La Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura, que se ocupa de todo el sistema informático puesto en duda, está integrada por 180 empleados (escribientes, oficiales, jefes de despacho y de sección) 54 de los cuales perciben cerca del doble o más de su sueldo de base al reportar horas extras que superan ampliamente el límite permitido de 66 por mes. Hay casos de 80, 90, 100 y hasta 149 horas extras, lo que ha llevado a que ganen de 100.000 a 140.000 pesos en los casos más extremos. Las cifras se conocieron el año pasado cuando varios empleados le reclamaron a la administración del Consejo porque les habían diferido el pago de horas extras. El administrador Juan Carlos Cubría había notado la anomalía y la denunció ante el entonces presidente del cuerpo, Miguel Piedecasas. Envió el listado detallado y advirtió que no había constancias de que las horas extras se hubieran hecho de manera presencial o remota. En un escrito Cubría decía: “Se observan unos 17 agentes” que “superan el monto percibido estándar promedio de un juez de primera instancia, habiendo casos extremos donde el monto de las horas extras supera el sueldo de un juez de cámara” y cita como ejemplo un legajo donde figura un total de 148.601, 62 pesos. Para mostrar un ejemplo estándar cita el caso de un jefe de despacho que tiene una remuneración básica de 61.939,93 pesos, hizo 102 horas extras por 52.648,32 y llegó a un total de 114.588, 25. Era octubre de 2016. Los pagos se hicieron igual.
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Una dirección estratégica
Este artículo fue publicado originalmente el día 13 de febrero de 2017