Eduardo Carlos Videla, un ex jefe de compañía del Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca, quien goza de libertad pese a estar acusado de haber tomado parte en 52 casos de secuestros y torturas y en un hecho de violencia sexual, transcurre en libertad sus días en Villa Elisa –una tranquila localidad del norte de La Plata–, en la que fijó su domicilio legal y donde hasta hace poco disfrutaba del anonimato.
Integrantes de la agrupación Vecinos de Villa Elisa por la Memoria, Verdad y Justicia –un colectivo de militantes por los derechos humanos que se formó para rescatar del olvido a los 25 pobladores de la zona desaparecidos durante la última dictadura– lo descubrieron al intentar sumarse a una actividad comunitaria, lo que generó una ola de preocupación.
Por eso, este sábado su presencia en el barrio será repudiada en un acto para el que ya aseguraron su participación el ex juez Carlos Rozansky, el periodista y abogado Pablo Llonto, la abogada Verónica Bogliano y la especialista en comunicación y criminología Azucena Racosta. La actividad tendrá lugar a las 15, en el Paseo de La Memoria, en Avenida Arana y 6.
“Lo detectó una integrante de nuestra organización que coordina un centro cultural, cuando este personaje fue a inscribirse para participar de un taller literario. A ella le sonó el nombre, lo inscribió y tras rastrear información, se encontró con la historia de este genocida”, cuenta Víctor Salinas, uno de los integrantes de Vecinos de Villa Elisa por la Memoria, Verdad y Justicia.
El Batallón de Comunicaciones 181 bahiense fue uno de los núcleos represivos del sur del país. Al ordenar una serie de detenciones a fines de noviembre de 2014 –entre ellas, la de Videla–, la Unidad Fiscal que interviene en crímenes de terrorismo de Estado en Bahía Blanca y zonas aledañas destacó “la dimensión del rol que adquirió el Batallón de Comunicaciones 181 en el marco del plan de exterminio”, así como también “el nivel de preparación, especialización y compromiso de su personal en el ámbito criminal no sólo en Bahía Blanca sino como grupo que participó en otros territorios”, ya que “un grupo numeroso de integrantes” fue enviado en 1975 y 1976 a Tucumán en el marco del llamado Operativo Independencia.
Tras el dictado de su prisión preventiva, “Videla estuvo algunos años en la cárcel, comenzó a tener salidas transitorias y a venir a Villa Elisa a visitar a su esposa”, reseña Salinas, quien enseguida dice que “al cumplir el cuarto año detenido su abogado defensor pidió la libertad por no tener una condena firme”.
Sin embargo, “los plazos de la prisión preventiva según conceptos de algunos de los jueces que han intervenido históricamente en las causas de derechos humanos, no se aplican para genocidas, como no se aplica ninguna otra regla de las comunes porque son delitos imprescriptibles”, razona la abogada Cristina Lembeye, quien también forma parte de Vecinos. “El juicio se podría haber hecho perfectamente porque el requerimiento fiscal de elevación a juicio, que es lo que va al tribunal oral para que el juicio se abra, fue en diciembre de 2016. Es decir, tuvieron más de 2 años y medio para hacerlo y no lo hicieron. Es evidente que es una cuestión que tiene que ver con la política de derechos humanos de este Gobierno”, enfatiza la abogada. Según Lembeye, la resolución por la que se dispuso la libertad de Videla “no está firme porque fue apelada por la fiscalía, y si bien no se abrió el recurso en la Cámara Federal de Casación, hay un recurso extraordinario federal presentado por el titular de la Fiscalía 4, Javier Deluca”.
Walter Larrea, abogado de la APDH de Bahía Blanca, aseguró que Videla hasta participó del secuestro de un niño de 13 años, Gustavo Partnoy, “chupado” ilegalmente junto a su padre y luego “sometido a las mismas condiciones de cautiverio, de vejamen, de tortura, de incertidumbre sobre su paradero”.
“En términos de grados de responsabilidad Videla no estaba incurso en ellas por la escasa graduación militar que tenía en esos momentos por su juventud –ya que en el año 76 tenía 20 o 21 años–, pero era jefe de sección de la Compañía de Combate Mayor Keller, y en tal condición era una pieza de la maquinaria del terror”, amplió Larrea, en declaraciones a la radio on-line 1894, de Villa Elisa.
El torturador –de 65 años de edad– fijó dos domicilios en la capital provincial, uno en Calle 44 nº 507 de la localidad de Juan Vucetich (ex Levene), y el otro, donde vive actualmente, en la Diagonal 426, entre las diagonales 3 y 4, del barrio Dumor, bien próximo al cruce del Camino Centenario y Arana, de Villa Elisa.
Sugestivamente, en un portal denominado prisioneroenargentina.com y bajo el título “Amenazas, persecución y futuro ataque al domicilio del Sr. Eduardo Carlos Videla / La justicia en silencio”, en un artículo sin firma.
Salinas aclara: “No tenemos la intención de ir a escracharlo a su casa por temor a que algún exaltado se desbande”, y focaliza todas sus energías en el acto del sábado 8.
Los antecedentes de Videla refieren que en 1976 fue jefe de sección de la compañía de Combate Mayor Keller, del Batallón 181, mientras que en 1977 prestó funciones como “jefe de grupo” de la Compañía Comando de la misma unidad. “Como vecinos no queremos que los genocidas caminen libremente por las calles. Para cada uno de ellos exigimos que sean juzgados con todos los derechos y garantías que nuestras leyes ofrecen y que cumplan sus condenas en cárceles comunes. Villa Elisa No Olvida y exige Memoria, Verdad y Justicia”, gritan los flyers que los villaelisenses comprometidos circulan por redes sociales.
