Si al plan de gobierno-negocios del macrismo, que ha provocado el naufragio de la economía, se le agrega un escenario financiero y comercial internacional bajo tensión, el panorama no se presenta muy alentador para el gobierno 2020-2023. La herencia M ya es de por sí demoledora. Si Macri se autohereda, la crisis se profundizará en línea a la promesa del oficialismo de avanzar con más velocidad en la actual dirección, cuyos resultados devastadores para el bienestar general no son un misterio después de cuatro años. Si la principal fuerza de la oposición, que hoy es liderada por CFK con la candidatura a presidente de Alberto Fernández, es la que triunfa en las próximas elecciones, la herencia M será un potente limitante para la política económica. El callejón a transitar es tan estrecho que la promesa de mayor ajuste de unos y el voluntarismo de otros colisionarán contra el muro del FMI. 

El Fondo Monetario Internacional siempre ha intervenido en el diseño y control de la política económica de los países con los cuales mantiene acuerdos de auxilio financiero. En casi todos los casos de su larga historia de créditos stand by ha evitado participar abiertamente de la vida política interna de los países, y mucho menos de las campañas electorales. Con la administración Macri, el FMI ha abandonado esa aparente neutralidad. Financia la campaña de la alianza Cambiemos al entregar un paquete total de 57 mil millones de dólares destinado a pagar la deuda y evitar el default de la economía macrista. También autorizó al Banco Central a vender dólares en el mercado y, de ese modo, evitar la disparada del dólar que pondría en jaque mate la aspiración de reelección de Macri.

Además de financiamiento, el Fondo ingresó de lleno en el barro de la campaña electoral. La directora gerente, Christine Lagarde, criticó con ironía a la principal líder de la oposición a Macri. Afirmó que “la gente cambia con el paso del tiempo dependiendo de si están haciendo campaña o están en sus cargos”, en referencia a Cristina Fernández de Kirchner. Lagarde envió de ese modo el mensaje al mercado y a la sociedad argentina de que el FMI no le cree a CFK y que piensa que ella miente porque se encuentra en campaña electoral.  

Con la activa participación que está teniendo el FMI en estos meses de elecciones, la Alianza Cambiemos no debería dar muchas vueltas respecto a la fórmula presidencial. Macri tendría que imitar a CFK, bajar al lugar de vicepresidente y designar como candidata a presidente por el oficialismo a Christine Lagarde. Participaría en los próximos comicios como el Fondo Macrista Internacional. 

Otra vez

Héctor Torres es miembro del Programa de Investigación de Derecho Internacional del Centro para la Innovación en Gobernabilidad Internacional. Su opinión es interesante por haber sido representante de Argentina ante el FMI entre 2004 y 2008 durante la gestión de Roberto Lavagna en el Ministerio de Economía, y luego designado en ese mismo cargo por Alfonso Prat-Gay en 2016 y 2017. Escribió en el portal Project Syndicate el artículo “El FMI está alimentando una crisis argentina, otra vez”. 

Recuerda que el país solicitó el primer crédito al Fondo Monetario en 1958. Vale señalar que fue el gobierno de facto autodenominado Revolución Libertadora el que en 1956 adhirió a la Argentina a ese organismo internacional, luego de derrocar al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, que resistió esa membresía. Torres detalla que en las seis décadas posteriores se han firmado 22 acuerdos con el Fondo, para sentenciar que “la mayoría se descarriló posteriormente o terminó en fracaso”. Especula que el rubricado por la administración “pro mercado” de Macri tendría ese mismo destino, sumándose “a ese desfile de decepciones”. Advierte que “los acontecimientos recientes sugieren que la problemática historia de Argentina con el Fondo podría estar a punto de repetirse”. 

Por lo pronto, el primer acuerdo firmado en junio pasado por 50 mil millones de dólares fue un fiasco con una duración record, por lo breve, de apenas tres meses. Ahora está en vigencia el segundo, con un monto que se amplió a 57 mil millones de dólares y con plazo de expiración no más lejano que la primera mitad de 2020, cuando el próximo gobierno tenga que buscar la renegociación del programa financiero inviable de repago. Este fue definido por una tecnoburocracia de Washington, dominada por los intereses geopolíticos de los Estados Unidos de Trump, y por la desesperación de la alianza macrismo-radicalismo para no declarar el default de la deuda.

Ese acuerdo evitó la cesación de pagos en la segunda mitad del mandato de Macri, pero instaló esa probabilidad, con elevada chance de ocurrencia, para después, evalúan grandes fondos de inversión internacional. Esta estimación queda reflejada en el índice de riesgo país navegando entre los 900 y los 1000 puntos desde hace varios meses, nivel que deja al descubierto que a la economía macrista le han cerrado las puertas de acceso al mercado voluntario de crédito. No sólo se lo han clausurado en Wall Street desde marzo del año pasado, sino que, como parte de la herencia M, el grifo quedará cerrado, por lo menos, en la primera etapa del próximo gobierno.

Cuando se realiza un análisis riguroso acerca del ciclo de la debacle de la economía macrista, queda expuesto con claridad que la fuga de activos argentinos con el consiguiente derrumbe de las cotizaciones no está motivada en la posibilidad de la derrota del gobierno de Cambiemos y el regreso a la Casa Rosada de una fuerza política calificada como populista. Esa debilidad económica y financiera se reconoce fundamentalmente en el fiasco de otro programa neoliberal. 

Preferencial

El gobierno de Macri y el FMI pretendían que con sólo anunciar un plan financiero extraordinario se ahuyentarían los fantasmas que se posaron sobre la economía macrista. Por eso lo denominaron “crédito precautorio”, o sea que no sería necesario utilizar esos recursos, sino que los poseedores de títulos públicos sólo supieran que ese dinero estaba a su disposición. Pero los inversores han preferido llevarse los dólares; no simplemente saber que estaban disponibles.

Aquí aparece una cuestión de volumen. Cuando el préstamo del FMI es pequeño, actúa como señal para que bancos e inversores continúen con el flujo de financiamiento al país. La respuesta es diferente cuando el crédito es de tal magnitud, como el caso argentino, que termina asustando a los inversores. Estos evalúan que si fue necesario una asistencia tan importante significa que esa economía está quebrada y los bonos que acumulan en sus carteras están en riesgo de caer en la insolvencia.

En ciertos círculos de la ortodoxia económica y analistas del mercado existe la idea de que firmar un acuerdo con el FMI es un sello de confianza. Este alteraría las expectativas negativas de los agentes económicos, que se lanzarían entonces a un ciclo de inversión –productiva y financiera– impulsor del motor del crecimiento. Pero no es así. Por dos vías no se verifica esa falsa promesa. Por un lado, el acuerdo con el FMI implica un ajuste recesivo por la exigencia de recortes del gasto público y de contracción monetaria con alza de la tasa de interés. La consiguiente caída de la demanda interna retrae la inversión productiva. Por otro, fondos y bancos del exterior se alejan de países que firman stand by porque ese tipo de acuerdos es sinónimo de una economía quebrada, lo que los inhibe de destinar capitales a la compra de títulos públicos; más bien los incentiva a desprenderse de esos papeles de deuda soberana.

Este comportamiento se consolida todavía más cuando el Fondo se convierte en uno de los principales acreedores, puesto que la posibilidad de que un país le declare default es muy baja. Esa eventualidad convertiría esa economía en un paria del mercado internacional, ya que el no pago del capital e intereses no sería a un grupo de bancos e inversores, sino a los países miembros del FMI, siendo Estados Unidos el principal aportante de recursos de ese organismo.

En el mencionado artículo, Torres indica que el FMI tiene “el estatus de acreedor preferencial”, lo que le asegura estar primero en la línea para cobrar. En esas condiciones, si el cálculo del mercado es que no habrá suficientes dólares el año próximo, cuando se acaben casi todos los dólares del FMI (quedarán disponibles apenas 6800 millones del total), para hacer frente a todos los vencimientos de deuda y con el acceso al mercado de crédito todavía vedado, evalúan como escenario probable una reestructuración de la deuda con quita de capital. Esa pérdida eventual los coloca ante la urgencia de aprovechar estos meses, cuando el flujo de dólares está garantizado por el Fondo, para desprenderse de bonos argentinos. Por eso, ante cada repunte de la cotización de los títulos, aparece una corriente vendedora que interrumpe esa recuperación. Torres lo dice del siguiente modo: “Los inversores tienen una oportunidad limitada para salir de Argentina y pueden usarla pronto”. 

Locuras

El Ministerio de Hacienda, a través del Banco Central, está liquidando 60 millones de dólares diarios para cubrir parte de las necesidades de recursos del fisco. En una negociación directa con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, consiguió que éste obligara a la conducción del Fondo a permitir al Banco Central la intervención en el mercado vendiendo dólares para evitar saltos bruscos del tipo de cambio. El Fondo está violando de ese modo una de las normas de su estatuto que prohíbe la utilización de los dólares que presta para financiar la fuga de capitales. 

Conociendo la historia financiera reciente de la economía argentina, con la experiencia adquirida por su tránsito en el FMI y señalando que esa medida es para “aumentar las posibilidades de reelección de Macri”, Torres afirma que el organismo no debería haber aceptado ese pedido por las siguientes razones:

  1. “Para empezar, al respaldar tales locuras y argumentos falsos de endeudarse para frenar la corrida contra el peso, el FMI pondrá en peligro los esfuerzos (incluso los míos) para normalizar las relaciones entre Argentina y el Fondo”. 
  2. “Además, los dólares que el Gobierno se propone vender para apuntalar el peso este año serán muy necesarios para la próxima administración para hacer frente a los pagos de deuda e intereses que vencen en 2020”.
  3. “Mientras más deuda tenga la Argentina con un acreedor privilegiado como el FMI, más difícil será convencer a los inversores privados ‘no privilegiados’ de reinvertir y continuar financiando el país en 2020 y posteriormente”.

Torres no es optimista, y lo expresa sin inhibiciones al afirmar que “lamentablemente, la historia puede estar a punto de repetirse”. Se refiere a la crisis de 2001, cuando en octubre de ese año, dos meses antes de la declaración del default, el país solicitó un préstamo de 8000 millones de dólares al FMI. Recuerda que la mayor parte de esos recursos fueron utilizados para facilitar la fuga de la plaza local de inversores institucionales. Torres sentencia que “el FMI está a punto de volver a cometer el mismo error” y, por lo tanto, “no debe esperarse un resultado diferente”.

Abrazo de oso

La apuesta del FMI, bajo orden y supervisión de Estados Unidos, es inédita en la historia de ese organismo. Entregó el préstamo más grande jamás otorgado a un país. El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz detalló que Argentina representa el 61 por ciento del fondeo actual del Fondo, seguido muy lejos por Egipto con el 13 por ciento e Irak con el 6 por ciento. En su más reciente reporte evalúa que esa proporción ubica al FMI “en una posición de debilidad”.  

Esa debilidad relativa es compensada con el poder político que ejerce al ser una institución dominada por las potencias económicas, con Estados Unidos sobresaliendo entre ellas. Una de las máximas tradicionales en el mercado financiero dice que el acreedor tiene problemas cuando concentra gran parte de sus préstamos en un solo deudor. Este sería el caso del FMI con Argentina. Pero como se mencionó arriba, el Fondo es un acreedor privilegiado. En todo caso, las dificultades para cancelar el capital e intereses de la deuda, como las irregularidades formales en la rúbrica del acuerdo, como se detalló en esta columna el domingo pasado, servirían para mejorar un poco la relación desigual en la próxima instancia de renegociación del acuerdo financiero.

Se sabe que el Fondo recibirá con los brazos abiertos la propuesta de redefinir las condiciones financieras del stand by, para convertirlo en uno denominado Extended Fund Facility. Los grandes vencimientos del préstamo por 57 mil millones de dólares concentrados en los últimos tres años del próximo mandato presidencial podrían ser reestructurados a un plazo de 10 años. 

La predisposición a postergar el cobro de esa deuda no será desinteresada. Esos brazos abiertos se cerrarán como los de un oso cuando a cambio reclamen las reformas regresivas que figuran en el tradicional manual de ajuste que excitan a la grey de economistas ortodoxos: previsional (reducción de las jubilaciones y elevación de la edad de retiro), laboral (desregulación del mercado con pérdida de derechos de los trabajadores) e impositiva (eliminación de exenciones y mayor presión tributaria).

En ese paquete, es habitual que el Fondo incluya la sugerencia de una reestructuración de la deuda con el mercado, proceso que lo denomina “reperfilamiento” de los vencimientos de capital e intereses. Es una instancia amigable, sin grandes pérdidas para los inversores, con extensión de los plazos y modificación de la tasa de interés. El antecedente inmediato de esa propuesta fue la realizada por Ucrania con el aval del FMI.

Esta instancia de negociación, que agudizará la dependencia de la economía argentina al Fondo, podría ser menos dramática si el gobierno de Macri no estuviera rifando las reservas acumuladas con los dólares del FMI. Si las cuidaran, en lugar de liquidarlas con el mezquino objetivo político de intentar generar condiciones para que Macri pueda pelear con alguna chance la reelección, el próximo gobierno tendría un poco más aliviada la pesadísima mochila de la herencia M.

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