El 28 de mayo la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, volvió a presentar en el Congreso el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El 2018 se constituyó como un punto de inflexión en la lucha por la legalización del aborto. A pesar de no lograr la media sanción en la Cámara de Senadores el saldo fue positivo: Hoy hablamos de aborto legal como una deuda del Estado con los cuerpos gestantes. Sin embargo, esa misma avanzada del movimiento feminista ha producido una respuesta de los sectores conservadores. El gobierno de Cambiemos habilitó el tratamiento del proyecto en 2018 pero después presentó, a través del Senador Federico Pinedo, un proyecto de ley que contempla la formación de un programa para la adopción prenatal de niños y niñas al cual proponen nombrar “El Estado se hace cargo y te acompaña”. Según este proyecto las mujeres embarazadas que no deseen abordar la crianza de su hijo o hija podrán anotarse en una suerte de registro de adopción que se sumaría a la oferta del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines de adopción (ley 25.854).
No existe la demanda de programas para adopción y la iniciativa atenta contra los derechos humanos de las personas gestantes retrasando las discusiones que hemos en materia de derechos. El proyecto no aborda ni resuelve el problema central de las mujeres que transitan embarazos no deseados; la no voluntad de gestar, la voluntad de no parir, por los motivos que sean. Es evidente que hay sectores que jamás entenderán que los embarazos no nos convierten en envases de futuros niños o niñas, sino que somos sujetas de derechos. La Convención Americana de Derechos Humanos establece que el embrión no tiene derechos absolutos, sino progresivos.
Este tipo de concepciones, en donde la gestación y el parto se consideran una tarea obligada, deshumanizan a las mujeres durante el embarazo considerándonos un mero objeto reproductivo.Por otra parte, el proyecto no considera en ningún momento la violencia y estigmatización que atravesamos las mujeres que decidimos no maternar. Es un proyecto que nos obligaría a gestar y a parir bajo la condena social de ser una “mala madre” por no poder abordar la crianza.
Por último, ridículo e inverosímil es la propuesta de asistencia médica, sanitaria, alimentaria y habitacional a quienes decidan gestar y dar en adopción. ¿No debería el Estado garantizar alimento, vivienda y salud a todas las mujeres, deseantes o no de maternar? ¿Cómo proponen resolverlo si existe un gobierno que deja a más del cincuenta por ciento de las familias por debajo de la línea de pobreza con políticas de ajuste y hambre?
El 28 de mayo, las mujeres, lesbianas, travestis y trans propusimos, una vez más, una ley para que podamos construir libremente nuestro proyecto de vida. Que el derecho a decidir no sea solo para las y los pocos que tienen dinero, sino para todos y todas.
Carolina Pedelacq: Responsable de Mujeres Evita de la Provincia de Buenos Aires.
