La Suprema Corte bonaerense reclamó al gobierno de María Eugenia Vidal por las dificultades que hay para llevar adelante los juicios por jurado. Los jueces del máximo tribunal demandaron que el Ministerio de Justicia, conducido por Gustavo Ferrari, depure “en forma urgente” las listas de candidatos a jurados, porque “en los últimos años se han detectado serias dificultades en las instancias preparatorias de los debates a realizarse, que incluso imposibilitaron que se lleven a cabo las audiencias” previstas en algunos casos. 

En la resolución, que reitera un pedido hecho por los supremos el año pasado, los magistrados señalaron que en lo que va de este año “el porcentaje de frustración de las notificaciones para los juicios programados es de un 60 por ciento”.

La falta de depuración de los listados que permiten a través de un sorteo elegir a los ciudadanos para integrar un jurado implica, según señalan los magistrados, que “pese al gran esfuerzo que realizan los funcionarios y agentes judiciales, reunir a 48 personas en la audiencia de selección de jurados resulte una tarea prácticamente imposible, y la cancelación de los debates una medida frecuente si se tiene en cuenta que en algunos casos no se ha llegado a reunir la cantidad mínima de 18 ciudadanos”.

En la resolución (1101/19), los tribunos remarcaron que “los listados remitidos a la Oficina Central de Juicios por Jurados en los últimos años (todos fuera del plazo que manda la norma) se han confeccionado sin la realización previa de las correspondientes declaraciones juradas y, por ende, de la efectiva depuración exigida por la ley”.

Esta situación hace que se incluya en el sorteo y conformación del Tribunal de jurados a ciudadanos que no cumplen con los requisitos legales para ejercer la función de jurado (funcionarios, integrantes de fuerzas de seguridad, abogados escribanos, religiosos, que deben ser excluidos).

Esto produce a su vez demoras en el proceso porque hay que reenviar cédulas, resortear a los candidatos y pagar traslados. Estas dilaciones afectan sin duda a quienes serán sometidos a este tipo de juicio, ya que, como señalaron los magistrados, la mayoría de las personas que esperan un juicio por jurado “están privadas de su libertad”.

En este sentido cabe recordar que en la provincia de Buenos Aires pueden ser juzgados por un jurado popular aquellas personas que cometieron delitos graves, aquellos hechos que pueden ser alcanzados por penas de más de quince años de prisión o reclusión (homicidios, ciertos delitos contra la integridad sexual, robos calificados por el empleo de armas de fuego aptas para el disparo,secuestros seguidos de muerte, entre otros).

La selección de candidatos se efectúa a partir del sorteo en base al padrón electoral. A los sorteados se los cita a una audiencia el día de inicio del juicio, donde luego de una depuración, a partir de las preguntas de los abogados y fiscales intervinientes, se selecciona tras un nuevo sorteo a 12 jurados titulares y 6 suplentes. Ninguno de ellos podrá volver a ser jurado durante los siguientes tres años, a menos que se haya agotado el padrón.

La queja fue firmada por los seis integrantes del máximo tribunal provincial: Eduardo De Lázzari (Presidente), Héctor Negri (Vice), Luis Genoud, Hilda Kogan, Daniel Soria y Eduardo Pettigiani. Al día siguiente del reclamo, asumió el nuevo tribuno, Sergio Torres, propuesto por la gobernadora Vidal para ocupar el cargo que quedó vacante cuando se jubiló, dos años atrás, Juan Carlos Hitters.

En la protesta contra la cartera de Justicia, los magistrados sostuvieron que de la serie de medidas que el Ministerio debía realizar, a excepción del sorteo público anual, “ninguno de los restantes requerimientos dispuestos por la ley han sido cumplidos por el Ministerio”.

A eso se suma “otra dificultad no menor: la mala calidad del dato vinculado a los domicilios de los ciudadanos incluidos en dichos listados, principalmente por tratarse de información muy desactualizada”.

Otra arista del problema es, como explicó a este diario Mario Juliano, miembro del Tribunal Criminal de Necochea, que en los distritos chicos de la provincia “no están alcanzando los padrones”, y es necesario implementar un sorteo suplementario. “La ley prevé que hay que sortear una persona por cada 1000 electores, y en distritos como Nechochea tenemos entre 80 y 90 mil electores. Esto es 80 o 90 personas (el uno por mil) que se agotan en dos o tres juicios”.