Hace un año, el estado santafesino firmó el acta de la reparación histórica del Caso CER, una chica de Reconquista, de 19 años que denunció por violación a su padre y no obtuvo respuestas en el estado ni en la justicia. Las mujeres que llevaron el caso ante la ONU denunciaron que "el gobernador Miguel Lifschitz firmó el decreto 2234/16 en base a esta acta para formalizar la reparación histórica de esta joven y se está incumpliendo". La presidenta del Concejo Municipal de Reconquista Soledad Zalazar, las integrantes de Insgenar y Cladem, Susana Chiarotti, Viviana Della Siega y Gabriela Filoni, la psicóloga Graciela Sosa y la concejala Norma López (FpV) de Rosario advirtieron que "el caso CER es un caso testigo en la provincia de Santa Fe por la vulneración de derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes que el estado provincial deberá reparar".
Para las activistas que llevaron adelante el caso, "es imposible tolerar que una persona por ser mujer y pobre, deba ser sometida a delitos sexuales y que estos vejámenes no puedan acceder a la justicia por un accionar discriminatorio de los jueces y fiscales santafesinos y con un estado provincial lento a la hora de resolver estas situaciones naturalizando este tipo de violencia". Por esas razones, presentaron el caso ante Naciones Unidas, y luego consensuaron una agenda reparatoria con el Estado, que fue refrendada por el Ministerio de Justicia, las áreas de Desarrollo Social y de Género de la provincia.
La historia de CER llegó a las militantes que actuaron en el caso hace seis años. "Tomamos contacto con el caso de una joven de 19 años de la ciudad de Reconquista en el departamento General Obligado ‑a quien llamamos CER para preservar su identidad‑, que denunció que su padre la violaba sistemáticamente desde que ella tenía 13 años, conducta que repetía con otras hijas", relataron las militantes.
El 16 de junio de 2011, el Juzgado en lo Penal de Instrucción de Reconquista ordenó el procesamiento del padre de la joven, por encontrarlo autor responsable de abuso sexual con acceso carnal agravado, reiterado en número indeterminado de veces. El Juez de Sentencia de Vera, Nicolás Muse Chemes, sobreseyó al imputado el 14 de marzo del 2012, considerando que tiene dudas y falla a favor del acusado. El 23 de agosto del año 2012 la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera, ratificó la sentencia absolutoria del imputado, que quedó firme ya que el Fiscal no apeló la resolución. El imputado volvió a su barrio y organizó una fiesta a la que invitó a familiares y vecinos para festejar su libertad. Por esa situación, las víctimas del violador tienen que dejar la casa paterna.
CER no tenía ninguna representación legal y no fue notificada de la sentencia, que recién conoció a principios del 2013. Allí se comunicó con organizaciones de mujeres, que impulsaron un equipo para revisar el expediente y las sentencias y encontraron que el acusado fue absuelto "en base a concepciones discriminatorias, estereotipos de género y mitos sobre la violación". Alarmadas frente a "otra sentencia que garantiza la práctica violatoria incestuosa por un Poder Judicial cómplice de una sociedad que ha naturalizado estos delitos en el norte santafesino, decidimos llevar el caso ante el Comité que vigila la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), de la ONU, en Ginebra", indicaron las integrantes de las organizaciones.
El Comité admite el caso, que pasó a ser el primero en la historia del país que es admitido. El 3 de Diciembre de 2014 se realizó la primera de las reuniones en el Consejo Nacional de la Mujer en la ciudad de Buenos Aires, donde se empieza a acordar una agenda de reparación para CER y otra agenda de garantías de no repetición por parte del Estado de Santa Fe, donde entre otras cosas se solicita la capacitación y formación de los integrantes del Poder Judicial Provincial y todos los entes del Estado; la capacitación a medios de comunicación para resguardar la intimidad de las víctimas en casos de violencia sexual; y un acto público de pedido de disculpas por parte del Estado.
Justicia lenta no es justicia: a tres años de aquella primera reunión, donde el Estado provincial prometió reparar, la víctima aún sigue esperando. Mientras tanto, el Estado consiguió detener la marcha del caso a nivel internacional. "Exigimos el inmediato cumplimiento del Acta Acuerdo del 12 de febrero de 2016", expresaron Zalazar, Chiarotti, Filoni, López, Sosa y Della Siega.
