Ante el inminente cierre de la fábrica de notebooks y tablets Banghó y la negativa del Gobierno a suspender la anunciada quita de aranceles del 35 por ciento a los productos importados de informática, la UOM se movilizará el martes frente a los ministerios de Trabajo y de Producción.
Emiliano Gallo, secretario de prensa del sindicato a nivel nacional, sostuvo que "no hay voluntad empresaria ni política de modificar la decisión de reincorporar a los 183 despedidos y la continuidad de la empresa”. Agregó que igualmente cumplirán “con la formalidad de concurrir” a la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo para el martes. Ese día vence la conciliación obligatoria dictada por la cartera laboral por los casi 200 despidos en Banghó.
Al respecto, Gallo anticipó que "como ese mismo día está prevista la movilización, nos concentraremos una hora antes en la Plaza de los Dos Congresos y desde ahí marcharemos a Trabajo y luego al Ministerio de Producción frente a la Plaza de Mayo".
Por su parte, Enrique Salinas, también dirigente de la UOM, indicó a la agencia Télam que además de por los despedidos de Banghó, la movilización es “por las suspensiones y los despidos en las distintas empresas que se dedican a la industria metalúrgica, porque nosotros ya vivimos en los años 90' un achique brutal en nuestra actividad".
Hoy Juan Carlos Lascurain, vicepresidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), dijo que el sector tuvo “un 3 por ciento de caída de empleo y un personaje un poco más alto en suspensiones”.
En diálogo con el programa "Toma y Daca" de FM Radio con Vos, calculó que hubo 9 mil despidos y unos 11 mil suspendidos y reconoció: “La actividad, con excepción del sector de maquinaria agrícola, ha tenido una caída durante todo el año pasado”.
Marcha por la Emergencia Social
También el martes, organizaciones sociales se movilizarán al Ministerio de Trabajo para exigir la reglamentación de la ley de Emergencia Social, aprobada en diciembre por el Congreso tras un acuerdo con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.
Ahora, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y otras organizacionesdenunciaron que el Gobierno "demora y traba" la implementación de la ley y que el Ministerio de Trabajo "exige requisitos burocráticos".
