El comandante en jefe del Ejército de Colombia, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, estuvo al mando, entre 2004 y 2006, de una brigada acusada de haber perpetrado al menos 283 ejecuciones extrajudiciales. Así lo informó ayer el diario español El País, que tuvo acceso a documentos pertenecientes a las investigaciones de los delitos conocidos como falsos positivos, en auge en la década pasada. Con este nombre se conoce a los asesinatos a civiles en manos de militares presentados después como miembros de las FARC. El general Martínez está en el ojo de la tormenta desde mediados de mayo cuando el periódico estadounidense The New York Times denunciara que el Ejército colombiano había ordenado a las tropas duplicar el número de guerrilleros muertos en las operaciones militares, lo que podría poner en riesgo la vida de civiles, reencarnando los falsos positivos. Por dicha denuncia, la Fiscalía de Colombia abrió una investigación para determinar si estas nuevas directrices de Martínez pueden haber puesto en riesgo a los ciudadanos civiles.
Martínez se desempeñó, entre octubre de 2004 y enero de 2006, como segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Décima Brigada Blindada, señalada por un informe de la fiscalía como uno de los primeros lugares en el ranking de presuntas ejecuciones extrajudiciales. En el período en el que el actual jefe del Ejército era uno de los que dirigían la brigada, se produjeron al menos 23 casos de asesinatos de este tipo.
El actual jefe del Ejército siempre ha defendido su respeto a los derechos humanos y se ha mostrado dispuesto a colaborar con las autoridades. También es cierto que, según los documentos a los que tuvo acceso el rotativo madrileño, el militar no tuvo vínculos directos con ninguna de las operaciones criminales investigadas. Sin embargo, ellas ocurrieron cuando él era segundo comandante.
“El general dice que, como segundo comandante y jefe de Estado Mayor, él solo tenía un rol administrativo en la Décima Brigada Blindada. Pero olvida un detalle importante: precisamente lo macabro de los falsos positivos es que no solo se asesinaban a civiles inocentes, sino que se utilizaban todos los procedimientos administrativos para generar la apariencia de que se trataba de bajas legítimas ocurridas en combate”, dijo José Manuel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), al periódico colombiano El Espectador.
Como ejemplo, El País subraya que dentro de las informaciones a las que pudieron acceder, se encuentra un documento del 5 de agosto de 2005 en el que Martínez firmaba una orden de recompensa de un millón de pesos colombianos (unos 290 dólares actuales) por haber obtenido información que “arrojó excelentes resultados operacionales” y permitió proceder contra supuestos guerrilleros. Gracias a esa información fueron “dados de baja” dos supuestos miembros de las FARC, indicó el diario.
Otra resolución judicial indica que el 14 de mayo de ese año, en el departamento del Cesar, unos treinta mlitares del batallón La Popa –perteneciente a la Décima Brigada Blindada– perpetraron el asesinato de Claudino Manuel Olmedo Arlante y Frank Enrique Martínez Caviedes, un menor con discapacidad mental, informó El País. “Los fallecidos fueron reportados como muertos en enfrentamientos con la antigua guerrilla de las FARC. Siete soldados fueron condenados a 40 años”, informó el periódico español.
A pesar de que en este caso en concreto se llegó a una condena, el representante de HRW, sin embargo, afirmó en diálogo con el rotativo colombiano: “El Ejército nunca ha purgado plenamente a los oficiales que creíblemente aparecen implicados en estos crímenes. Es más, muchos de ellos han sido ascendidos y hoy ocupan altos cargos en la institución”.
