“Si uno es acreedor, no quisiera cobrar lo mismo que me debían en el 2001 después de tantos años. El sentido común indica que el Estado no debería cobrar esta deuda nominativa del 2001 hasta el 2033”, indicó el fiscal a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien presentó una denuncia penal para que se investigue el acuerdo. El fiscal le pidió al procurador del Tesoro Nacional, Juan Carlos Balbín, que “haga una auditoría de todo el proceso concursal” para saber “qué pasó del 2001 hasta hoy”. También le solicitó que “forme un sumario administrativo para que deslinde las responsabilidades disciplinarias, administrativas y patrimoniales de todos los funcionarios que intervinieron”. Esto se debe a que la fiscal Gabriela Boquin advirtió que el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, estaba designado en forma transitoria por 180 días y que, por lo tanto, no debería haber suscripto el acuerdo multimillonario con el Grupo Macri. “En la denuncia lo califiqué como administración fraudulenta en perjuicio del Estado, posible tráfico de influencias y negociaciones incompatibles”, indicó el fiscal.