijo que era “un objeto sospechoso”. En cambio, los integrantes de la Brigada dijeron que “sólo era una batería y que no había explosivos ni estaba dispuesta como para conformar una bomba”. 

Con esos datos, todo parece indicar que para que la Brigada de Explosivos elabore un informe que desarme el papelón en el que habían caído llevará un tiempo, el mismo que le lleve a Bullrich a desdecir el anuncio del golpe al terrorismo. Tiempo que irá cargado sobre la cuenta de los dos artistas y la causa abierta contra el explosivo discurso de los Derechos Humanos con el uso de la “e” rebelde a la imposición semántica.