Cannataci evaluó las recientes reformas al sistema de escuchas, los mecanismos para prevenir las violaciones del derecho a la privacidad y recogió las preocupaciones expresadas por las organizaciones de la sociedad civil y los especialistas en el tema. La evaluación da cuenta de que mensualmente son interceptadas 6000 líneas telefónicas, de las cuales sólo 69 son escuchas directas (la que se realizan cuando corre peligro la vida de una persona, por ejemplo, ante un secuestro). También aclaraba que la mayor parte de las interceptaciones no son escuchadas por funcionarios de la Dajudeco, sino grabadas automáticamente en CDs sin intervención humana y luego son distribuidas a quien las haya solicitado.
En 2018 se pincharon 41.000 líneas telefónicas. Las principales advertencias de Cannataci giran alrededor de que “la tecnología es bastante anticuada”, hecho que obliga a la Corte Suprema a mantener una gran dependencia respecto de la AFI, el organismo que brinda el soporte técnico de aquel antiguo sistema. El informe agrega una serie de “vulnerabilidades inherentes” derivadas del uso excesivo de las interceptaciones, tratadas como una medida ordinaria de investigación para todo tipo de delitos; “la debilidad de los controles sobre el acceso al contenido de las interceptaciones”, y “la falta de un control independiente sobre el uso de las interceptaciones”.
En su diagnóstico sobre la viglancia en el país, Cannatasi registró con “preocupación” que en 2015 un agente de la AFI siguió durante varios meses en Esquel, provincia de Chubut, a 26 miembros de una comunidad indígena mapuche y de un movimiento contra la minería, trabajó con dos agentes de policía y luego compartió la información que había recopilado con los fiscales de la provincia de Chubut. Además subrayó que se trata de una actividad prohibida por la ley y dirigida a una comunidad vulnerable, aunque también destacó la actitud de los agentes de policía y los funcionarios del sistema de justicia, quienes “aceptan el producto de la vigilancia”.
El relator de la ONU exhortó al gobierno a que aumente de inmediato los recursos asignados a la protección del bienestar y la privacidad de los pueblos indígenas y a que indemnice a las víctimas y se asegure de que la violación no se repita. En la misma línea, sugirió que los servicios de inteligencia deberían llevar a cabo "una revisión en profundidad de su cultura y prácticas de opacidad, actualmente impuestas por la ley”.
En cuanto a la transparencia de las Fuerzas Armadas, Cannataci alertó acerca del alcance “excesivo” de la información clasificada, que “les impide, de facto, poner en práctica políticas de transparencia adecuadas que ayuden a fortalecer la confianza pública”.
El relator de la ONU fue crítico también respecto de la Comisión Bicameral de Inteligencia, a la que la Corte Suprema también había encomendado analizar el sistema de escuchas vigente. Según el experto, la Comisión “no utiliza al máximo su capacidad jurídica ni posee los recursos para auditar a fondo el desarrollo de casos concretos, y tampoco tiene pleno acceso al contenido de cada expediente”, por lo que recomendó la creación de un “nuevo órgano independiente con personal dedicado a tiempo completo”.
