Luego de que el director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, minimizara el genocidio ocurrido durante la última dictadura militar, la diputada nacional y ex ministra de Seguridad Nilda Garré presentó un proyecto de ley que busca sancionar con prisión de seis meses a dos años y multas de 10.000 a 200.000 pesos a quienes negaran crímenes de lesa humanidad.
La iniciativa de estipula un agravamiento de la reclusión de uno a cuatro años cuando quien la realice sea funcionario público e incluirá, en ese caso, la pena de inhabilitación por el doble de tiempo de la condena.
Si bien la apología del delito ya se encuentra en el Código Penal, Garré entiende que esas manifestaciones "revisten un carácter más gravoso". En ese sentido, la diputada del bloque del Frente para la Victoria, advirtió que "en el último tiempo diversos funcionarios del gobierno han negado el alcance del terrorismo de Estado y el daño que el mismo ha ocasionado en las víctimas. Estos dichos no solo hieren susceptibilidades de personas que han padecido las consecuencias del plan sistemático de terror, o de personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, sino que significan una clara negación de nuestra historia reciente y atentan contra lo dictaminado por la justicia argentina".
En los fundamentos del proyecto, Garré cita algunos ejemplos de legislaciones similares en el mundo, sobre todo aquellas que abarcan el genocidio practicado por el nazismo en Europa. En Austria, la Ley conocida como Verbotsgesetz "prohíbe la negación del holocausto nazi" y establece: “Quien en forma impresa, en otros medios de comunicación, o de otra forma que hiciera accesible a mucha gente, negara, menospreciara, condonara, o tratara de justificar el genocidio nazi u otros crímenes nazis contra la humanidad será castigado con 1 a 10 años de prisión”. En el proyecto, Garré adjuntó ejemplos de normas sancionadas en Bélgica, República Checa, Francia, Grecia, Hungría y Alemania, entre otros países.
