Jueces del trabajo, abogados laboralistas, académicos y representantes gremiales se reunieron para debatir el DNU firmado por el presidente Mauricio Macri de modificación del régimen de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) así como también el proyecto de ley que tiene media sanción en el Senado. Entre ambas iniciativas no hay grandes diferencias de fondo. El encuentro fue realizado en la sede de la Universidad Metropolitana de los Trabajadores (UMET), organizado por el profesor Julio Neffa, investigador superior del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del Conicet, uno de los académicos vinculados al mundo del trabajo de mayor prestigio.

“Yo no soy contrario a la búsqueda de un sistema eficiente y ágil, que evite la judicialización masiva, pero tampoco se puede impedir el acceso directo a la Justicia. Bajo el nuevo sistema que se propone, los únicos perdedores son las víctimas de infortunios en el trabajo”, comenzó Luis Raffaghelli, juez nacional del Trabajo. “Más allá de la inconstitucionalidad de origen del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), su contenido merece análogo cuestionamiento. El Gobierno parte de premisas falsas y arriba a conclusiones igualmente falsas. Se ideologiza la siniestralidad y no advierte el subregistro de las enfermedades laborales. Lo más complicado del DNU es la definición de la instancia previa, la obligatoriedad de pasar por las comisiones médicas, que vulnera la Constitución Nacional y el derecho a la defensa. La solución no se encuentra cerrando los tribunales e imposibilitando el acceso al juez natural. El decreto además crea un farragoso sistema que eterniza los conflictos”, agregó el juez. “Para reducir la litigiosidad hay que profundizar estudios de medicina del trabajo, de derecho del trabajo, de derecho de daños, en seguridad e higiene y fortalecer la cultura de prevención. Hay que legislar para el bien común. Eso no se logrará persiguiendo a la baja los costos laborales y alejando a los más débiles del juez natural”, cerró Raffaghelli.

Jorge Andrés Kohen es director del posgrado de Medicina del Trabajo de la facultad de Medicina de la Universidad de Rosario e integra el Observatorio de Salud de los Trabajadores de Rosario. “La necesidad y urgencia de la modificación legislativa es sólo de las compañías de seguros y de los bancos, que son los dueños de tres de las cinco aseguradoras de riesgo de trabajo más importantes. Es una clara ofensiva para lograr la flexibilización laboral”, señaló.

“La discusión sobre la litigiosidad encierra conceptos absolutamente falsos. Se coloca como víctima al sistema financiero y a las ART y de victimarios a los trabajadores y a los profesionales que defienden los derechos de los trabajadores, cuando uno de cada tres empleadores no cumple con las condiciones básicas de higiene y seguridad y las causas principales de los reclamos tienen que ver con los rechazos de las ART y de las comisiones médicas a los reclamos de los trabajadores afectados”, agregó Kohen. También advirtió que el alargamiento de los plazos de resolución de los conflictos (que se espera que suceda si prospera la ley) representa una suculenta ganancia financiera para las ART. “En la discusión pública es imprescindible desplazar el eje del riesgo desde la ‘competitividad empresaria’ hacia la salud de los trabajadores”, concluyó el académico.

“El sistema de empresas privadas que manejan el sistema de riesgos del trabajo está presente sólo en la Argentina. Hay que hacer cambios de fondo. Buena parte de la judicialización tiene que ver con el no reconocimiento de las enfermedades laborales. De una vez por todas hay que determinar que los trabajadores argentinos tienen psiquis. La salud no es una mercancía a vender sino un bien a defender mediante la prevención”, analizó Carlos Rodríguez, ex ministro de Trabajo de Santa Fe.

“El DNU constituye un viraje regresivo para tratar de reeditar la Ley de Riesgo de Trabajo, que es fruto del auge del neoliberalismo y que como ninguna otra norma evidencia el absoluto desprecio hacia el trabajador y la trabajadora. De hecho tiene el triste privilegio de ser la ley con más tachas de inconstitucionalidad. Como esa norma, el decreto establece nuevamente la obligatoriedad de pasar por las comisiones médicas que dependen de las ART”, planteó Luis Federico Padín, abogado de trabajadores. “El DNU y la ley que tiene media sanción obligarían a trabajadores del interior del país que se accidentaron a recorrer cientos de kilómetros para acceder a las comisiones médicas, que en muchos casos sólo están presentes en las capitales provinciales. Además, modifica un tecnicismo que constituye una perversidad: si el trabajador decide apelar la decisión de la comisión médica, ese recurso tiene efecto suspensivo. Es decir que el trabajador que apela no cobra un peso hasta tanto se resuelva en instancia superior. Esto constituye un abuso del estado de necesidad y no resiste el menor análisis constitucional”, cerró Padín.

El juez nacional del Trabajo Roberto Pompa subrayó que “desde 1994 no vi ni un sólo caso donde la comisión médica de la ART haya reconocido al trabajador accidentado un grado de incapacidad mayor al realmente existente. Y diría que el ciento por ciento de los casos judiciales reconoce una incapacidad mayor que la comisión médica. Entonces no podemos hablar de una industria del juicio sino de una industria del incumplimiento de parte de las ART”.