Los planes de estímulo al consumo que empezó a desplegar el Gobierno a nueve semanas de las PASO son una ficción. No hay vocación real de las autoridades de sostener políticas que motoricen la demanda interna y que ésta opere como una plataforma para la producción, el empleo y la mejora del salario. No ha sido esa la visión de Cambiemos en tres años y medio de gestión y no lo será si Mauricio Macri consigue quedarse otros cuatro años en la Casa Rosada.

Los créditos Ahora 12 con una tasa de interés más baja que la que regía hasta ahora, del 20 por ciento en lugar del 70, aunque superior a la versión original del programa, que era cero; los préstamos a jubilados y titulares de asignaciones a través de la Anses, lo que antes se llamaba créditos Argenta; los nuevos Precios Esenciales, con intención de rescatar el inhallable Precios Cuidados; los subsidios para la venta de autos cero kilómetro; la postergación de incrementos de tarifas de electricidad, gas y transporte y el adelantamiento de los aumentos de la Asignación Universal por Hijo y del salario mínimo son todas medidas lanzadas de apuro para mejorar las expectativas electorales del oficialismo. Prueba de ello es que no se hicieron antes, salvo en algún caso también de cara a los comicios legislativos de 2017, y sobre todo porque tienen fecha de vencimiento. Pasadas las elecciones, todo ese andamiaje desaparecerá y volverán los tarifazos, los precios liberados, los créditos a tasas impagables y el desinterés del Estado por la pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, que es la verdadera política del macrismo. Peor aún, el gobierno del miedo promete imponer una reforma laboral que quite derechos e ingresos a los trabajadores y una reforma jubilatoria en igual sentido con los trabajadores retirados. Así se lo exigen el FMI y los economistas que dominan la escena a través de los medios concentrados, quienes aceptan los raptos populistas del oficialismo como una trampa tolerable en pos de un objetivo mayor: ganar las elecciones para poder avanzar sí con un ajuste del gasto sin medias tintas.

La paz cambiaria que el Gobierno busca mantener con tasas de interés que envenenan el aparato productivo también es una ficción. La realidad de la política económica es la inestabilidad del tipo de cambio, como se ha comprobado largamente desde que Alfonso Prat-Gay anunció antes del triunfo de Cambiemos en 2015 que terminaría con toda regulación para la compra de divisas. El resultado de esa política es la suba del dólar de 10 o 15 pesos, si se quiere tomar la cotización oficial o la del mercado ilegal cuando arrancó el gobierno de Macri, a los 46 pesos actuales. La devaluación y las corridas son la norma, mientras que la estabilidad del dólar es la excepción. Miguel Angel Broda, que defiende la orientación del plan económico, avisó que el valor actual de la divisa es insuficiente y que se necesita un precio más alto para impulsar las ventas al exterior. “Este es un dólar barato. No es lo suficientemente alto para que las exportaciones despeguen”, evaluó en una entrevista con el diario El Cronista. Es decir, lo que cabe esperar después de las elecciones, si se impone el Gobierno, son nuevas subas del tipo de cambio, combinadas con reformas en materia laboral y previsional y un estricto recorte de gastos para cumplir con el FMI.

Es obvio que un plan de semejantes características está destinado al fracaso, así como se anticipó lo peor para el programa en curso y efectivamente se comprobó que era la ruina para las mayorías populares. Ahora, cuando se acercan las elecciones, el Gobierno echa mano a medidas heterodoxas de fomento al consumo porque es consciente de su carácter reactivante, que es lo que necesita para no resignarse a la derrota en los comicios de octubre. Aunque no lo explicite, es un reconocimiento de que el corazón de sus políticas, que van en dirección opuesta al plan electoralista de este momento, conspira contra los intereses de quienes viven de un salario o una jubilación y, en consecuencia, contra sus aspiraciones en las urnas. La necesidad de apuntalar el consumo es también una respuesta a una economía que no levanta, más allá del relato de Nicolás Dujovne. Empresas líderes del sector de la alimentación aseguran que mayo fue peor que abril en materia de ventas, con bajas de productos masivos como fideos, arroz y yerba del orden del 9 por ciento en cantidades despachadas respecto de un año atrás. El hundimiento del mercado interno a lo largo de los últimos doce meses es tan intenso que el Gobierno difícilmente logre mucho más que maquillar una pausa en la caída en los meses que quedan hasta las votaciones.

Igual de difícil asoma el desafío en materia cambiaria. La razón principal es la misma que llevó a tantos saltos del dólar desde fines de 2015 a la fecha: siguen vigentes las dos políticas que le otorgan el poder de manejar la cotización de la divisa a los inversores especulativos. Ellas son la liberalización de compra de moneda extranjera, sin ningún límite, y la eliminación de regulaciones para el ingreso y la salida de capitales del país. Como los financistas pueden comprar todas las divisas que deseen y las pueden sacar de la Argentina de un momento a otro, la determinación del momento en que lo hagan en volúmenes que desestabilicen el mercado es enteramente suya. Se suponía que esas libertades debían generar confianza y desatar una corriente de inversiones que terminara con la insuficiencia de divisas. Lo que ocurrió es lo contrario. Los capitales especulativos presionan para obtener cada vez más tasas de interés y en cuanto consideran que ganaron lo suficiente y necesitan ponerse a cubierto de los riesgos de las inconsistencias del modelo, realizan sus ganancias y se mandan a mudar. Es un secreto a voces en la city que eso volverá a ocurrir como ya pasó el año pasado, cuando el que empezó la corrida fue el JP Morgan, fugando más de 1000 millones de dólares de la noche a la mañana. Las especulaciones en el mercado rondan en si eso sucederá antes o después de las PASO, desatando un movimiento en manada de inversores más chicos.

“La calma cambiaria registrada desde fines de abril está explicada por dos factores: la decisión del FMI de habilitar al Gobierno a usar los dólares del stand-by para intervenir activamente en el mercado de cambios y el mantenimiento de exorbitantes rendimientos para las colocaciones en pesos. Sin embargo, no se advierte que en paralelo estén madurando condiciones virtuosas que puedan darle sostenibilidad a la tendencia”, advierte el último informe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE). La entidad que conduce Mercedes Marcó del Pont, ex presidenta del Banco Central, señala que “a los vencimientos de capital e intereses de la distintas letras del Tesoro, equivalentes a 18.000 millones de dólares, se le suma un stock de plazos fijos en pesos del sector privado que representa otros 26.500 millones de dólares. No son cifras menores frente a un nivel de reservas netas que oscila en torno a los 20.000 millones”. Finalmente, indica que “el único financiamiento disponible proviene del FMI. Con esos fondos hay que atender todos los frentes del estrangulamiento de divisas. Los dólares no alcanzan y el ‘mercado’ lo sabe”.

La conclusión es que las ficciones que sostiene el Gobierno con planes de corto plazo para frenar la baja del consumo y la administración irresponsable de las tasas de interés y las divisas para que no se le escape otra vez el dólar tienen como único fin sostener la imagen de Macri de cara a las elecciones. Antes o después de los comicios, esas ficciones se pincharán como un globo, y otra vez quedará en escena la inviabilidad social y económica del modelo en marcha.