Hoy a las 17 se realizará por quinto año consecutivo la marcha de NiUnaMenos, que irá desde el Congreso hacia Plaza de Mayo. En el marco de la movilización, la organización La Casa del Encuentro publicó un informe que afirma que, en los últimos once años, en Argentina se produjo un femicidio cada 32 horas. Como terrible confirmación, poco después de la presentación del informe se conocieron dos casos más de femicidios en la provincia de Córdoba.

Según el relevamiento hecho por la ONG, entre 2008 y 2019 hubo 2952 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas. Esto dejó a 3717 niñas y niños –el 64 por ciento de ellos, menores de edad– sin sus madres. En más del 62 por ciento de los casos, los femicidas fueron parejas o ex parejas de las víctimas.

Como se informó, poco después de presentado el informe sobre femicidios, se informó que el sábado, Alejandra Palavecino, una joven de 18 años, fue asesinada por su novio en la localidad cordobesa de Anisacate. En 2017, el padre de Palavecino había denunciado al femicida, con quien la joven tenía un hijo en común. Esa misma noche en General Viamonte, Jésica González fue asesinada por su pareja enfrente de sus hijos, que resultaron ilesos. El hombre habría intentado suicidarse y se encuentra internado en un hospital de Bell Ville con custodia policial.

Ada Rico, presidenta de la Casa del Encuentro, contó a PáginaI12 que el informe está hecho a partir de un relevamiento de las noticias publicadas entre 2008 y 2019. “Nosotros lo que pedimos son estadísticas oficiales unificadas porque no corresponde que tengan tres, como sucede ahora. Si vos tenés tres estadísticas, dos de ellas se presentaron este año y las dos difieren, ¿de qué manera vas a trabajar en políticas públicas si no tenés estadísticas que den cuenta de lo que pasa?”, cuestionó.

Según el informe, el 66 por ciento de las víctimas son mujeres de entre 19 y 50 años. Mientras que la mayoría de los femicidas tienen entre 31 y 50 años. Más del 62 por ciento de los femicidas fueron esposos, parejas o novios de las víctimas al momento de cometer el crimen o lo habían sido con anterioridad; casi el 16 por ciento no tenían vínculo alguno; el 11 por ciento fueron familiares y el 8 por ciento de los casos se trató de vecinos o conocidos. El 18 por ciento de los femicidas se suicidó luego de cometer el crimen.

El relevamiento de la ONG también tuvo en cuenta los “femicidios vinculados”, es decir, “aquellas personas que fueron asesinadas por el femicida porque intentaron impedir la agresión y quedaron en la línea de fuego o por ser familiares de la víctima, como pueden ser los hijos o hijas”. “Este femicidio no existiría si la intención del agresor no fuera hacer sufrir y destruir psíquicamente a la mujer”, señaló Rico. Por otro lado, la provincia de Salta es la que concentra la tasa más alta de femicidios (13,78), seguida por Santiago del Estero (13,30) y Jujuy (11); mientras que la menor incidencia se registra en la Ciudad de Buenos Aires, con sólo 4,36 de estos crímenes cada 100 mil habitantes.

Respecto a las modalidades de los femicidios, el informe arrojó que 788 de las víctimas fueron baleadas; 696 apuñaladas y  458 golpeadas. El relevamiento también tuvo en cuenta las muertes por abortos clandestinos. “Nosotros los consideramos femicidios estatales porque queda en evidencia la ausencia del Estado en este tema”, denunció la presidenta de la ONG y reclamó la necesidad de sancionar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. “En el informe sólo hay 4 casos, pero porque recién el año pasado se empieza a hablar de las muertes por abortos clandestinos”, agregó.

Además, Rico señaló que falta información acerca de los travesticidios. Según el relevamiento, en los últimos 11 años, sólo se publicaron notas de 33 travesticidios. “No son 33, el tema es que los empiezan a publicar después de que se sanciona la ley de identidad de género”, sostuvo. “Sabemos que la violencia de género atraviesa a todos en la sociedad, pero en los sectores más vulnerables suele suceder que a la mujer le dicen que no denuncie porque la Justicia no va a hacer nada y esa mujer vuelve a la casa con el agresor. No están protegiendo a una mujer en situación de violencia”, denunció Rico y exigió que se implemente la ley Micaela, que obliga a funcionarios estatales a recibir capacitaciones en temática de género.

Informe: Ludmila Ferrer.